Conversamos con Tomás Guevara, integrante de Vecinos por un Cerro para Todos sobre las últimas novedades en torno a la concesión del Cerro Catedral.
– La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche desdobló dos causas y dio vía libre a la revalidación de la ordenanza que avaló el convenio firmado Capsa ¿Qué significa esto?
-Tiene que ver con un tema técnico medio complejo esto del desdoblamiento, pero lo importante a tener en cuenta es que, lo que falló la Cámara de Apelaciones no es lo que se conoce comúnmente como la cuestión de fondo… ¿Cuál era la cuestión de fondo? Si la ordenanza que se sancionó en el 2018 era legal, era constitucional o no, básicamente porque tenía que ser una licitación y no podía ser una prórroga directa porque había cuestiones de la carta orgánica, sobre todo vinculados a temas ambientales, que entraban en conflicto con esta ordenanza.
Esa era la demanda que estaba transcurriendo en la justicia, por eso estaba la cautelar. Con este ardid jurídico de que el demandante de esta causa se bajó, lo que dicen los abogados es que quedó “off track”, no es que la justicia dice “la ordenanza es legal”, sino lo que dice es “no tengo demandante, no voy a fallar sobre la cuestión de fondo, no hay causa”
Esto es importante porque no está zanjado el debate sobre la constitucionalidad o no de la ordenanza, que era lo que realmente tendría que haber ocurrido para que, como comunidad, tuviéramos certeza de que se está disponiendo de los bienes comunes de una manera conforme a derecho. Eso es lo que estamos discutiendo.
La verdad es que como están dadas las cuestiones, el intendente podría firmar el contrato en los próximos días sin que esté zanjada esta cuestión. Esto es muy grave porque puede generar conflictos a futuro.
-Recordemos que hubo una juntada de firmas que se llevó adelante en Bariloche, que fue desestimada…
-Sí, las firmas fueron más de 6.000. Las primeras 3.000 fueron para lo que se conocía como la Iniciativa Popular, que es cuando se juntan firmas para presentar un proyecto de ordenanza. Los únicos que pueden presentar proyectos de ordenanza son o el ejecutivo o los concejales. Un ciudadano común no puede. La única manera de que la ciudadanía presente un proyecto de ordenanza es juntando el 3% de las firmas del padrón electoral, que son alrededor de 3.000 personas, eso fue lo que hicimos en la primera instancia. Esa propuesta lo que hacía era derogar esta propuesta de la ordenanza 2929 que era de concesión directa y promover un llamado a licitación.
Luego seguimos juntando firmas, porque lo que estimábamos era que el Consejo no iba a aceptar esa propuesta de ordenanza, entonces se habría el camino al Referéndum Popular que es cuando votás una propuesta por el sí o por el no. Para eso hay que llegar a las 10mil firmas, nosotros nos quedamos en 6mil y monedas. En otro ardid legal, como nos tiene acostumbrados esta gestión, en vez de rechazar la propuesta que era lo que formalmente tendrían que haber hecho según manda la Carta Orgánica, la declararon inadmisible. Directamente quedó coartado el proceso de participación popular en el mecanismo de democracia semi directa. Esa fue otra de las cuestiones muy polémicas que atravesó este proceso que tiene una serie de aristas muy complejas desde lo institucional, desde la cuestión de la participación popular. Si se firma este contrato, vamos a tener que responder como comunidad.
– ¿Cuáles son los ejes principales que ustedes plantean en torno al debate que se está dando sobre el Cerro Catedral?
-Es muy difícil dar este debate en condiciones medianamente democráticas. Nosotros planteamos tres cuestiones principales. La primera es que estamos hablando de un bien común, que es el Cerro Catedral. Si nosotros le vamos a entregar la concesión a una empresa, tiene que ser con un mecanismo medianamente transparente, esto es una licitación pública, no puede ser una contratación directa. Prorrogar una concesión por 30 años, es hacer un contrato nuevo. Es un mecanismo poco transparente, no habilita que se mejoren las ofertas, que haya otra competencia, que tenga que ofertar algo más CAPSA para quedarse con este patrimonio enorme.
La segunda cuestión en la ecuación económica del negocio. El canon que paga Capsa por todo concepto al Municipio, sacando las tasas, son alrededor de 25 millones de pesos. Estos 25 millones equivalen alrededor de menos del 1% del presupuesto municipal, no alcanza ni siquiera para pagar la mitad de una masa salarial de un mes de la planta municipal. Es ridículo, en términos de cuál es la ecuación económica que le queda al municipio. Esa plata es la que después tiene que utilizar para invertir en obras, en infraestructura, en los barrios. La verdad es que el Cerro es uno de los principales activos que tenemos de dónde sacar recursos. Si nosotros no podemos hacer una concesión que nos deje recursos suficientes, estamos perdidos como comunidad. Capsa factura más de 5 mil millones de pesos al año, estamos hablando de un negocio muy grande del cual el municipio captura muy poco.
Tercero y último, cualquier emprendimiento económico, tiene que ser sustentable en el tiempo. No podemos rifar el medio ambiente y nuestros recursos. Tenemos que proyectarnos como comunidad a 50 o 100 años, pensar que estos recursos tienen que quedar para las próximas generaciones. Hay que cumplir con todas las regulaciones ambientales a nivel municipal, provincial y nacional. Estas tres cosas son las que hay que discutir para que haya un debate franco. Nadie está hablando de no generar empleo, sino que estamos diciendo que sea de manera equilibrada y sustentable, con un acuerdo justo que nos beneficie como comunidad.
Por Fabián Agosta y Julia Biagioli
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
