(por la vaca.org.ar) El martes por la mañana la policía ingresó a Radio M 104.1 en Virrey del Pino, La Matanza, y avalada por una orden judicial decomisó los equipos de transmisión y se llevó detenido a Ariel Montes, el director. Al llegar a la comisaría, se encontró con que había otra radio en la misma situación: la FM 87.7 de Merlo. Ambas están imputadas con causas penales en el Juzgado Federal n° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, que actuó avalado por una reciente resolución del ENACOM.
El martes por la mañana la policía ingresó a Radio M 104.1 en Virrey del Pino, La Matanza, avalada por una orden judicial. Se llevaron equipos de transmisión radial y, lo más grave, detuvieron a su dueño Ariel Montes, a quien tuvieron horas en la comisaría, de donde se fue con una causa penal. Según le explicaron, todo está en el marco de un cambio que el ENACOM notificó este 6 de abril a través de un decreto que facilita la confiscación y la penalidad a integrantes de las emisoras. Cuando ya nada podía ser más grave, integrantes de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de la Matanza (UCAYA) llegaron a la comisaría y se encontraron con que había otra radio en la misma situación que no conocían: la FM 87.7 de Merlo. Ambos están imputados, las causas son penales y están en el Juzgado Federal número 2 de Morón.
Guillermo Saucedo de UCAYA, lo cuenta: “Nosotros estábamos la mayoría de las radios, como ocho, en Capital cubriendo la carpa docente. De pronto nos llaman que se habían llevado los equipos pero también a Ariel. Cuando llegamos a la comisaría nos dicen que está demorado, no detenido pero la causa es penal. Estuvo en la comisaría de Morón casi todo el día porque después lo tenían que trasladar a donde hubiese un médico para controlar que no le hubiese pasado nada en la comisaría tantas horas. Tuvieron que ir hasta Liniers donde había médicos, pero en Morón no había patrulleros para llevarlo. Todo esto llevó todo el día”.
Los policías actuaron por orden del juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón. “La orden judicial decía que había que decomisar la radio y en caso de ser necesario usar la fuerza policial. El motivo que dieron es por un acta labrada en febrero donde lo acusaban de generar interferencia en una señal de radiofrecuencia de aviación”. Las dos radios (Radio M de Virrey del Pino y FM 87.7 de Merlo) habían sido notificadas por el ENACOM acusadas de tener interferencias a radiofrecuencias del Aeropuerto. Relata Saucedo: “Ariel en ese momento apagó los equipos e hizo los arreglos durante el mes de febrero para que eso no ocurriese más. La policía no le dejó explicar esto porque no le dieron chance de hablar nada. Le leyeron los derechos, entraron al edificio, y se llevaron las cosas y a él detenido. Es un nivel de violencia estatal terrible”.
Por su parte, el presidente de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, dijo a Matanza Digital:“Lo que estamos sospechando que la interferencia con el Aeropuerto es una excusa para decomisar radios y la detención del referente de la emisora es claramente un mensaje para el sector”.
Contexto
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió una Resolución que otorga a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del organismo la facultad de disponer la “clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso”, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, “con el concurso del poder judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.
La Resolución 2064-E/2017 tiene fecha del 31 de marzo. Sin embargo fue publicada este jueves 6 de abril, día de paro nacional. El texto otorga a la mencionada Dirección la posibilidad de decomisar equipos y hasta clausurar emisoras no autorizadas o en infracción, junto con el Poder Judicial y la fuerza pública. Si bien esto es algo que ya el Estado podía hacer (ver caso Antena Negra) resulta peligroso para el amplio campo de la comunicación independiente, pues muchas de sus emisoras sufren de una precariedad jurídica que les impide desarrollarse con tranquilidad.
La lectura que hace Guillermo sobre la situación de las radios comunitarias para lavaca es: “Están queriendo disciplinar al sector. Y las personas que no cumplan la legalidad que ellos pretenden, no tienen lugar. Ellos pueden hacer lo que quieren: de hecho, hay una ley de comunicación audiovisual y no la cumplen. Que te lleven el equipo ya es grave, pero que encima lleven a los periodistas, es una violencia que no podemos permitir”.
