Hoy se cumple un nuevo aniversario del Golpe de Estado cívico militar que inició el 24 de marzo de 1976. A 42 años del genocidio el pueblo vuelve a las calles para hacer memoria, reclamar verdad y justicia y volver a decir: ¡nunca más!
Aquel fatídico 24 de marzo de 1976 se abría la etapa más oscura de nuestro país, un genocidio que instaló un modelo de país al servicio de las minorías a costa de represión y muerte. La desocupación y el hambre se abrieron paso mientras destrucción de la industria nacional, el trabajo y los beneficios sociales se acrecentaban a la par de un endeudamiento galopante.
“Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror”, señalaba Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas distribuida al cumplirse el primer año de iniciada la Dictadura. “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”, describía en un texto de 10 páginas que además daba cuenta del nefasto plan económico que estaba llevando adelante Martínez de Hoz: “La política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”.
Y es que para poder ejecutar las políticas que se digitaban desde Washington era necesario ilegalizar gremios y partidos, y, sobre todo, establecer el terror sobre un pueblo que había soñado con un mundo de justicia social. Más de 30.000 detenidos desaparecidos en centros clandestinos de tortura dan cuenta de ello.
En este Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 42 años desde que se instalara la última dictadura genocida se hace necesario advertir sobre la nueva avanzada de un modelo neoliberal que vuelve a postergar a las mayorías, endeudando a generaciones enteras y vaciando al Estado en su rol clave. La clase trabajadora vuelve a ser la moneda de ajuste y la desocupación y la pobreza ganan las calles y la represión de la protesta social –y en particular de los pueblos originarios, en pos de avanzar con grandes negociados sobre el territorio- es de una escalada sin precedentes en democracia. La muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel por el accionar de la Gendarmería y la Prefectura son dos ejemplos contundentes del accionar irreverente de las fuerzas de seguridad.
Preocupa también en este sentido la creciente militarización de la Patagonia, con grupos como el denominado Comando Unificado Patagónico integrado por los Estados Provinciales y el Nacional, que parecen preparados para custodiar, a como dé lugar, los intereses de los grandes grupos económicos y los terratenientes. El mismo ya anunció que prevé que unos 400 uniformados se instalen en Comodoro Rivadavia y un número igual de gendarmes se ubiquen de manera permanente en Neuquén. La información llegó tras la reunión que el viernes 16 de marzo tuvo el CUP en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche -mismo lugar desde donde se lanzó el operativo de desalojo de la comunidad mapuche de Cushamen que terminó con la vida de Santiago Maldonado- y el objetivo, según el propio secretario de Seguridad de la nación, Eugenio Burzaco, “generar políticas coordinadas con las provincias vinculadas al narcotráfico y los grupos radicalizados mapuches”. No hay mucho que agregar, teniendo en cuenta que hasta el momento ninguna de las denuncias de “terrorismo” emitidas desde el Gobierno han encontrado asidero real.
Misma preocupación genera el proyecto del Gobierno que prevé la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR), conformada por las tres Fuerzas Armadas para colaborar con el accionar del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Bariloche se moviliza
Todas estas inquietudes seguramente se verán reflejadas en el documento único que pudieron consensuar diversas organizaciones y que se leerá esta tarde al culminar la movilización que en Bariloche iniciará a las 17.00 desde Onelli y Brown para culminar en el Centro Cívico, donde habrá por la mañana repintada de pañuelos.
En este marco, volverá a hacerse hincapié sobre la noticia de que dos genocidas de la dictadura se hallaban con prisión domiciliaria en esta ciudad, dato que puso en alerta sobre la impunidad que todavía pesa sobre quienes llevaron adelante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En todo el territorio preocupa la creciente posibilidad de que diversos condenados sean beneficiados por la ley, como fue el caso de la prisión domiciliaria otorgada al exjefe policial, Miguel Etchecoltaz, que fue revocada recientemente. Este fue uno de los casos emblema al que ahora le sigue la posibilidad de que Alfredo Astiz acceda en breve a ese beneficio.
Por otro lado, cabe destacarse en este marco que este viernes la Secretaría de Derechos presentó en conferencia de prensa la creación de un registro unificado de desaparecidos y asesinados entre el 1976 y 1983. Del mismo se desprende que hubo 69 personas desaparecidas durante la dictadura, y otras 6 entre 1973 y 1976. De esta manera, el trabajo iniciado en el 2017 permite acceder a datos estadísticos sobre cómo operó el terrorismo de estado en toda la provincia.
Con unidad en las calles, en todo el territorio el pueblo vuelve así a movilizarse en memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos para exigir justicia y soltar a viva voz una vez más: ¡presentes!
Por Violeta Moraga
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen