Por una Decisión Administrativa del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presupuesto votado por el Congreso para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA) sufrió un recorte de 67 millones de pesos para este año. Organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo ante la Justicia y el CNM dice que fue “un error” pero que los fondos están.
Le decisión se publicó en el Boletín Oficial: el 11 de enero Marcos Peña firmó la Decisión Administrativa 12/2017, en la cual distribuyó los créditos presupuestarios y, obviando lo votado por el Congreso en 2016 y haciendo uso de “superpoderes”, como denunciaron distintas organizaciones en un comunicado, achicó el presupuesto destinado a la CNM y el PNA.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21 presentaron un amparo “para revertir la sustracción ilegal de las partidas del PNA y del CNM”. Además, instan a que “se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”.
La discusión había comenzado cuando el Presupuesto empezaba a discutirse en el Parlamento. A pesar de las promesas, en un primer momento era imposible “identificar una partida destinada al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, que, según el propio gobierno había anunciado, requería fondos por 47 millones de pesos para su primer año de ejecución. Eso sin contar el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral, también prometidos.
Además, tal como explicaron las organizaciones en un comunicado, en el proyecto del Poder Ejecutivo el presupuesto asignado al CNM se reducía un 8% en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por ellos mismos. Diversas organizaciones hicieron en ese momento una presentación ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas centrales de preocupación.
La atención, reclamo e insistencia dio sus frutos: el presupuesto votado por el Congreso la madrugada del 3 de noviembre incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados. El artículo 16 de la Ley de Presupuesto N° 27.341, sancionó una asignación adicional de 20 millones de pesos al CNM (pasando de $96.500.250 a $116.500.250). Además, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de 47 millones.
Esos incrementos, conseguidos contrapesando las promesas del gobierno con su propuesta presupuestaria concreta, son los que, en la Decisión Administrativa firmada por Marcos Peña desaparecen de las políticas para la prevención de la violencia de género. Para las organizaciones que presentaron el amparo, se trata de “partidas sustraídas de forma ilegítima”.
“Resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”, afirmaron las ONGs en un comunicado.
La respuesta del CNM, conducido por Fabiana Túñez, fue confusa. “Debido a un error, la mencionada Disposición no refleja el presupuesto real del Consejo Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado mediante la reasignación de partida correspondiente por parte del Jefe del Gabinete”, publicó el organismo en Facebook. Pero no especifican de dónde salieron ni cómo sortearon la normativa vigente que establece el recorte.
Luego Túñez explicó a Notas que se percataron de la diferencia de recursos en el momento que salió la resolución y “se hizo una reasignación presupuestaria ordenada por jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda”, aunque no existe hasta el momento documento público que lo garantice. “Yo estoy ejecutando esa partida”, aseguró.
“Dicen que fue un error, entonces que rectifiquen el error”, dijo a Notas Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. “Las normas tienen valor jurídico, esa Decisión Administrativa no es publicidad, no es discurso, y lo que dice ahí tiene efecto jurídico. Hace un mes salió, lo podrían haber rectificado antes o si lo advirtieron ahora lo pueden rectificar ahora”, agregó la abogada. “No alcanza con decir que fue un error”, remató.
Por otra parte explicó que si bien por los “superpoderes” el Ejecutivo tiene potestad de modificar la distribución de partidas presupuestarias, “no debería parecer algo natural”. “No tenemos que acostumbrarnos”, dijo y precisó que el amparo presentado tiene como primer objetivo la restitución de esas partidas, pero también apunta a que se declare inconstitucional la práctica para los recursos que estén “destinados a garantizar derechos humanos básicos de las mujeres”. “Esa reasignación de recursos tiene que tener el límite de no subvertir la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos”, agregó Gherardi.
“Queremos que la Justicia declare la intangibilidad de esos fondos, que no pueda volver a suceder esto y que se establezca un mecanismo de monitoreo para poder vigilar el cumplimiento en la ejecución en las partidas presupuestarias”, concluyó la directora ejecutiva de ELA.
Por Notas.org – Julia de Titto – @julitadt
