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Organizaciones de la Economía Popular frente al ajuste neoliberal

Pobreza Cero Buitres Mil. Medida tras medida, se revela la matriz político ideológica detrás de una estrategia comunicacional eficaz, que construye una fachada  que habla de una  “pesada herencia”, donde los empleados públicos pasan a ser “ñoquis”, y llaman “sinceramiento” de la economía para referirse a la brutal transferencia de riquezas del sector del trabajo al capital.

 

El ajuste como política de shock

Movilizaciones de trabajadorxs cooperativistas de diferentes unidades productivas y movimientos sociales al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Trabajo, que no tienen prensa y son invisibilizadas. Sucesivas solicitudes de reuniones de sus referentes para construir un diálogo en busca de respuestas, que no son atendidas por los ministros Carolina Stanley o Jorge Triaca. Programas eliminados en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (como el Programa de Trabajo Autogestionado en sus diferentes líneas); direcciones y programas también suprimidos o vaciados de contenidos en el Ministerio de Desarrollo Social, para hacer referencia a los organismos del Estado que articulan políticas públicas para este sector. En el campo de los trabajadores en relación de dependencia, una definida política de despidos masivos en el sector público que también comienza a homologarse en el sector privado. Según datos de un relevamiento realizado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, se contabilizó 73.073 despidos en el período Diciembre 2015-Marzo 2016, de los cuales el 70% (51.151) corresponde a cesantías de personal de los tres niveles del Estado y el 30% restante (21.922 casos) a trabajadores de diversas actividades del sector privado. Otras consultoras (Tendencias Económicas, Manpower) estiman en más de 107.000 los despidos, según las denuncias realizadas por sindicatos. Esta ola de despidos promovió una marcha masiva que aglutinó luego de 20 años a  las 5 centrales sindicales que representan al movimiento obrero organizado, empujadas desde las bases para poner un freno a esta política de achicamiento del Estado y recesión económica. En este sentido, también el proyecto de la denominada mediáticamente ley antidespidos, demorado en su pasaje a comisiones de la cámara de diputados por la presidenta del senado, Gabriela Michetti, vicepresidenta de la nación, luego de haber sido aprobado por el voto de  ¾ partes de los senadores. Obstaculizado luego en su tratamiento en esta cámara, aprobado en la misma producto de la presión de la opinión pública, generó el primer de veto de Macri presidente, de una ley legítimamente aprobada. Devaluación del 40%, una inflación en el orden del 25% en los 5 meses que van del año, transferencia exponencial de recursos a las corporaciones exportadoras de granos con la eliminación de las retenciones, subordinación y pago a los fondos buitres, que permitió por ejemplo al fondo NML Elliot Managment Associates, propiedad de Paul Singer, obtener utilidades netas de más del 1000% por la compra de bonos de deuda argentina defaulteados. Pagados al contado y en dólares. Está más que claro que la política de despidos masivos en el sector público, acompañado de importantes despidos en el sector privado, en virtud del estancamiento de la economía, como señalan diferentes estudios en sector nodales como la industria metalúrgica y automotriz, el parate en la construcción y más aún de la obra pública, la apertura irrestricta de las importaciones, etc, etc, evidencia una tendencia. Generar en menos de dos años una tasa de desocupación de dos dígitos. El objetivo, minar la capacidad de negociación en paritarias de los sectores asalariados a través de su representación sindical. Generar una masa crítica de desocupados para fragmentar y debilitar los reclamos de los trabajadores con un ejército de reserva de desocupados, desesperados por un trabajo. Así se explica la construcción de sentido, operada a través de la corporación mediática, que instaló el imaginario que el país estaba en una crisis total, para refundar en el sentido común la idea de un default (cesación de pagos) que impide la llegada de inversiones extranjeras, cuando el país no dejó de pagar sus deudas en tiempo y forma desde el primer canje de deuda en 2005, sin modificar en demasía el nivel de reservas del banco central.  

La realidad del sector de la Economía popular

Durante los 12 años de gestión K, si bien el empleo en negro e informal disminuyó, debido a la voluntad política de  aumentar los índices de trabajo registrado, siempre encontró la resistencia de empresarios inescrupulosos, evasores, como también la dificultad de muchos trabajadorxs de acceder a un empleo en blanco, con todos los derechos que establecen las leyes laborales. De este modo, para ganar el sustento y mejorar las condiciones de vida, se crean y recrean múltiples experiencias de trabajo informal, ciertamente precarizadas en el cumplimiento y acceso a conquistas laborales, pero que expresan prácticas culturales propias del pueblo. El trabajo de las unidades productivas de la economía popular es un porcentaje importante de la población económicamente activa. Sin acceso a un salario mínimo, vital y móvil, sin convenios colectivos de trabajo, sin paritarias, sin vacaciones pagas, sin aguinaldo, sin representación gremial reconocida, a excepción de la construcción gremial de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), que logró el 9 de Diciembre pasado la firma de la resolución 1727/15, que otorgó su “personería social”, horas antes del fin de gestión de Carlos Tomada como Ministro de Trabajo. La CTEP agrupa a cartonerxs, vendedorxs ambulantes, campesinxs, costurerxs, motoquerxs, cooperativistas, artesanxs, obrerxs de empresas recuperadas, entre otrxs,   venía reclamando hace años que los trabajadores informales tuvieran los mismos derechos que los formales. El reconocimiento de la personería gremial permitiría dar la lucha por el acceso al salario mínimo, obra social, vacaciones pagas, licencias, ayuda escolar y pago de asignaciones familiares. La resolución 1727 crea la “personería social”, no la personería gremial que se otorga a los sindicatos que agrupan a trabajadores en relación de dependencia, y le brinda a la CTEP un “reconocimiento institucional, no sindical. En términos institucionales, la medida crea un registro de organizaciones sociales de la economía popular, desde donde se podrán proponer esquemas para que sus miembros puedan acceder a los beneficios del sistema de seguridad social.  Juan Grabois, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), y miembro fundador de CTEP opina que los alcances de la resolución son mucho más concretos. En su opinión “la personería social le permitirá a la CTEP negociar sus propios convenios colectivos, crear y administrar su obra social, promover el ingreso de sus representados en el sistema provisional y permitir que en los casos de conflictos en el sector informal intervenga el Ministerio de Trabajo”. Si bien este reconocimiento es importante, en este contexto que generaron las políticas económicas de la gestión de Macri, los trabajadores de la economía popular parecen resultar los más afectados. Los salarios percibidos por los cooperativistas de diferentes programas (Argentina Trabaja, Capacitación con Obra, Ellas Hacen, etc) no reciben aumentos durante más de un año y medio, y el anunciado por el presidente Macri del orden del 20%, que llevó los incentivos de 2600$ a 3120$, resulta completamente insuficiente en relación al aumento del costo de vida que ocurrió desde Noviembre hasta este mes de Mayo, que ronda el 70%, entre devaluación e inflación.

 Un ejemplo en el orden local.

La ARB.

La Asociación de Recicladores de Bariloche se encuentra en una situación crítica, ya que atravesadxs por el contexto electoral de 2015 y los cambios de gestión, “la planta “modelo” inaugurada hace pocos meses, financiada con un presupuesto de 80 millones de pesos por el BID, hasta el momento no ha logrado el funcionamiento en el pleno de su capacidad por diversos factores, y lxs compañerxs se ven obligados a trabajar en el manto de basura para poder separar los residuos reciclables de los desechos. Y por diversos motivos (como el lugar donde descargan los residuos los camiones, la rotura de un tractor para movilizar estos hasta el galpón donde continúan la tarea de separación, y fundamentalmente, la falta del hábito de la ciudadanía para la separación domiciliaria de residuos), el volumen de lo reciclado es mucho menor, por lo cual los ingresos por venta son menores, y los recursos genuinos que se distribuyen son escasos. La ARB tiene un convenio rubricado con el municipio (prorrogado hasta mitad de año) que le permite la continuidad, ya que este subsidia tanto los gastos operativos y administrativos, como también mejorar el nivel de los retiros de lxs asociadxs. En mismo sentido, lxs compañerxs se encuentran incluidos en el marco del Programa Argentina Trabaja, para lo cual también se formalizaron 2 cooperativas, a fin de dar cuenta de las condiciones que establece el programa. Sin embargo, sumando todos sus ingresos no alcanzan a un salario mínimo, vital y móvil ni de cerca. Desde la perspectiva de quien escribe, la principal problemática que enfrenta la ARB es la falta del hábito de separación domiciliaria, una política sostenida de recolección y depósito diferenciado, en síntesis un cambio cultural tanto en la ciudadanía como en la dirigencia política, que priorice el tema del tratamiento de residuos. Y encarar este cambio como política pública, de concientización y educación sobre el tratamiento de residuos como política de salud pública, es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles. Al respecto Gladys Pichiñanco, presidenta de la ARB afirmó hace poco en una entrevista “esto no solo es un gran retroceso para la gestión social de residuos de Bariloche sino que nos deja en una situación de desamparo total. Durante años luchamos para dignificar nuestro trabajo, conseguimos que se arme la planta de reciclado pero hoy volvimos a estar en  peores condiciones”. En el caso de las 14 cooperativas Argentina Trabaja que gestiona el municipio, desde mediados del 2015 se encontraban sin convenios por módulos de obras. Finalizados los plazos de los mismos, se lograron prórrogas en virtud de la veda climática que impone el invierno, pero no tenían obras planificadas para realizar, con materiales, insumos, equipos. No es el mismo el caso de las cooperativas vinculadas a la CEB como Unidad Ejecutora. De las 11 cooperativas que gestiona, la mayoría de ellas se encuentran incluidas en un mismo convenio que culmina a fin de Mayo del corriente, y otras a fin de Diciembre. La rúbrica de un pre-convenio con los nuevos responsables del programa Ingreso Social con Trabajo, del cual Argentina Trabaja forma parte, le permite al ejecutivo local dar continuidad al trabajo realizado durante más de 3 años por el Equipo de Trabajo Asociativo de la anterior Secretaría de Desarrollo Económico, y planificar obras para las cooperativas con disponibilidad de recursos materiales y de mano de obra con caja del Ministerio de Desarrollo Social de la nación. Y un dato no menor en este contexto, permite al ejecutivo local evitar una situación crítica de conflictividad social que involucraría a más de 500 familias del Alto de la ciudad, para las cuales  el retiro como asociadxs de una cooperativa de trabajo representa el único ingreso fijo, por más que  los 2600$ no alcancen para cubrir las necesidades básicas de una familia nuclear por más de una semana.  

A modo de síntesis

La fábula de la crisis para justificar medidas económicas de ajuste agresivo, no es sólo un recurso de marketing electoral o de la gestión de gobierno, sino que está respaldada por ensayos teóricos de economistas. Estas teorías plantean la necesidad de generar una crisis para poder avanzar en profundas reformas regresivas en términos sociales. Y si los actores de poder fáctico, corporaciones económicas y multimediáticas, no logran construir un escenario de crisis a pesar de estrategias de boicot (corridas cambiarias desestabilizadoras, aumentos sostenidos en la canasta básica por parte de los formadores de precios, judicialización de definiciones de políticas económicas - ejemplificado en el proceso que devino en la suspensión y juicio político a la presidenta Dilma Rousseeff- ) como fue el intento fallido del establishment durante el año pasado, la tarea de las corporaciones multimediáticas es instalar en el sentido común la  existencia de una crisis. Preparar de este modo las condiciones para instrumentar medidas económicas (devaluación, aumento exponencial de los servicios públicos, shock inflacionario, despidos) para provocar una crisis social, culpando de ella a la herencia recibida. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, es uno de esos teóricos que postula la necesidad de una crisis para generar consenso social sobre la necesidad del ajuste. En su primer libro publicado con Mariano Tommasi, economista de la Universidad de San Andrés, incluyeron conclusiones de la investigación de Allan Drazen y Vittorio Grilli, dos economistas ortodoxos que escribieron “The benefits of crises for economic reforms” (Los beneficios de una crisis para las reformas económicas). Entre otras citas, afirma la hipótesis de que “las pérdidas de bienestar asociadas a distorsiones económicas y crisis permiten a las sociedades aceptar medidas que serían imposibles de hacerlo en circunstancias menos críticas. En otras palabras, las crisis pueden elevar el bienestar si son la única manera de inducir importantes cambios de la política económica”. La propuesta es provocar una crisis para poder aplicar un ajuste brutal con consenso social. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Pobreza cero parece ser una figura retórica de campaña, en el discurso new age de Macri y su compañía PRO, que con el verso del cambio promueven la vuelta a lo peor de las etapas neoliberales de dictadura y menemismo. La gestión de Cambiemos, representa a los buitres externos e internos, que también los hay, y muy voraces. Ávidos de carroña, dan vueltas expectantes para comer de la muerte. Pobreza cero… ¿no será una metáfora de la eliminación de los pobres?!!!3  

Por Marcelo Viñuela

Equipo de Comunicacion Poular Al Margen

Capital 1 – Trabajo 0

Se dice que en los momentos difíciles es cuando aparecen los grandes conflictos y la posibilidad de debatir sobre ellos. ¿Por qué el tema del empleo no se debatía con la misma fuerza que hoy hace 1 o 2 años? ¿Tenemos presente hace cuánto tiempo esta disputa central no estaba en nuestras conversaciones cotidianas? Quizás sea porque en lugar de despidos masivos como tenemos en la actualidad, existían las paritarias; quizás porque el sindicalismo tenía como eje de movilización (incluso expresado a través de paros nacionales) el impuesto a las ganancias (que lo pagan los que tienen mejores sueldos); o porque se había logrado bajar el empleo informal  al 35%, cuando en la década de los noventa había llegado a más de la mitad de los/as trabajadores/as.

El Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri señala que no hay ninguna ola de despidos, sino que la playa está calma. Se dice que, por el contrario, el empleo subió. Apoyan su cinismo en datos de AFIP, que registra sólo el empleo formal. Se omite que la gran mayoría de los trabajadores despedidos estaban precarizados (hablamos de trabajos no registrados, sin aportes a la jubilación ni a la obra social). Sólo falta que digan que los despidos “son una sensación”.

La “Ley Antidespidos” planteaba evitarlos por 180 días y aplicar “doble indemnización” en el caso de que se produzcan. 49 senadores dijeron que sí a esta propuesta, mientras que 15 se opusieron. En Diputados, 147 votaron a favor, 88 se abstuvieron y hubo solo 3 votos en contra. Pero el presidente la vetó sosteniendo que iba en contra “de los argentinos”.

Antes de eso, Macri generó una situación paradójica: si bien sostiene que no hay problemas de empleo, convocó de urgencia a un conjunto de empresarios a firmar una carta comprometiéndose a no echar a nadie. Los empresarios dijeron “queremos comprometernos”. Pero no se comprometieron.

El discurso oficial plantea que la lluvia de inversiones se vería mermada por una Ley de este tipo, y que con esta regulación no habrá trabajo de calidad para ofrecer. ¿Qué es trabajo de calidad para el Gobierno? Es un buen tema de debate para estos tiempos, en los que el Ejecutivo se apresta a subsidiar a la empresa Mc Donalds para incorporar a cinco mil jóvenes a sus filas (http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-299242-2016-05-13.html)

En palabras del Ministro de Producción, Francisco Cabrera, se trata de bajar los costos laborales para que las empresas inviertan en el país. Cuando era funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires visitó la provincia de Jujuy y fue entrevistado por el diario El Tribuno (https://www.youtube.com/watch?v=zSy_gmIhRsU) y señaló: “Nosotros estamos haciendo una propuesta de que los 60 primeros sueldos de un joven que empiece a trabajar en el sector formal privado no haga aporte ni personal ni contribución patronal, entonces el costo de tomar un empleado es muchísimo más bajo”. Es decir, entiéndase por “promoción del empleo joven” el crear trabajo informal por 5 años. Ni más ni menos.

¿Debería sorprender este concepto del Ministro? Repasemos su perfil. Francisco Cabrera fue fundador y CEO de la AFJP Máxima (una de las empresas privadas que manejaba los fondos de jubilaciones y pensiones durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem). Fue Director Ejecutivo del Diario La Nación, y también integró los directorios de los diarios Los Andes y La Voz del Interior.

Ahora bien, ¿qué significa tener un trabajo de calidad? Según el enfoque de “trabajo decente” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se entiende por empleo de calidad aquel trabajo que está registrado, celebra un contrato a tiempo indefinido, es de plena ocupación y requiere una alta calificación laboral. No hablamos de un privilegio, aunque lo parezca: tener un salario digno, recibir aportes para jubilación, contar con Obra Social, gozar de un convenio colectivo de trabajo, trabajar en un ambiente físico y psicológico sano. Hablamos de un derecho básico y fundamental. No aparecen muchos puntos en común con la voz oficial.

¿Sólo el empleo formal en una empresa o en el Estado puede ser trabajo digno? Claro que no: también existe el trabajo autogestionado, cuya principal forma asociativa es el cooperativismo, con modos de producción no mediadas por la explotación de la fuerza laboral a cargo de un patrón, que también contemplan registración laboral e impositiva.  Algunas de las organizaciones más significativas son la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que organizan a decenas de miles de trabajadores/as.

El Gobierno argumenta también que fórmulas como la Ley Antidespidos ya se implementaron y fueron un fracaso. Lo justo sería decir que las reglas de juego que no funcionaron -al menos para las mayorías populares. Fueron las que están pregonando hoy, en las que a fuerza de ganar competitividad se flexibilizan los mecanismos de generación de empleo. Entonces se llega a regímenes como los que existen en el sudeste asiático, que representan las formas de explotación laboral más beneficiosos para quienes plantean “bajas en los costos laborales”. Y de condiciones humanas de existencias, podría agregarse.

El sudeste sería el punto cardinal donde está orientada la brújula del gobierno en material laboral. Porque depende también de acuerdos multilaterales, como aquel Consenso de Washington que rigió las macropolíticas en la década de los noventa, que obligó a privatizar las empresas del Estado y rifar el patrimonio de todos los argentinos. Ya hubo un intento a través del ALCA, sepultado en Mar del Plata en el año 2005 con Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Evo Morales a la cabeza. El Acuerdo Transpacífico está vinculado a estos nuevos mecanismos, y los pasos que se ven llevan a esa dirección1. ¿El futuro? Ya lo conocemos. Es una película no tan lejana. Basta con ver cómo terminó la Argentina aplicando este tipo de recetas. Hay que colocar en un buscador de internet una frase del tipo “20 de diciembre de 2001”. El combate a la pobreza y la desigualdad queda exactamente en sentido opuesto.3

Por Diego Jaimes Radio Encuentro/Viedma

 

 

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