En plena disputa por la expropiación del barrio Mocciola o Alún Ruca, Catastro de Río Negro reconoció mejoras por $152 millones al titular, por obras de mejoramiento que hicieron 650 familias que allí habitan desde hace una década.
El barrio Alun Ruca era una parcela que estaba abandonada. Recientemente el titular registral de la misma, la empresa constructora de El Valle Roque Mocciola SRL declaró frente al Catastro Provincial mejoras por más de $152 millones sin haber invertido en el desarrollo del predio. La Mesa de Tierras de Bariloche hizo un repudio público. Conversamos con Tomás Guevara uno de sus integrantes.
– ¿Cuál es el eje de este conflicto actualmente?
-El conflicto en concreto es que son más de 10 años en que los vecinos se han asentado en esa zona, hoy estamos hablando alrededor de 650 hogares en más o menos 450 lotes que fueron generando los propios vecinos, autoproduciendo el barrio. Se hicieron incluso trabajos de ordenamiento de los lotes y de los trazados con agrimensores en su momento. Lo que pasa en cualquier barrio popular, se fueron mejorando las viviendas progresivamente, se hicieron conexiones informales a los servicios básicos, sobre todo agua y electricidad.
Progresivamente se fueron formalizando algunos de estos servicios sobre todo aquellos vecinos que son frentistas a las calles públicas, que ya están abiertas como San Pablo y La Habana. Ahí incluso hay gente que tiene medidor de electricidad y luz. Los vecinos se están organizando para poner luminarias, el municipio ha puesto tableros comunitarios donde se conectan los vecinos. Tenemos un barrio que está completamente consolidado, obviamente falta regularizar los servicios pero es materialmente imposible pensar cualquier proceso de relocalización o desalojo. La gente está arraigada y está consolidada, lo que hay que pensar es una estrategia de urbanizar y de integrar socio urbanamente a este barrio.
En el año 2018 se aprobó la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana después de un proceso de organización y de demanda muy fuerte de movimientos populares de todo el país, básicamente los que están hoy nucleados en la UTEP. Esta Ley declara de utilidad pública y sujeta a expropiación más de 4.400 barrios en todo el país. En Río Negro son alrededor de 150, en nuestra ciudad son alrededor de 28 y uno de ellos es el Barrio Alun Ruca.
En el año 2020 los vecinos se empezaron a organizar y con la iniciativa de más de 200 vecinos se presentó un proyecto de ordenanza, lo presentó el bloque del Frente de Todos en el Consejo Municipal para hacer la expropiación en particular de esa parcela. Un proceso de expropiación de esas características empieza con una ordenanza y después va a la legislatura donde tiene que perfeccionarse la expropiación. En ese marco el intendente comprometió que estaba dispuesto a trabajar para regularizar el barrio, la cosa parecía que avanzaba.
La verdad que con mucha sorpresa y bastante indignación nos encontramos con que el Catastro Provincial le reconoció mejoras, construcciones e inversiones en la parcela al titular registral por un monto de $152 millones. Este reconocimiento Catastro lo puede hacer de oficio, pero en un caso como este entendemos que fue un pedido de Roque Mocciola de decir que su parcela no es un terreno baldío como figuraba hasta entonces, sino que hay una serie de mejoras. Lo que pasa es que las mejoras se reclaman cuando las hace el titular, no cuando hay un barrio que se fue urbanizando por el esfuerzo de los vecinos a lo largo de 10 años.
– ¿Hubo algún tipo de reclamo por parte del propietario en estos años?
-Hubo una demanda judicial, de ahí se derivó la orden de no innovar que estuvo unos años vigente. Lo que pasa es que ese expediente fue quedando sin movimiento y además la situación se termina de zanjar con la Ley 27.453. La Ley Nacional declara a esa parcela de utilidad pública y sujeto a expropiación y suspende cualquier tipo de proceso tendiente al desalojo.
Si habría alguna duda sobre si el propietario iba a poder o querer recuperar esa parcela, se sabe que un desalojo es imposible, salvo que nos retrotraigamos a situaciones como la dictadura o durante el menemismo donde se pasaban las máquinas por la Villa 31 en Buenos Aires. En Bariloche no está el escenario como para una situación como esa.
Este barrio se va a urbanizar, en todo caso lo que hay que discutir es en qué condiciones. Obviamente el propietario tiene derecho a una indemnización, lo que pasa es que la misma tiene que reflejar el precio de la tierra en el estado en que estaba cuando la gente se empezó a asentar. Era una tierra que no tenía ningún tipo de inversión, servicio, redes… No tenía calles abiertas, no estaba cercada y tenía micro basurales en su interior. Entendemos que hay un ordenamiento jurídico que reconoce al titular registral por más que haya abandonado a su tierra, pero la indemnización tiene que ser justa y legítima, no puede incorporar el valor que le incorporaron los vecinos con su esfuerzo.
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Por Mariela Martínez y Julia Biagioli
Fotos: Euge Neme
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
