El 1° de mayo se llevó a cabo, de forma virtual, la audiencia de formulación de cargos a cuatro detenidos por actos de violencia contra la lof Buenuleo. Los delitos que se imputaron a Víctor Sánchez, Antonio Puñalef, Raúl y Víctor Vera son los siguientes: violación de domicilio, daño calificado, robo, lesiones y violación de la cuarentena.
Todo lo que ocurrió pudo haber sido evitado. El peso de la tormenta estaba en el aire. La nube opaca se había tragado tres partes del cielo. Todas las señales de alerta estaban encendidas.
Los Vera -los de la última casa blanca, en el codo del río, antes de la cuesta que lleva a la ruka mapuche- enviaron varios mensajes: piedras contra Sandra y Ramiro Buenuleo, insultos hacia las niñas y niños, disparos contra la camioneta, un chapón con clavos escondido entre las piedras del río.
El 20 de marzo, el fiscal jefe Martín Lozada -en el contexto de la pandemia- ordenó retirar la policía que custodiaba la ruka de los Buenuleo. Ante nuevos episodios de agresión se restituyó la guardia, sin embargo el jefe de la comisaría 42, José Ocares, sin orden judicial alguna, trasladó el puesto policial a 3 kilómetros de la entrada del territorio, más allá de la casa de los Vera. Otra vez la comunidad quedó abandonada a su suerte.
Solo faltó una pequeña ondulación en la oscuridad para que el barco se caiga a pique. El 29 de abril, Emilio Friedrich -quien compró de forma fraudulenta las tierras ocupadas tradicionalmente por la comunidad desde 1880- junto a sus cómplices -los Vera, Víctor Sánchez y Maruco Puñalef- descargaron toda la furia contenida en el ambiente.
Había mujeres, niñas y niños a bordo.
No hay posibilidad de interpretar los hechos como un accidente, el encuentro imprevisto de un iceberg en la noche cerrada. Las señales de la tormenta se habían revelado con el tiempo suficiente para que ninguna vida salga lastimada. Las autoridades a cargo vieron inclinarse la proa y el agua que subía hasta cubierta.
Cuando tuvieron la posibilidad de acercarles un bote salvavidas, el Juez Calcagno resolvió liberar a los detenidos con una medida cautelar de restricción de acercamiento de 1 kilómetro al territorio. No solo liberó a los detenidos sino que condenó a los Buenuleo a sobrevivir con sus vecinos violentos.
A pesar de todo, su determinación los mantuvo a flote. El Parlamento Mapuche Tehuelche presentó un Habeas Corpus solicitando la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los abogados Marina Schifrin y Matías Schraer impugnarán la liberación de los agresores y exigirán el apartamiento del Dr. Lozada de la causa debido a su parcialidad manifiesta. Se solicitará que la próxima audiencia virtual sea de acceso público ante la mirada atenta de la gente de Bariloche.
Este contexto de encierro es funcional a un poder que se ejerce a través de la demora de las decisiones ineludibles que ahogan las reivindicaciones de los pueblos originarios.
Por Verónica Battaglia
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
