El gobierno recibió fuertes cuestionamientos ante la CIDH por criminalizar la protesta en Jujuy

El gobierno también debió dar explicaciones sobre el decreto presidencial que establece la reforma migratoria.

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Hoy se realizaron dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que el gobierno fue criticado por la represión de la protesta social en Jujuy y la persecución contra los obreros azucareros del Ingenio Ledesma y por otro lado, por la reforma a la Ley Nacional de Migraciones, impuesta por decreto presidencial, que equipara a la migración con el delito y facilita la expulsión de migrantes.

Durante la audiencia de esta mañana en Washington, el dirigente de los obreros del Ingenio Ledesma, Rafael Vargas denunció que el sindicato es reprimido, perseguido judicialmente y que criminalizan a sus dirigentes. “Buscan condicionar el funcionamiento del gremio y disciplinar el accionar del resto de los sindicatos, generando miedo a los trabajadores jujeños”, señaló el trabajador.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, denunció que se priva de derechos civiles y políticos a quiénes protestan en Jujuy y en todo el país y que hay represión armada, judicialización y persecución, ya que le retiran la personería a las organizaciones que se manifiestan.

Por otro lado, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, defendieron la actuación del gobierno nacional y del gobierno jujeño.

Avruj citó un informe del año 2009 de la CIDH sobre las manifestaciones públicas, que afirma que “las autoridades estatales tienen la obligación de prevenir y controlar cualquier conducta violenta que vulnere los derechos de cualquier persona bajo su jurisdicción.”

Miranda dijo que “la provincia de Jujuy se encuentra comprometida con el ejercicio pleno de todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales a los que el Estado argentino adhiere en materia de libertad de expresión, derecho a la protesta y la libertad sindical.”

Sin embargo, Miranda fue quién realizó la denuncia contra la dirigente social Milagro Sala en enero del año pasado, por participar de una protesta contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales. La misma CIDH, manifestó que esa detención es arbitraria e instó al gobierno a dar una pronta respuesta.

El Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, aclaró que según los tratados internacionales “la protesta es la expresión de un conflicto social y que puede dar lugar a molestias y a la interrupción de los derechos de otras personas por algunos momentos, pero eso no convierte a la protesta social en ilegal.”

La CIDH es un organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), al que recurren ciudadanos y organizaciones de todo el continente cuando ven violados sus derechos en sus países.

A su vez, hoy se desarrolló una segunda audiencia en la que organizaciones de migrantes de nuestro país plantearon sus cuestionamientos al decreto de reforma migratoria.

Petitorio de las organizaciones a la CIDH sobre la protesta social

Por Agencia Farco.org

 

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