Fran Bubani, vecina de la ciudad, tenía que hacerse unos estudios médicos de rutina, precisamente de laboratorio. Como su médico de cabecera atiende en el Sanatorio San Carlos, decidió ir a la sucursal que dicho nosocomio tiene en Pasaje Gutiérrez para hacérselos ahí. Hasta aquí, una historia más. Pero entonces, ¿qué es lo que la hace distinta? Todo lo que ocurrió después de decidir ir el lunes pasado para hacerse atender. Una historia que muestra una vez más las vulneraciones a las que deben hacerle frente aquellas personas que integran el colectivo trans.
“Llego, me presento con mi documento que está actualizado hace más de un año, con el carnet de mi obra social que también está actualizado y la orden médica. Para que no queden dudas, lo que quiero decir es que tiene mi nombre actual y el género femenino. Me entregan un papel y me fijo que tiene todos mis datos anteriores. Me llamó la atención. Veo que está mal. Vuelvo a la persona que me recibió cuando entré y le digo sobre la equivocación, que mis datos no están actualizados en el sistema más allá de que los tramité hace más de un año en el hospital y le pido que por favor lo arregle. No lo hace inmediatamente, entonces cuando llego al laboratorio ocurre el mismo error. Por segunda vez, me tratan en masculino y con mi nombre anterior. Ahí me enojo mucho. Me pareció muy poco serio, vergonzoso. Me quería ir. Estaba muy alterada y enojada asiqué cuando salí formalicé una queja”, dijo Bubani a Al Margen.
Un caso de violación de derechos por donde se lo mire y varias aristas que se desprenden para analizar. En principio, dejar en claro que si bien este es un hecho concreto, ocurrido en Bariloche, que salió a la luz gracias a la difusión en redes y el apoyo de los colectivos LGBTTTIQ+ tanto de la ciudad como del país, no es el único ni es aislado. De hecho, afortunadamente Bubani milita activamente en “Las Curie”, agrupación de trabajadoras de Ciencia y Tecnología, ya que es la primera investigadora trans del CONICET, y es a raíz de ello y de su recorrido que tuvo la valentía de no quedarse callada y denunciar los atropellos vividos. ¿Cuántos y cuántas no lo hacen? Ya sea por vergüenza, porque es difícil enfrentarse a todo un sistema que excluye a diario, por cansancio, por miedo a no ser escuchados o escuchadas o lamentablemente porque se vuelve costumbre. “Cuando se viralizó el caso, varias personas trans se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que tuvieron problemas parecidos o iguales en la misma institución”, agregó.
Por otra parte, no se puede dejar de pensar el hecho de que no sea la primera vez que Fran solicita la actualización de los datos del sistema del nosocomio. Hace más de un año lo había pedido. Y la respuesta fue: un problema en el sistema ya que el hospital cuenta con más de uno. Entonces, ¿por qué no se actualizó cuando lo solicitó dos veces ese lunes?, ¿Por qué ese lunes tuvo que soportar ser llamada dos veces con su identidad anterior?, ¿Por qué tuvo que soportar ese lunes las ganas de irse corriendo de allí y no volver? “Es un problema gravísimo. En Bariloche es complicado porque tenemos pocas opciones. Dejar de ir al sistema de salud, dejar de atenderse porque no nos tratan dignamente es terrible. Perdemos el derecho humano a la salud”, sostuvo.
Aquí hay que detenerse. Las estadísticas de Red Lactrans y Unesco dicen que en Latinoamérica y el Caribe la expectativa de vida de una mujer trans oscila entre los 35 y 41 años. Triste, pero gran parte de ese causal está relacionado a la falta de acceso adecuado al sistema de salud, porque muchísimas veces ocurren situaciones como la narrada o peores. También hay que recordar que el 77% de las personas trans son expulsadas de sus hogares durante la infancia y que el 90% ejerce el trabajo sexual como único medio de supervivencia.
Para sumar más gravedad a lo planteado, no se puede desconocer el marco legal vigente en nuestro país. Afortunadamente contamos con leyes de vanguardia en la Argentina, pero tal como podemos ver, en muchas ocasiones no se respetan. Por ello la importancia de militarlas, de hacer que se cumplan, de que se bajen a territorio. Aquí contamos con la Ley 26.743 de identidad de género, sancionada en el 2012. En su artículo 12, establece el trato digno. “Esta ley garantiza la identidad de géneros, para todas las personas independientemente de lo que dice el documento. Pero en mi caso yo sí tengo el documento actualizado por lo tanto se convierte en un caso extremo” dijo al hablar sobre la violación sistemática a sus derechos, ya que “fueron varias veces y distintas solicitudes”.
Fran sigue esperando las disculpas y la reparación por parte de la institución. Está considerando iniciar acciones legales. “Celebro si ocurre la actualización del sistema pero es absolutamente insuficiente e insatisfactorio. Es una manera de no atacar el problema real. En este lugar tienen una política de recursos humanos discriminatoria hacia las personas trans porque no hay personas trans trabajando en el sanatorio, no nos contratan. Es una institución que tampoco tiene capacitación en la temática sexo genérica y en atención a personas trans para el personal que trabaja en el sanatorio. Es una cuestión de transfobia estructural en la política de recursos humanos de la institución. Ese es el problema de fondo”, opinó y acotó “es urgente ponerse al día. No podemos seguir teniendo profesionales tan obsoletos en el sistema de salud e instituciones con políticas de recursos humanos discriminatorias y obsoletas que no contemplan el marco legal”.
Por Luciana Avilés
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
