La iniciativa fue aprobada en una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante. El debate fue acalorado y con algunas provocaciones. Cuando la ordenanza ya se había aprobado, la asesoría letrada hizo cuestionamientos.

Tras un intenso debate y algunas situaciones insólitas, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la creación de una comisión especial investigadora de la concesión del Cerro Catedral. El proyecto 347/25 contó con los votos positivos de su autor, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace (ambos de Incluyendo Bariloche), Roxana Ferreyra (Nos Une Bariloche), Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) y Tomás Hercigonja (PUL). Se opusieron Natalia Almonacid, Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli, de Juntos Somos Río Negro, y Samanta Echenique, del PRO. María Coronado y Gerardo del Río, ambos del PUL, estuvieron ausentes.

La iniciativa se había presentado en julio último como consecuencia de los reclamos de distintos sectores de la sociedad barilochense que resultan afectados por decisiones adoptadas por Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA), concesionaria del centro de ski a quien en 2018 se le extendió la concesión hasta 2056 sin que aún se hubiese vencido el plazo.

Por estos días, la concesionaria está intimando a desalojar a varios comerciantes que alquilan locales en el complejo Amancay porque considera que el plazo del contrato venció. Por su parte, algunos de ellos argumentan que tienen derecho a permanecer en el lugar hasta la próxima temporada de invierno y que deberían extenderles el alquiler del mismo modo que se extendió la concesión.

Los excesivos requisitos para acreditar la residencia y obtener un pase, los costos elevados para residentes, visitantes y trabajadores, las dificultades con varios medios de pago, la falta de espacio para la práctica de deportistas, la eliminación de la posibilidad de esquiar gratuitamente para los mayores de 70 años, el quite del espacio de estacionamiento para personas con discapacidad, la falta de cuidado del medio ambiente y el intento de concretar un desarrollo inmobiliario desmesurado en tierras inalienables, entre otras cuestiones, fueron algunos de los temas en torno a los cuales distintos sectores de la sociedad se fueron organizando para hacer visible el reclamo.

La comisión investigadora estará integrada, además de la totalidad de los concejales, por representantes del Ejecutivo, del Tribunal de Contralor, del Eamcec (Entre encargado de controlar la concesión), Cámara de Comercio, Cámara Hotelera, Administración de Parques Nacionales, Departamento Provincial de Aguas (DPA), Dirección Provincial de Bosques, profesionales del área de ciencias naturales, organizaciones no gubernamentales con competencia en temas ambientales, esquiadores residentes, esquiadores mayores de 70 años, profesionales dedicados a la enseñanza de ski y snowboard y Universidades de Río Negro y del Comahue.

La iniciativa se presentó como consecuencia de los reclamos de distintos sectores de la sociedad barilochense que resultan afectados por decisiones adoptadas por Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA).

Debate acalorado y aprobación

La sesión en la que se debatió la creación de la comisión investigadora fue presidida por la vicepresidenta 1° del Concejo, Natalia Almonacid, quien le dio la palabra al autor del proyecto.

Costa Brutten argumentó su iniciativa afirmando que de una temporada a otra se perdieron unos 10.000 esquiadores por las “malas” decisiones de CAPSA. Además, expresó que “los residentes de Bariloche y Río Negro que son esquiadores han visto degradada su situación. Se les presenta año a año una serie de impedimentos o situaciones que no tienen ningún tipo de racionalidad. Han tenido que lidiar con Gendarmería. Es Gendarmería quien recibe a los residentes y les indica condicionamientos horarios. Insólito”.

El concejal consideró que además de “maltrato” a los residentes y mayores de 70 se establecen impedimentos para los instructores de universidades públicas.

“La inhumanidad de quienes son responsables de CAPSA no tiene límites. Llegaron a quitarle a las personas con discapacidad el lugar de estacionamiento para estacionar los autos de su empresa”, dijo Costa Butten. “Hoy, como dice la Carta Orgánica (CO) el cerro Catedral le corresponde a Bariloche, es inalienable, no lo pueden vender”, expresó.

Y agregó: “Ahí están, sacando las tierras contaminadas gracias a la presión e insistencia de los vecinos y de organizaciones ambientalistas. Si no, lo hubieran dejado ahí, total la nieve tapa todo”. Costa Brutten hacía referencia a un pasivo ambiental que estaba depositado en el estacionamiento gratuito de Catedral desde 2023 y que tras la nota de Al Margen días atrás que relataba la situación empezó a ser trasladado para su tratamiento en Catriel por la empresa transportadora de residuos especiales SAPSA. Hasta ayer continuaban los traslados en camión.

Recién la semana pasada el pasivo ambiental que estaba depositado en el estacionamiento gratuito de Catedral desde 2023 empezó a ser trasladado para su tratamiento en Catriel. Ocurrió tras la nota de Al Margen que relataba la situación

El autor del proyecto explicó que “planteamos la creación de una herramienta. La comisión investigadora va a citar a los pseudo empresarios, por supuesto con el respeto que se merecen aún cuando ellos no nos respetan. Esta comisión plantea escuchar a todos”.

Luego fue el turno de Blanco Villalba, que expresó que acompañaría el proyecto y que además trabajará en una iniciativa para modificar el directorio del Eamcec: “El modelo de desarrollo del cerro debe acomodarse a los intereses de los barilochenses. En muchas gestiones vi que no entienden lo que sucede en el cerro Catedral, es estratégico. El ente de control no está funcionado bien. Les permitieron un aumento del pase sin sustento porque la temporada fue mala y para los fotógrafos, los instructores y los residentes ¿no fue mala? Voy a acompañar, pero también hay que analizar una modificación del Eamcec”.

Respecto del organismo, Wallace recordó que “el Eamcec se lleva actualmente el 50% del canon del Cerro Catedral, que para el 2026 está presupuestado en 1500 millones de pesos. Es decir, 750 millones de pesos se los lleva el Eamcec. En la gestión anterior presentamos una propuesta para que sólo se quedara el 30% pero no tuvimos los votos suficientes”.

La concejal explicó que “el Eamcec es la autoridad de aplicación del contrato de concesión y también controla el cumplimiento de dicho contrato. Este proyecto de crear una comisión investigadora es saludable institucionalmente, porque controla un organismo externo”.

Almonacid fue la encargada de argumentar el voto negativo de su bloque: “El proyecto plantea una incompatibilidad normativa. Lo que debería haber sucedido es una modificación de la ordenanza 2203-CM-2011, que crea el Eamcec”.

Su alocución fue levantando el tono. Dijo que el voto positivo de Blanco Villalba era contradictorio, que no todo el Eamcec funciona mal, sino que es el directorio el que no acciona eficientemente, y luego se trenzó en un ida y vuelta con Costa Brutten, quien le aclaró que la comisión investigadora no se superpone con las funciones del ente de control.

El intercambio fue intenso y Almonacid se mostró exaltada en su doble rol de presidenta y concejal argumentando el voto del bloque JSRN. En un momento, tratando de llamar al orden a Costa Brutten le dijo: “No salte que no hay chispa”.

Echenique, que había estado ausente durante casi todo el tratamiento del proyecto, volvió a su banca poco antes de la votación.

El debate cerró con la intervención de Wallace: “JSRN votó en contra de disminuir los ingresos del Eamcec. Todos los proyectos que presenté vinculados con el cerro Catedral nunca tuvieron el voto de JSRN. Lo quiero decir, porque parece que ahora a todos les gusta el cerro para todos, pero si hay alguien que entregó el cerro Catedral hasta el año 2056 fue JSRN y el PRO”.

Tras votar y aprobar la ordenanza que crea la comisión especial para investigar la concesión de Catedral, Almonacid tomó el micrófono riéndose y dijo: “No se saluden tanto porque la asesora letrada me está marcando que en el dictamen habían marcado la mayoría expresa del 116”.

Se refería a que como el proyecto indica que se “asignará” una partida presupuestaria a la comisión no es suficiente la mayoría simple para aprobarlo. En tanto se respondió que la ordenanza crea la comisión pero que no está asignando la partida. A partir de ese momento se dieron una serie de vacilaciones en las que Almonacid pidió el reglamento, luego propuso que Costa Brutten reconsiderara el artículo en cuestión y cuando vio que María Coronado retornaba a su banca y expresó: “Si Mari se sienta me cambia la mayoría. Entonces no mocione concejal (refiriéndose a Costa Brutten). No puedo evitar que un concejal sentado en su banca vote. Esto es un mamarracho chicos”.

Finalmente, se votó un cuarto intermedio breve que se prolongó por más de 30 minutos. Cuando se reanudó la sesión se informó que la ordenanza estaba aprobada tal como había resultado en la votación.

Por Ximena Linares Calvo

Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen

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