Más de 30 personas se retiraron de una ocupación de tierras en El Frutillar. El Instituto de Vivienda local les prometió agilizar los trámites de la demanda. Organizaciones territoriales denuncian que el municipio incumplió con los plazos establecidos en la ordenanza del Programa Hábitat Bariloche.
Las personas que el domingo ocuparon tierras en la ladera sur del cerro Otto sobre calle Neneo, en El Frutillar, se retiraron este martes al mediodía amenazadas con una denuncia en la Justicia penal.
El lunes, ante el fiscal Martín Lozada, cuatro mujeres en representación de 70 familias aseguraron que esperan hace años una solución del Instituto de Tierra y Vivienda municipal. Una de las personas que permaneció en el lugar con bolsa de nylon, cartón y pallets, había participado el año pasado de una toma a metros de allí, sobre calle Cacique Prayel.
“Lo que pasó es que Tierra y Viviendas le otorgó (un terreno) a uno de las tomas y se olvidaron de las demás personas que estábamos en ese listado”, explicó el hombre a Canal 6. El año pasado eran 12 las familias que reclamaban un terreno.
En la reunión entre el fiscal Lozada y las familias, participó también Javier Giménez, el presidente del Instituto de Tierra y Vivienda, que se comprometió a agilizar los trámites de la demanda. Pero la palabra del Instituto está devaluada.
Horas atrás, la Mesa de Tierras, el nucleamiento de organizaciones que aborda la problemática habitacional de la ciudad, expresó en un comunicado que la municipalidad poco avanzó en la ejecución del Programa Hábitat Bariloche, sancionado en diciembre por unanimidad de los concejales.
“Sin una política habitacional, es inexorable que las ocupaciones sigan produciéndose”, dijeron.
La ordenanza obligaba al Instituto a presentar en 180 días un informe de la situación actual de las urbanizaciones de interés social en ejecución, a elaborar en 180 días proyectos de urbanización de interés social para al menos 500 lotes con servicios y a presentar en 60 días la actualización del registro de demandantes. Pero el Instituto no cumplió.
“Una de las partes fundamentales de esa ordenanza, es el remate de cinco lotes por al menos 50 millones de pesos. Eso debiera haberlo impulsado la intendencia en febrero, pero desde allí aducen que para el Colegio de Martilleros el precio base de los lotes es muy alto. Para nosotros hay que avanzar y hacer el remate”, dijo a Al margen Tomás Guevara, de la Mesa de Tierras.
“El intendente está poniendo un reclamo corporativo por encima de la necesidad de la gente”, criticó.
La venta de esos terrenos fiscales alcanzaría sólo para la creación de 120 lotes. Para cumplir con la ordenanza, restarían diseñar otros 380 y no hay todavía una fuente de financiamiento definida.
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
