El decreto que endurece las condiciones y facilita las expulsiones de los inmigrantes pobres, sumadas a las declaraciones del diputado salteño Alfredo Olmedo para crear un muro -a la Donald Trump- con Boliva, trajeron al recuerdo del presidente del senado boliviano, José Alberto González, los tiempos que pasó en Buenos Aires. “Voy a dar un salto al vacío, pero yo quisiera sugerirle a ese diputado que hable con la esposa del señor Macri, que la señora Awada le cuente cómo trabajan los bolivianos, eso le recomiendo a ese diputado. Yo personalmente he estado participando en procesos donde esta señora Awada estaba involucrada por trabajo esclavo. Así que, señores, antes de pensar en muros, piensen bien en su economía”, declaró Gonzáles.
Hace algunos años, en una inspección de la AFIP en la finca AHO del diputado Olmedo, fueron halladas cuatrocientas personas en condiciones infrahumanas de trabajo. No es novedad que el trabajo esclavo es una de las tantas fuentes ilegales de riqueza de la elite empresarial que representa Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos. Tampoco su actitud xenófoba. “No podemos seguir tan expuestos a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia. Tenemos que defender la ley. Pareciera que la Ciudad se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes. Todos los días llegan 100, 200 personas nuevas que no sabemos quiénes son, porque llegan de esta manera irregular, insisto, de la mano del narcotráfico y la delincuencia”, declaró el entonces jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) después de la toma del Parque Indoamericano y antes del brutal desalojo.
Lejos están las historias de esos inmigrantes que a base de trabajo lograron levantar nuestras casas, cosechar nuestras verduras y confeccionar nuestras ropas en los últimos años. Basados en las antiguas fórmulas aymaras de austeridad, redes familiares y un concepto de abundancia que no es ficticio como sí lo son las nuevas tendencias new age que encarna el gobierno de Cambiemos. Lejos de las ganancias ilegales y ostentación de consumo que se encarnan en la clase dominante (muchos nietos e hijos de inmigrantes). O del saqueo de poderosos empresarios internacionales como Joseph Lewis, amigo personal de Macri. O de la política energética que aumenta tarifas a la población, mientras el ministro de Energía Juan José Aranguren selló un acuerdo de importación de gas con su antiguo patrón, la Shell Company de Chile, a un precio 128 por ciento más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia (delito por el que fue imputado judicialmente).
Tampoco parece haberse hecho mucho caso al informe del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia que inauguró Raúl Zaffaroni y que tras recopilar los fallos en firme de partidos como Avellaneda, Lanús, Ezeiza, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría, mostró que en 2012 apenas el 3 por ciento de los homicidas era extranjeros (54 por ciento eran argentinos y 43 por ciento sin especificar). Del otro lado del gatillo, el 14 por ciento de los extranjeros habían sido víctimas de un asesinato (el 84 por ciento de las víctimas era de nacionalidad argentina y un 2 por ciento sin especificar). En el departamento judicial de San Martín (José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero), con 1.618.813 habitantes, en el 90 por ciento de los hechos las víctimas eran de nacionalidad argentina; un 8 por ciento extranjeros y se desconocía la nacionalidad en un 2 por ciento. Poco después, el instituto era desfinanciado y disuelto (también había demostrado la baja participación de los menores en los crímenes en general). “Los medios van construyendo un estereotipo con características negativas. Un enemigo de afuera, enemigo natural, que viene a robar nuestros valores, nuestra cultura, nuestras posibilidades laborales”, declaró Zaffaroni poco tiempo después.
Frente a la nueva iniciativa xenófoba del gobierno de Mauricio Macri, hasta el diario La Nación tuvo que aclarar que ese 30 por ciento de delitos en manos de inmigrantes que esboza la ministra Patricia Bullrich es un dato sesgado. Dice el informe Inmigrantes y delito: ¿Qué dicen las cifras, de la periodista Sol Amaya: “Si bien algunos funcionarios y representantes de la política sostienen que el 21 por ciento de los presos del país son extranjeros, la cifra es engañosa. El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep) indica que el 23 por ciento de los presos detenidos en cárceles federales son de otros países. Esta cifra, según pudo saber La Nación, bajó al 21 por ciento en 2016. Pero ese porcentaje sólo contempla las detenciones bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Si analizamos los números totales, es decir, la cantidad de extranjeros detenidos en relación a la población penitenciaria completa de la Argentina, el porcentaje es mucho más bajo: sólo el 6 por ciento de los detenidos son de otros países. (Unos 4300 sobre 71.000 presos).Esto quiere decir que sólo el 0,2 por ciento de los extranjeros que residen en el país está detenido. La cifra se mantuvo más o menos estable en los últimos 10 años, según datos oficiales”.
Como dice esa caricatura que circula por el Facebook: es larga la cola para las mentiras reconfortantes y vacía la de las verdades incómodas.
Por Tomás Astelarra/El Furgón
