La ciudad de Viedma es el escenario de una nueva violación a los derechos humanos de las mujeres. En este caso están involucradas niñas de entre 13 y 17 años, algunas de ellas institucionalizadas en el CAINA, quienes fueron explotadas y abusadas sexualmente por empleados públicos y otros miembros varones de la sociedad. Se habla de que prestaban “favores sexuales” o “servicios sexuales”, como si niñas de esa edad pudieran dar favores o servicios de ese tipo. Hay una serie de palabras que pueden utilizarse en estas situaciones: abuso, sometimiento, perversión, explotación, corrupción, prostitución infantil, etc.
El Colectivo Al Margen considera que este hecho es grave en sí mismo. El consumo de cuerpos de niñas es aberrante y merece las peores condenas: sociales, judiciales y políticas. Pero el hecho de que la mayoría de las jóvenes estén institucionalizadas para ser protegidas por el Estado, y de que algunas de las personas involucradas e identificadas como los consumidores de esta explotación sean miembros del Estado, le da una trascendencia al tema todavía más oscura y perversa. Quienes están encargados de cuidarlas son quienes las corrompen y las consumen. El paralelismo con el caso Grassi es casi automático. En esa oportunidad también eran jóvenes extremadamente vulnerables, y quien tenía que cuidarlos, los abusaba.
Desde Bariloche seguimos las noticias para comprender qué es lo que está pasando en Viedma. Por el momento sabemos que hay dos causas y 6 imputados, aunque uno de ellos se suicidó el 19 de marzo, un día después de conocerse públicamente las causas. Y una tercera causa en donde se pondrá en tela de juicio las responsabilidades de los funcionarios. Porque como aclaró el Fiscal Puntel el 23 de marzo “los hechos no cesaron a pesar de tomar medidas tendientes a evitar el abuso”. El Estado provincial ha estado ausente del acompañamiento social a los/as jóvenes de la provincia, pero saber que esto ocurre y no tomar medidas urgentes para frenarlo es otro tipo de decisión: la entrega. Las entrego, entrego a estas niñas porque no puedo hacer nada al respecto. El Ministro Arroyo dijo que encontró trabas a su labor por 3 leyes “la de topes para los alquileres que paga el Estado (denominada Ley Pesatti que, según el ministro, no permite conseguir edificios para albergar a los menores), el marco de administración financiera (exigiendo mecanismos más simples porque esa ley requiere muchos trámites incluso en compras menores) y la jerarquización de los operadores sociales (establecer un normativa para jerarquizar y mejorar remuneraciones del personal de atención social)”(Diario Río Negro 02/04/15). ¿Qué son estas respuestas? Que el Ministro no haya encontrado una estrategia para `proteger a estas niñas habla mucho más que de inoperancia: habla de naturalización, de un desconocimiento profundo sobre las políticas sociales y de las políticas públicas que buscan erradicar las violencias contra las mujeres.
Meterse en los laberintos del Poder Judicial es un camino de soledad, difícil, en subida, complejo, que se maneja en un léxico prácticamente incomprensible para la mayoría de los/as civiles. Imaginarse ese camino siendo una joven extremadamente vulnerable, institucionalizada, con miedos, enfrentándose a estos monstruos judiciales es escalofriante. Por eso desde Bariloche, el Colectivo Al Margen quiere acompañar a las jóvenes y se suma al reclamo de JUSTICIA.
