El caso denuncia una compleja red de trata laboral, donde está vinculada ExpoFrut. Hay 7 policías imputados.Este martes comienza el juicio oral y público a los siete efectivos policiales imputados por el delito de “desaparición forzada” del que fue víctima Daniel Solano en 2011.
La investigación del caso, impulsada desde el primer momento por la familia de Daniel, oriunda de Tartagal (Salta), expuso un complejo entramado de explotación y trata de personas con fines laborales, que contó con la complicidad del poder judicial y policial de Río Negro.
Los policías acusados son Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como presuntos coautores del delito de desaparición forzada de personas. También están acusados Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello como presuntos partícipes primarios en el delito de desaparición forzada de personas y Héctor César Martínez como presunto partícipe secundario en el mismo delito.
Durante la investigación, la querella también acusó a funcionarios judiciales y empresarios por el encubrimiento realizado. La querella sostuvo que el móvil del asesinato de Daniel Solano (el cuerpo todavía no apareció, y se lo está buscando en este momento en un jaguel de Choele Choele, donde se presume que los policías imputados pudieron haber arrojado el cuerpo) fue la posible organización de medidas de fuerza sindicales contra la empresa que los había captado para trabajar.
La empresa encargada de traer trabajadores de Tartagal es AgroCosecha, que tercerizaba peones para Univeg Fruit Argentina SA (ExpoFrut).
“La necesidad de encubrir esa actividad delictiva (trata de personas y explotación laboral) constituye el móvil del asesinato de Daniel Solano, es decir, que ante la posibilidad de una queja generalizada de los trabajadores por el cobro de haberes del mes de octubre de 2011 encabezada por la víctima, los señores Adrián Lapenta, Gustavo Lapenta y Pablo Mercado (dueños de AgroCosecha) ordenaron a sus cómplices (los policías imputados) el homicidio de Daniel Solano en esa madrugada del día 5 de noviembre de 2011”, sostuvo el abogado querellante Sergio Heredia en su requerimiento de elevación a juicio.
Cabe preguntarse en este caso cuál fue el rol de la Uatre, el gremio de los peones rurales y el Renatre, el registro de peones rurales que para entonces todavía manejaba Gerónimo “Momo” Venegas. Si bien los peones que eran captados por AgroCosecha exhibían su libreta de trabajador rural, el caso exhibe la falta de fiscalización por parte del Registro que solía moverse (y lo sigue haciendo desde la disolución del Renatea) en connivencia con los empresarios que tenían como práctica habitual la explotación laboral.
De hecho, la querella denunció la participación del delegado gremial de la Uatre en la localidad de Chimpay, Miguel Herrera, en todo el entramado de captación de trabajadores y “descuentos” aplicados en sus recibidos de sueldo. Por eso también se habla, dentro de la causa madre, de una asociación ilícita.
“A partir del año 2010, esta asociación delictiva se comenzó a hacer más grande, incluyendo entre sus miembros a la Dra. María Cecilia Constanzo, Oscar Cornejo, el comisario Raul Aramendi, entre otros, con la complicidad y participación de la propia doctora Marisa Bosco, en ese momento a cargo del Juzgado N° 30, y el Fiscal Miguel Angel Flores”, sostuvo la querella en su requerimiento de elevación a juicio. También fueron denunciados dos directivos de ExpoFrut, Osman Ortez y Henry Grifftihs.
Dicen que todo tiene que ver con todo. El Gobierno de la Alianza Cambiemos designó como embajador en los Estados Unidos a un vicepresidente de Expofrut, Fernando Oris de Roa, quien también se había desempeñado como directivo en la exportadora de limones San Miguel, otra empresa con directivos acusados de trata laboral (Ver nota)
Los policías Berthe, Cuello, Quindel, Martínez, Barrera, Albarran y Bender estuvieron tres años detenidos en el marco de esta causa, procesados por el delito de lesa humanidad de desaparición forzada de persona, luego liberados y reincorporados a la policía de Río Negro.
La causa principal dio lugar a veinticinco causas conexas y los empresarios Lapenta y Mercado -dueños de la empresa que captaba trabajadores en Tartagal- fueron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en el juzgado federal de Roca.
Actualmente se está llevando adelante una medida de prueba en el contenido de un jaguel de ochenta metros de profundidad, en el cual los policías imputados habrían arrojado el cuerpo de Daniel Solano, según un testigo incorporado en el expediente. Cabe remarcar que también pudo comprobarse que dicho jaguel fue “modificado” en los últimos años ya que se comprobaron varias capas de cemento.
El juicio se desarrollará bajo las pautas del anterior Código Procesal Penal, por tratarse de una causa “de transición”, y estará a cargo de la ex Cámara Criminal Segunda de Roca, presidida por la jueza María Evelina García Balduini. El Tribunal se completará con los magistrados Gastón Martín y Oscar Gatti.
La acusación del Ministerio Público estará a cargo de la Fiscal Jefe Teresa Giuffrida, mientras que la acusación privada recaerá en los abogados por la parte querellante Leandro Aparicio y Sergio Heredia. Las defensas serán ejercidas por los defensores particulares Pablo Barrionuevo, Pablo Iribarren, Oscar Pineda y Ricardo Thompson y por el defensor público Gustavo Viecens.
Por Sebastián Premici – Cadenas del Sur
