En el ámbito judicial, docente y de la administración pública se repite un mismo patrón: menor representación femenina en cargos de conducción, discriminación a las mujeres madres, asignación de roles estereotipados y dificultades a la hora de crecer laboralmente.
La violencia económica hacia las mujeres en los ámbitos laborales adquiere diversos rostros. Si bien está reconocida dentro de la ley 26.485 (de Protección Integral de las Mujeres), a la cual Neuquén adhirió en 2009, sistemáticamente se reproducen situaciones que violan sus derechos. La normativa define a la violencia en el ámbito laboral como “aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia (…) quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función”.
Se trata de una de las violencias más invisibilizadas pero que se inscribe dentro de un sistema que reproduce la dominación hacia las mujeres. Además, se da en un contexto general de precarización laboral.
Trabajadoras nucleadas en ATE, ATEN Y Sejun describen cómo es su situación.
Paula Sánchez, subsecretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun)
“Se discuten los derechos laborales como una entidad, cuando las mujeres enfrentamos problemas particulares. Tenemos doble jornada de trabajo y una de ellas es no remunerada, como lo son las tareas del hogar. Nos vemos imposibilitadas de ir a buscar otro trabajo porque en esas horas tenemos que cuidar a los hijos, o hacer actividades domésticas. Esto se traduce en la feminización de la pobreza, el mundo laboral es marcadamente masculino.
En el Poder Judicial la división de tareas parte de la estereotipación de roles. El 80% son mujeres y el 20% varones. Pero en los cargos de conducción y de mayor responsabilidad, se invierte la relación. En las Defensorías Civiles y del Derecho del Niño, la mayoría son mujeres y los jueces laborales, son todos varones. En el Superior Tribunal de Justicia, de cinco vocales, hay una mujer.
Para ascender en la carrera judicial y obtener un mayor salario hay que rendir un concurso lo que requiere de tiempo de estudio que nosotras no tenemos.
Otra manifestación de la violencia con la que nos hemos encontrado es que aparecen en las entrevistas del ingreso, de forma vedada, preguntas en relación a la tenencia de hijos o la intención de tenerlos. Esto representa una forma de discriminación concreta y que no puede ser condicionante a la hora de tener un puesto de trabajo.
En relación a la maternidad, nos hemos encontrado con que muchos funcionarios niegan a las trabajadoras el derecho al horario de lactancia, ya que las obligan a hacerlo en la primera hora laboral y después las hacen quedarse una hora más.
Por otro parte a muchas mujeres las trasladan de un puesto a otro sin ningún tipo de justificación, con el argumento de que él o la jefa tienen facultades organizativas.
Otro grave problema son las sentencias sin perspectiva de género. Hay funcionarios que por más que está prohibido por ley, intentan realizar audiencias de mediación para llegar a un acuerdo en situaciones de violencia”.
Alejandra Quiroga, prosecretaria administrativa de la comisión directiva provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
“En el Estado la mayoría de los puestos jerárquicos están ocupados por varones. Sin ir más lejos, en los ocho ministerios, excepto el de Educación, hay hombres a cargo. La designación de los lugares responde a la reproducción de estereotipos que vinculan a la mujer con las actividades de cuidado, atención, educación y salud.
Si bien existe la ley que estipula que en relación a una determinada cantidad de mujeres tiene que haber una guardería y un lugar de atención para los chicos, no existen. Entonces las mujeres tienen que sacar de su salario para pagarle a alguien que se les cuide niños, o directamente no pueden ir a trabajar.
En este sentido, los Centros de Cuidado Infantil son dispositivos imprescindibles para las mujeres que tienen un salario muy bajo, como las empleadas domésticas, para puedan dejar a sus hijos mientras dura su actividad. Sin embargo, hay uno que desde hace más de un año está sin funcionar porque el Estado no hizo las reparaciones que le correspondían.
Por otra parte, registramos casos de trabajadoras a las que les descontaron los días de licencia por maternidad, como si fueran inasistencias.
En relación a la violencia a nosotras nos atraviesa mucho por lo que es fundamental la obtención de las licencias por violencia de género. Al momento de defender a una compañera que sufre violencia, aparte de recurrir a los dispositivos, tenemos que ir a buscar la forma de justificar en el lugar de trabajo las ausencias pero sin perjudicarlas. Por ejemplo, el certificado psicológico la perjudica si es que está en disputa la tenencia de los chicos”.
Susana Delarriva, secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén (ATEN)
“Si bien no hay diferencia salarial entre varones y mujeres, las situaciones particulares de las mujeres – muchas son jefas de hogar, pagan alquiler, se hacen cargo de la comida de toda la familia, el colectivo- hacen que ese sueldo no les alcance para vivir y necesariamente tengan que trabajar dos turnos. Con el agravante de que si no cuentan con una persona que las ayude, tienen que pagar un jardín o a alguien que le cuide a los hijos. Eso para nosotras es violencia económica ejercida por el gobierno que no ha dado ninguna respuesta a la cuestión salarial.
Por otra parte los Centros de Cuidado Infantil que existen están destinados a recibir a los niños de todas las trabajadoras en general, por lo que muchas veces no tienen cupo. Sólo algunas pueden mandar a sus hijos al jardín privado.
Si bien en Educación los cargos directivos están ocupados en su mayoría por mujeres, la dificultad para algunas madres es que no tienen tiempo para estudiar y prepararse para rendir los concursos.
ATEN logró que aquellas mujeres que sufren violencia puedan acceder a una licencia, a un traslado y a la protección de sus hijos. Como también consiguió la protección integral de la maternidad, la cual permite que una mujer que está embarazada y que está cumpliendo su licencia, pueda tomar el cargo en cualquier momento, garantizándole el cobro y la obra social”.
Por Florencia Salto 8300.com.ar
