Tras 15 meses de cuarto intermedio, se reanudó el debate sobre el proyecto que pretende realizarse en 79 hectáreas del cerro y que, entre un hotel de lujo y residencias temporales y permanentes, albergaría al menos 13.389 personas. Para concretarlo, se propone que el Estado municipal reciba por las tierras que la Carta Orgánica reconoce como inalienables U$s 10 dólares por metro cuadrado o el 8% del valor de venta.
Nuevas voces se sumaron a los cuestionamientos al Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral -diseñado por Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA) e impulsado por el gobierno municipal- en la última reunión del Consejo de Planificación Municipal (CPM). Los asistentes colmaron una de las salas de la Delegación Sur donde se concretó el encuentro y en el que hubo una importante presencia policial en el interior y afuera.
El Colegio de Arquitectos de Río Negro por medio de la comisión directiva de la seccional 3 expuso un minucioso análisis del proyecto que se intenta desarrollar en el cerro. La evaluación de los especialistas puede resumirse en las siguientes inquietudes:
– impedimento legal por el carácter inalienable de la tierra que se establece en la Carta Orgánica Municipal. En este sentido, afirman que el proyecto nace con un vicio de nulidad constitucional insalvable.
– contradicción con el Plan Estratégico, ordenanza 3285-CM-21: en la página 25 del mismo se ratifica que el área bajo análisis corresponde a “suelo no urbanizable y con valor ambiental”.
– impacto en el recurso nieve y microclima: se afirma que la urbanización propuesta “atenta contra la materia prima del centro de esquí”.
-desarticulación del modelo turístico receptivo: “el flujo logístico de una ‘ciudad satélite saturará de forma permanente las avenidas Bustillo y Pioneros”. Además, se afirma que “la mutación de ‘aldea de montaña’ a ‘destino urbano densificado’ desplaza al turismo de alta gama hacia destinos que conservan su escala natural”.
-degradación del casco urbano y el comercio: “un desarrollo con servicios autónomos en la montaña reduce drásticamente el derrame económico hacia la ciudad”.
–desbalance económico en el valor de la transferencia: se afirma que el 8% de la transacción o U$s10 el metro cuadrado es una valuación irrisoria “asimilable a una simple comisión inmobiliaria”. Además, se afirma que con dichos valores el municipio no puede adquirir superficies equivalentes en otras zonas para atender la emergencia habitacional. Como ejemplo se expresa que “el costo sólo de llevar infraestructura a nuevas tierras en el Este para la emergencia habitacional supera los U$s 25-30/m2”. El estudio considera que “el desarrollador captura la renta inmobiliaria mientras traslada al Estado el costo de dotar de infraestructura a las tierras que el municipio deba urbanizar en la periferia con los fondos recibidos”.
La exposición estuvo a cargo de la arquitecta Alicia Albandoz, que, además, cuestionó la ausencia del sustento económico del proyecto, la nulidad por el incumplimiento de la ordenanza 2929 que designa al consejo de Planificación Estratégica (CPE) como organismo observador y garante del proceso que se está llevando adelante pero que no fue convocado, deficiencias metodológicas del informe de sensibilidad ambiental e imprecisiones técnicas.
Las preguntas efectuadas por la profesional no recibieron respuesta.
Respecto del Informe de Sensibilidad Ambiental (ISA) varios vecinos y algunos concejales expresaron disconformidad con que lo haya realizado un empleado de CAPSA, el licenciado Carlos Beros, quien estaba en la reunión y se presentó como el responsable ambiental del proyecto. La concejal Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) consideró que “por ordenanza se debe contar con las herramientas técnicas adecuadas y eso es un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estudio con el que contamos hoy es una mirada de la empresa”.
Muchas dudas sin responder
La siguiente inquietud importante fue expresada por el agrimensor Julio Posse en representación del Consejo Profesional de Ingenieros: “No hace falta ser ni abogado, ni ingeniero ni agrimensor para entender que nadie da lo que no tiene. El municipio se arroga el dar lo que no tiene escriturado a su nombre. Me comuniqué con los representantes del Registro de la Propiedad y me negaron la información sobre si el municipio tiene las escrituras de Catedral, no me dijeron ni que si ni que no. Sólo que no podían darme la información, lo cual prueba, a mi entender, que el título de propiedad no está dado. Me rebela que técnicamente se oculten las cosas. La mensura original de Catedral la hizo Parques Nacionales. Cuando se hizo la transferencia al municipio se hizo otra mensura y la ocultaron. Me da vergüenza como agrimensor, pero la mensura que existe de Catedral es trucha”.
La secretaria de Planeamiento Territorial Sofia Maggi se limitó a responder que “la provincia de Río Negro sancionó una ley por la cual transfirió las tierras al ejido municipal. Es una fuente normativa que establece al municipio como propietario de esas tierras. Entiendo que restan inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble, lo cual no deroga la normativa vigente”.
Los representantes de la Federación de Entidades Empresarias de Bariloche (FEEBA) a su turno cedieron la palabra porque, según informaron, habían concurrido a escuchar para interiorizarse del plan.
Por su parte, la concejal Laura Totonelli (Juntos Somos Río Negro) relató que estudió el plan y que se le generaron varios interrogantes que expresó para obtener respuestas. Por ejemplo, ¿cómo se resolvería el requerimiento de energía para 13.389 personas si no se concreta a tiempo la obra de interconexión eléctrica ALIPIBA II?; ante el conocimiento de que el área Catedral es de peligrosidad alta y no apta para urbanización ¿quién se haría responsable ante la ocurrencia de un desastre cuando el concesionario se haya retirado del negocio?; ¿cómo se resolverá la enajenación de lo público y el conflicto con la Carta Orgánica?
La edil además afirmó que “voy a solicitar una mensura válida para que sea agregada al expediente y la escritura traslativa de dominio en favor de la Municipalidad”. También cuestionó la “concentración del capital y baja retribución para la municipalidad: el municipio aporta el activo más valioso y la utilidad neta queda mayoritariamente en el sector privado bajo esquema de fideicomiso transparente para el desarrollador. ¿Cómo justifican técnicamente esta distribución del ingreso?”, preguntó.
A modo de respuesta, Beros expresó que “quisiera pararme en un antecedente: la ordenanza 2929, que generó el marco para el plan director del cerro Catedral. Por primera vez un plan director. Los principales impactos se generaron en épocas de Parques Nacionales y de provincia”. Y agregó: “La planificación es una medida de mitigación ambiental”. Esto generó muchas quejas de los presentes por considerar que no respondía las preguntas.
También se expresaron vecinos de la Junta Vecinal Catedral y explicaron que se debate un proyecto que no es integral y que se limita al área concesionada. Además, reclamaron estudios e información que tanto la municipalidad como CAPSA habían prometido hace más de seis meses y le explicaron a Maggi que hace aproximadamente un año intentan reunirse con ella y no reciben respuestas.
Otra pregunta que quedó sin responder fue la de Wallace sobre si se contempló el nuevo mapa de Bosques que la Justicia ordenó hacer a la provincia de Río Negro. La edil dijo que “llegamos acá y había diez policías en la puerta ¿estamos discutiendo el cerro Catedral o qué?”.
La intervención de la concejal Samanta Echenique apuntó a indicar que la información que requerían los vecinos era pública. Cuando se le aclaró que no se encontraba, dijo: “Bueno, te la voy a conseguir yo”. Luego, opinó que “esta actitud tribunera me parece que no suma” en referencia a los presentes que le decían que la información tenía que ser abierta para todos.
El concejal Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) empezó su alocución diciendo “mi postura es conocida, estoy en contra de esta propuesta. Todas las preguntas que acá se hicieron quedaron sin respuesta y por eso este CPM debe continuar”. El edil expresó:
“Supongamos que todas las cuestiones técnicas están resueltas. Hay una pregunta que tiene que ver con el desarrollo económico ¿hasta qué punto este modelo de desarrollo del cerro Catedral es positivo para los barilochenses”. Y agregó: “El mismo actor que hoy tiene la concesión y con el cual a veces se hace muy complejo de negociar … si a ese mismo actor se le otorga la línea de frente y los terrenos, probablemente perdamos para siempre la capacidad de negociación que tengamos como municipio. Les digo a los funcionarios que en este tema el pueblo los está mirando y, así como está planteado, esto no parece otra cosa que un negociado”.
Luego tomó la palabra el concejal Gerardo Del Río (PUL) y se quejó porque “cuando hay una opinión diferente empiezan a chicanear. Dicen ser el pueblo. Perdón son una parte del pueblo. Hay una parte importantísima que no está acá, porque cada vez que se convoca dicen que nosotros convocamos a los negros para que vengan a violentar. Cuando nosotros invitamos a la gente que cree en este gobierno y en este proceso son los negros que vienen acá a violentar”, dijo desde una visión totalmente racista e injustificada.
Luego retomó la palabra Maggi. Mientras, el subsecretario de Planeamiento Alfredo Allen habló al oído de Del Río. Sorpresivamente, cuando la funcionaria terminó su alocución, el moderador, el abogado Mauro Lezcano, dijo: “Bueno, les agradezco su presencia y damos por terminada la reunión”. Pero la mayoría de los actores activos y consultivos del CPM permanecieron en la mesa por lo que se labró un acta manuscrita firmada por la mayoría indicando que se había pasado a un nuevo cuarto intermedio.
Por Ximena Linares Calvo. Fotos de Pablo Candamil.
Colectivo de comunicación Al Margen