La Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina (AReCIA) mostró en los últimos años que los editores independientes representan un sector en crecimiento (25 por ciento en 2014), con inserción en todo el país (el 39,6 por ciento se edita en Ciudad de Buenos Aires), con impacto económico directo (1,4 millones de lectores para los kioscos de todo el país y 3 millones de pesos mensuales a la industria gráfica Pyme), y generador de empleo digno para 1312 personas. Sin embargo, las Revistas Culturales continúan sobreviviendo, sin políticas públicas que las fomenten y protejan, en un sector dominado por la concentración, que encabeza el oligopolio conformado por Clarín y La Nación.
¿Cuál es la base legal para la concentración? La venta y la distribución de diarios y revistas continúa regida por el Decreto 1025 –redactado por los abogados de La Nación y firmado por el gobierno de Fernando De La Rúa–, que desregula el mercado, dejando a los editores independientes solos frente a la “ley del más fuerte”, mientras que atropella los derechos de los canillitas. Por esta razón y porque la Ley de Medios demostró –en el ámbito de la radio y la televisión– que se pueden generar los marcos para fomentar otra comunicación, AReCIA lanza una Campaña por la Democratización del sector de la comunicación que aún funciona bajo la lógica neoliberal. Las más de 300 revistas de todo el país exigen la urgente resolución de tres puntos:
- Derogación del decreto que consagra la concentración de la prensa gráfica en Argentina.
- Sanción de la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes y Autogestionadas.
- Sanción de la Ley que regula el trabajo de canillitas.
La “distorsión” vive en el sector de la prensa gráfica.
En su visita oficial a Rusia, la presidenta Cristina Kirchner aseguró: “Cuando hablo de los mercados me gusta hablar más de los usuarios, de los consumidores, de los productores, de los industriales. El tema es que hemos distorsionado la palabra (…) Hoy cuando hablamos de mercado hablamos de 4 ó 5 señores del sector financiero que deciden por la vida y la suerte de países y de sociedades. Estas son las cosas que tienen que ser modificadas (…) reglas que permitan evitar este tipo de distorsiones, como también sucede en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de Internet (…)”. El Decreto 1025 es, sin duda, la base de la distorsión vigente en el periodismo gráfico.
Seis meses antes, durante el último Foro de Revistas Culturales organizado por AReCIA, el director del Registro Nacional Integrado de Vendedores y Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, Fernando Ausas, confirmó las maniobras distorsivas, la concentración amparada por el vigente decreto. “La lógica que domina el mercado de distribución de diarios y revistas es de acumulación. Se ha convertido en una herramienta que trabaja para Clarín y La Nación. Y desde el punto de vista de la normativa, el Estado está en deuda: no hay normas hoy que impidan el proceso de concentración.”
Derogación del decreto que consagra la concentración de la prensa gráfica en Argentina.
“Libertad de competencia y desregulación de la actividad económica.” Esa frase resume el espíritu del Decreto 1025 redactado en noviembre del año 2000 y que hasta el día de hoy es utilizado por las empresas concentradas para frenar cualquier reclamo judicial de editores independientes o canillitas y hasta del propio Estado frente a las maniobras y abusos.
Bajo la sombra del decreto de desregulación, “los líderes del mercado, en especial Clarín, impusieron una política de precio planchado, en coincidencia con la caída de ventas”, denunció la Federación de Canillitas. De esa manera, buscaron endeudar y empobrecer a los canillitas, para dominar así el sector comercialización y acorralar a las publicaciones independientes para controlarlas o eliminarlas. A partir de 2012, la estrategia cambió y se impulsó agresivamente una fuerte suba de precios producto de dos posiciones dominantes: el monopolio del papel –Papel Prensa incrementó los precios del papel en un 63 por ciento desde 2012, según denunciaron los Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DyPRA)– y el control de recorridos y kioscos claves, a costa de las presiones económicas por la caída de las ventas y la posición dominante en el mercado. Hace una década ni el grupo Clarín ni La Nación editaban revistas. Hoy cada uno comercializa más de 35 títulos.
La suba de precios fue acompañada por la aparición de una supuesta deuda surgida del prorrateo del déficit del Centro de Distribución (Rediaf), a pesar de una distribución insuficiente, deficitaria y desigual. Solo la pagaron (obligados) los editores independientes.
En palabras del director el Registro Nacional Integrado de Vendedores y Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines, que está bajo la órbita del Ministerio de Trabajo: “Por la fuerza Clarín y La Nación han impuesto condiciones que son privilegiadas. Las dos empresas editoras han logrado imponer una dinámica de concentración, con la complicidad de los propios distribuidores, que también son víctimas de este proceso”.
Sanción de la Ley de Fomento a las Revistas Culturales Independientes y Autogestionadas.
La Ley de Fomento para la Producción Autogestiva de Comunicación Social por Medios Gráficos y de Internet presentada por el diputado Jorge Rivas en 2013 es la herramienta construída por las revistas culturales de todo el país para que los poderes Ejecutivo y Legislativo continúen impulsando la pluralidad de voces, tal como lo hicieron al aprobar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y salde una vieja deuda de la democracia con la producción independiente y autogestiva, reflejada hoy en las más de 300 publicaciones de todo el país.
La exigencia de una ley de fomento para el periodismo gráfico autogestivo no es un capricho sectorial sino que está respalda por las casas de altos estudios de todo el país: Universidad de Buenos Aires (UBA) y las universidades nacionales de La Plata (UNLP), Lomas de Zamora (UNLZ), Quilmes (UNQ), Córdoba (UNC) y Entre Ríos (UNER). Y también por el exInstituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), la Fundación Walter Benjamín y el Defensor del Pueblo de Morón.
La norma dejaría en base firma algunos logros conseguidos en estos últimos años como la modificación de la alícuota del IVA para los medios gráficos, aprobada con sólo cuatro votos en contra en ambas cámaras.
Porque sin ley de fomento, sólo gana el más fuerte. Hay 28 medios gráficos en el país que facturan más de 63 millones de pesos anuales, mientras que las revistas culturales pertenecen a un sector de pequeñas y medianas editoriales o cooperativas, que se sostienen por el vínculo con sus lectores, lejos de las facturaciones millonarias.
Sanción de la Ley que regula el trabajo de canillitas.
Además del Decreto 1025, La Nación y Clarín lograron obtener, mediante un decreto firmado en 2001, una baja de 8 puntos en el porcentaje que le corresponde a los canillitas por cada ejemplar vendido. Esta es una larga lucha que los canillitas llevan adelante y que desde AReCIA siempre acompañamos porque entendemos que si 1.000 kioscos cerraron en los últimos años por las maniobras de mercado, los lectores de nuestros medios tienen 1.000 puntos de encuentro menos con otro periodismo.
“Las corporaciones pagan a canillitas y recorridos un 11 por ciento menos que las revistas culturales independientes. Si pagaran lo que indica la ley, el circuito no estaría en crisis. Así de simple. Se trata de una crisis provocada para endeudarlo, y luego comprarlo”, denuncia desde hace tiempo la presidenta de AReCIA, Claudia Acuña.
La pelea es la misma, por eso, respaldamos el proyecto que el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad de Buenos Aires (Sivendia), presentó como cofirmante con el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Andrés Larroque, con el objetivo común de derogar el Decreto 1.025.
