Abuelas: reiteramos la preocupación por las domiciliarias a represores y apropiadores

La ola de prisiones domiciliarias y la lista que se dio a conocer recientemente, con 110 condenados de lesa humanidad a quienes se otorgaría ese beneficio y que ha sembrado el temor en las víctimas de estos delitos llevó a Abuelas de plaza de mayo a pronunciarse con un comunicado público y a ofrecer una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Guillermo Pérez Roisinblit, quien este fin de semana hizo público su caso, su Abuela Rosa Roisinblit; la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y otros nietos y nietas que temen por su seguridad.

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COMUNICADO:

Las Abuelas de Plaza de Mayo reiteramos nuestra preocupación frente al intento de otorgar prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. Si bien es común que las defensas soliciten este tipo de beneficio, es preocupante que desde el mismo Servicio Penitenciario Federal se sugiera a la justicia otorgar ese privilegio para criminales de lesa humanidad.

Este fin de semana, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido en el año 2000, hizo conocer a través de su cuenta de Twitter el terror que le infunde la posibilidad de que su apropiador, Francisco Gómez, quien lo ha amenazado de muerte, aparezca por su casa. Agente civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Gómez fue también quien mantuvo cautiva a la madre de Guillermo, hasta el momento de ser trasladada para dar a luz en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA.

Esta sensación de indefensión que padecen nietas y nietos restituidos se reitera cada vez que quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres cuentan con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en la cárcel. Como es sabido, los controles de las prisiones domiciliarias son casi nulos y, en muchos casos, estos criminales ya han violado ese beneficio en otras oportunidades. Tal es el caso del apropiador de Catalina De Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, recientemente favorecido a pesar de haber burlado las condiciones de arresto anteriormente; Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien desde enero vive en su casa de Mar del Plata; o el comodoro retirado Luis Tomás Trillo, condenado, en el mismo juicio en el que se juzgó a Francisco Gómez, por la desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Otro genocida que ha accedido a la prisión domiciliaria bajo el pretexto de padecer problemas de salud ha sido Luis Abelardo Patti, condenado a prisión perpetua en 2011 por el asesinato de Gastón Gonçalves, padre del nieto restituido Manuel Gonçalves Granada. Patti además integró las patotas del Centro Clandestino que funcionó en Campo de Mayo, donde fueron desaparecidos muchos de nuestros hijos e hijas y nacieron en cautiverio muchos nietos y nietas que aún seguimos buscando.

Otros represores han accedido al beneficio de la excarcelación a causa de las bajas penas, por haber cumplido con los dos tercios de su condena, entre ellos el médico militar Jorge Luis Magnacco y el médico apropiador Norberto Bianco. Cabe destacar que Bianco estuvo prófugo de la justicia en dos oportunidades.

La lista de detenidos que el Servicio Penitenciario Federal hizo circular, con el pretexto de morigerar el hacinamiento carcelario, asciende 1.111 personas, entre las que se han colado alrededor de cien condenados por delitos de lesa humanidad. En esa lista aparecen además de Francisco Gómez, el responsable de la apropiación de Victoria Donda, Adolfo Miguel Donda; Jorge “Tigre” Acosta; el “Turco” Julián; o el ex capellán Christian Von Wernich, entre otros condenados por crímenes contra la humanidad. Crímenes que fueron reconocidos por el derecho internacional, por tratarse de delitos aberrantes y perniciosos para el conjunto de la sociedad, y por tanto, imprescriptibles.

Esta sugerencia de enviar a los genocidas a sus casas nada tiene que ver con el intento de resolver la problemática de superpoblación carcelaria. Por el contrario, refleja los retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia impartidos desde el Gobierno nacional. A casi 42 años del golpe de Estado más sangriento de nuestro país, exigimos que se continúen los procesos de juzgamiento a los genocidas, que se respeten las condenas en cárcel común y efectiva; que se aceleren y concreten los juicios que esperamos hace cuarenta años, y que nuestros nietos y nietas puedan vivir finalmente en libertad.

(por radio encuentro)

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