El fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría dejar en libertad a cientos de genocidas acusados por delitos de lesa humanidad, generó un rechazo nacional que fue masivo en Bariloche.
Marcha multitudinaria contra el 2×1. Foto Eugenia Neme.
Unas 5 mil personas marcharon desde Onelli y Moreno hasta la Plaza de los Pañuelos, hermanados por la calle, por la defensa de los derechos humanos y decenas de organizaciones sociales, sindicatos, partidos y organismos.
El fallo aprueba la reducción de condena al militar Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por el TOC Nº2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2011, por crímenes cometidos durante la dictadura militar en el Hospital Posadas. La resolución de la Corte se basa en la Ley 24.390, que permitió entre los años que estuvo vigente, computar cada día de prisión preventiva como dos días de pena.
La aprobación de este fallo, que puede constituir un antecedente entre los otros 1044 casos de genocidas detenidos en el presente, fue redactado por Elena Highton de Nolasco y abalado por Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los dos ministros inicialmente nombrados por el presidente Mauricio Macri.
Los votos en disidencia de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se basan en dos cuestiones: La primera que el principio de ley más benigna no se aplica en los casos de delitos de comisión permanente, como es el de privación de libertad agravada, ya que, mientras la persona siga desaparecida, ese delito se sigue cometiendo y se entiende que el autor asume las consecuencias. Por ende le cabe la ley vigente al momento de la condena, aunque esta sea más dura que las demás.
Y segundo, con más peso todavía, Lorenzetti y Maqueda argumentan que los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, incorporados a nuestra Constitución Nacional, no permiten las morigeraciones, reducciones de condena y amnistías en los casos de delitos de lesa humanidad.
Durante la marcha entrevistamos a Martha “La Negra” Olivera. La Secretaria de DDHH de la CTA, dijo que cuando se enteraron del fallo tuvieron una enorme angustia generalizada, pero que les dio impulso para “defender inmediatamente lo que desde hace 40 años están defendiendo no sólo madres, abuelas, hijos y representantes de los derechos humanos. Esto es una liberación encubierta. No podemos quedarnos callados”.
La “Negra” Olivera, referente de los Derechos Humanos. Foto: Eugenia Neme.
La Negra dijo que entienden que esto ha sido obra del Gobierno Nacional, que ya avisó qué iba a hacer con los derechos humanos y que necesitó -con los mismos objetivos económicos que en la Dictadura- pactar con las Fuerzas Armadas para lidiar con las protestas sociales. Así “darle participación a las Fuerzas Armadas para reprimir todas las protestas: por los despidos, por el hambre, la inflación y todo lo que nos quiere quitar este Gobierno”.
Mientras decenas de miles de personas marchaban por todo el país, en el Senado de la Nación se votaba por unanimidad la ley que limita la posibilidad de que represores y genocidas puedan acceder al beneficio del 2×1, sancionando así la norma que había sido votada el miércoles en Diputados y limitando legislativamente lo propuesto por la Corte Suprema.
Por Fabián Viegas
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen.
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