2 Ago, 2016 –
La desaparición del oficial Lucas Muñoz en Bariloche pone en agenda el debate acerca del rol de las fuerzas de seguridad en democracia. ¿Es posible transformar un modelo de seguridad anacrónico cuando todos los días se construye un sentido común que solo exacerba el costado punitivo del problema?
Fotografia: Gisella Montes
El gran hito construido por los medios de comunicación masivos acerca de la inseguridad ha puesto el eje en lo punitivo, es decir en la cantidad de pena o dolor que debe administrarse para aquellos que cometen delitos. Este abordaje simplista del asunto esquiva las aristas más complejas del problema de la seguridad y oculta la verdadera trama del asunto: la connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito organizado.
La desaparición del oficial Lucas Muñoz en las últimas semanas, como así la desaparición de Micaela Bravo hace unos meses, vienen a confirmar esta hipótesis. Desde el triple crimen de Cipoletti, pasando por la desaparición de Otoño Uriarte, el caso Solano o el del “Coco” Garrido, sin contar los casos de gatillo fácil, salpican a la policía de Rio Negro. Como siempre hay que separar la paja del trigo ya que la inmensa mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad son policías honestos como el mismo Lucas y sus compañeros, quienes fueron los primeros en iniciar por su cuenta los rastrillajes y la búsqueda de su camarada desaparecido.
Sin embargo, la falta de vocación política para transformar y adaptar las fuerzas de seguridad al orden democrático es una cuenta pendiente en los 33 años de gobiernos elegidos por el voto popular que tuvieron la oportunidad, pero no así la voluntad de modificarlo.
“Cuando hablamos de autonomía policial estamos hablando no sólo del desgobierno de la seguridad sino de los cheques grises que necesitan para regular las economías ilegales. Pero también estamos hablando de agencias con sus propios intereses, sus propias reglas más o menos informales, instituciones que negocian todo el tiempo su autonomía a cambio de control territorial” describe el abogado y docente Esteban Rodríguez Alzueta acerca de uno de los mayores problemas a la hora de pensar la democratización de las “malditas policías”. Para decirlo en criollo: regular las economías ilegales quiere decir regular el negocio de la venta de droga al menudeo y las redes de trata en los lugares que todavía existen.
“Lucas me decía que la droga corre mucho en Bariloche y que la Policía está podrida” denunció la actual pareja del oficial desaparecido y aseguró que por este motivo el muchacho quería estudiar y cambiar de trabajo.
“Mucha gente con la que he hablado me dice que me cuide, que me estoy metiendo en algo complicado”, dice el hermano de Lucas mientras camina los barrios para investigar por su propia cuenta, ya que no confía en la investigación oficial.
Tanto el caso de Micaela Bravo como el de Lucas tienen un factor en común a simple vista: Los rastrillajes y la investigación realizada por la propia policía no solo no sirven para desmenuzar el caso, sino que lo entorpecen. Se borran pruebas precisas y se desaprovechan las 48 horas iniciales, que son las más importantes para obtener algún indicio que permita poder encontrar a las víctimas desaparecidas.
¿Son todas estas casualidades? ¿Son impericias o falta de capacitación profesional? ¿O se lleva adelante un “como si” para el público que sigue el “caso” desde los medios?
La respuesta es sencilla: es necesario separar a la policía de prevención de la policía de investigación, si no como en este caso es la propia fuerza la que se investiga a sí misma y manipula pruebas vitales para el esclarecimiento del caso.
El imaginario autoritario.
“… No hay olfato policial sin olfato social, entonces la reforma no empieza ni termina en la propia policía. Si la brutalidad policial se explica también en el prejuicio social, hasta que no se pongan en crisis los procesos de estigmatización social, difícilmente vamos a tener policías democráticas. Seguirán siendo policías interpeladas desde imaginarios autoritarios, discriminatorios y violentos”, plantea en otro segmento el abogado Esteban Alzueta.
Es decir, mientras los medios sigan taladrando en el sentido común de las audiencias la estigmatización de los jóvenes y adolescentes de los barrios pobres y mientras sigan sin problematizarse las verdaderas causas del delito y se oculten las tramas de la connivencia entre delito y policías corruptos, difícilmente podamos pensar en democratizar a las fuerzas de seguridad. Ya que nuestro propio imaginario es un imaginario autoritario moldeado por la repetición hasta el hartazgo de ciertos estereotipos que consumimos una y otra vez al prender la tele o leer los diarios.
El no proyecto.
Las tramas que también están ocultas y de las que casi nadie habla son las ¿opciones? que llevan a muchísimos jóvenes de esta Provincia a elegir el trabajo policial, no como un proyecto de vida ni como vocación de servicio, sino más bien como una salida laboral concreta, y una estabilidad salarial difícil de alcanzar en los sectores populares. Más difícil aun si los jóvenes son de lugares recónditos de la meseta de Somuncurá, la estepa o la Línea Sur rionegrina. Lucas mismo es un ejemplo de esto: “Mi hijo me dijo un día: ‘mamá, voy a entrar a la Policía porque no hay nada, no tengo sueldo seguro y tengo una familia’” declaró Alicia, su mamá, mientras se manifestaba frente a la comisaria segunda con un cartel que interpela a la ciudadanía toda: ¿Dónde está Lucas?
Antes de entrar a la Fuerza, Lucas trabajaba como carpintero en Ramos Mexia como tantos otros jóvenes de las barriadas de Bariloche que proyectan una vida lejos de las gorras y los patrulleros. Pero el devenir de los hijos y la garantía de un sueldo fijo a fin de mes ganaron la pulseada.
Hoy sus tres hijos esperan encontrar al papá que salió a trabajar y no volvió a casa, una metáfora de la historia reciente de nuestro país. La única diferencia es que Lucas no milita en ninguna organización revolucionaria, sino más bien que intentaba cumplir con responsabilidad su trabajo de policía. Tarea difícil cuando lo que está podrido es una institución que hace mucho tiempo dejó de proteger a todos los rionegrinos.
¡Aparición con vida… y que sea justicia!
Por Alejandro Palmas
Equipo de comunicación Popular Colectivo Al Margen.
Por Alejandro Palmas
Equipo de comunicación Popular Colectivo Al Margen.
(fotografia Gisella Montes)
