Un proyecto de Ley realizado por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia. ¿Desde los feminismos populares y el progresismo no hay nada para decir?
Hay ciertos temas que desde los sectores progresistas se prefiere no hablar, se “esquiva el bulto” se diría en la jerga popular. Tal vez porque al tratarlos nos obliga a repensar, ser autocríticos y salirnos de ciertos dogmas que conforman nuestra identidad.
A su vez nuestros opositores nunca dejan pasar la ocasión para sacar rédito político de nuestras contradicciones y errores.
Aun así, hay temas que deben tratarse porque de lo que no se habla, tarde o temprano, salen al a la luz y la derecha siempre está ahí para darle una supuesta solución a temas complejos a los cuales le damos la espalda.
Una de estos temas son los casos de denuncias falsas en casos de violencia de género, abuso sexual y violencia interfamiliar. Ya hace unos años desde ciertos sectores muy minoritarios mayoritariamente conservadores y de derecha vienen tratando este tema. La cantidad de casos en estos últimos años viene en aumento, y ya se creó un clima de secretos a voces en la sociedad donde la mayoría de la gente tiene casos conocidos que padecieron una denuncia falsa con consecuencias graves para su vida.
Estadísticas
Unos de los problemas aparejados con esta temática es la falta de estadísticas oficiales. Las estadísticas nos permiten salir de la subjetividad y de ciertos sesgos ideológicos que a veces entorpecen el análisis, el diagnóstico y la posible solución de la problemática.
La abogada Patricia Anzoátegui creó ante el crecimiento de casos un observatorio de falsa denuncias en el año 2021. La filosofa Roxana Kreimer creadora de Feminismo científico y parte del equipo del observatorio declara que lo más adecuado sería decir que solo se investiga un número ínfimo de denuncias falsas ya que la mayoría de las denuncias son archivadas o sobreseídas cuando el juez no encuentra evidencias de delito, el caso se archiva, y es en ese volumen de causas archivadas o sobreseídas donde podrían ocultarse las denuncias falsas. Además cuando el acusado es declarado inocente tras el juicio, la mayoría de los jueces no ordena investigar de oficio si se trató o no de una denuncia falsa. Son muy pocos los acusados sobreseídos que inician una demanda contra la persona que realizó la denuncia falsa ya sea por el cansancio y desgaste que implica exponerse nuevamente ante la justicia y/o porque la pena hoy en día es muy baja. El art 245 del Código Penal Argentino dice “ Se impondrá prisión de dos meses a un año o una multa (…) al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad“.
Daños colaterales
Los daños que conlleva en la vida de las personas una denuncia falsa no solo afecta a los varones, afecta también a las mujeres (aunque en minoría hay hombres que realizan denuncias falsas contra mujeres en caso de litigio de custodia de un menor) , afecta también a los abuelos que se ven impedidos de ver a sus nietos y sobretodo y de lo que se habla y se cuestiona muy poco es que afecta a los niñxs involucrados que son la verdaderas víctimas cuando son parte de un botín de guerra en una separación conflictiva.
Anzoátegui dice que es un fenómeno que viene creciendo en Tribunales: el uso de la denuncia de violencia o de abuso infantil contra un ex cónyuge en el contexto de un divorcio o separación conflictiva. Para estos casos la abogada alega que “La perspectiva de género no puede estar por delante de la perspectiva de infancia”, “Hay sesgo en la percepción de que la víctima siempre dice la verdad y de que la persona que denuncia es la víctima, cuando en realidad la víctima es el menor”
El carancheo
Patricia Anzoátegui también apunta a que hay una industria del falso juicio, lo que se llama comúnmente “Caranchos”. La abogada Carolina Jacky especialista en violencia de genero declara: “Existen profesionales del derecho que promueven las falsas denuncias y que para esto se valen de certificados psicológicos o psiquiátricos otorgados por profesionales de la salud sin experiencia ni certificación de especialidad en violencia de género”. Anzoátegui también cuestiona que los jueces acepten cámaras Gesell hechas por asociaciones privadas y resalta la importancia que haya peritos oficiales.
La lentitud de la justica es el problema mayor en estos casos ya que en un litigio familiar donde uno de los cónyuges hace una denuncia por abuso o por violencia el juez debería en 48 horas entrevistar a las personas involucradas. Esto no es lo que ocurre y dictan automáticamente una orden de exclusión y no hacen la audiencia. En muchos casos hasta que termine la causa penal no pueden ver a sus hijxs y esto puede demorar muchos años.
Contrapuntos
En estas últimas semanas el tema salió de las tinieblas y estuvo en los medios. Se presentó un proyecto de Ley realizado por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, que propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia, por otro que impone prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, que serían castigadas con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.
El debate se puso sobre la mesa: “El objetivo es desalentar las denuncias y que el sistema de Justicia desconozca estos hechos”, advierte Ileana Arduino, especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género en una nota para el Diario Ar, además subraya que “Las falsas denuncias constituyen un argumento central en las acciones contra el feminismo, Son parte del kit de la reacción conservadora antiderechos en el mundo entero. No tienen sustento fáctico o estadístico que demuestren la existencia de un problema significativo”
¿Cómo se pueden encontrar estas dos posturas para que la justicia dé una solución real y concreta tanto para que las mujeres que sufren violencia de genero tengan una respuesta inmediata y para que las personas que son denunciadas falsamente pueden demostrarlo con celeridad?
Unas de las claves es reconocer que el problema existe sin ningunearlo, ni minimizarlo ya que afecta muy gravemente a hombres, mujeres y sobre todo niñxs, que no pueden recuperar jamás el tiempo que no fueron maternados o paternados producto de una denuncia falsa.
Blanco sobre negro
Durante muchos años las mujeres no fueron escuchadas, no se tomaba en serio sus denuncias y las violencias de genero eran consideradas meramente un asunto doméstico y privado. Gracias a la avanzada del feminismo se logró sacar a luz esta problemática y que sea considerado un problema social. Los jueces comenzaron a evaluar las denuncias con perspectiva de género y alentaron a muchas mujeres a comenzar a hablar y salir del manto de silencio. Esto a su vez trajo aparejado como es lógico un desequilibrio y desbarajuste en el sistema judicial que es perfectible y depende de la subjetividad de cada juez. Según Gherardi la perspectiva de género es: “considerar los hechos, analizar las pruebas, interpretar el Derecho sin estereotipos ni prejuicios contra las mujeres, tratando de garantizar la imparcialidad judicial que no quiere decir que las mujeres no tengan que presentar pruebas ni que un hombre esté condenado desde el principio”; esto último en la práctica no es tan así, ya que muchas veces se aplica revirtiendo la presunción de inocencia, es decir, el hombre es considerado culpable hasta que demuestre lo contario. La reversión de la carga de la prueba combinada con la lentitud de la justicia trae aparejado muchas injusticias ya que por una cuestión preventiva por ejemplo en el caso de una denuncia por abuso a un niño/a, muchos padres son alejados de sus hijxs y hasta que el padre demuestra que es inocente pueden pasar muchos años. El problema en todos los casos radica en la falta de registros, en la inoperancia y la lentitud de la justicia para investigar y dictaminar fallos.
¿Qué hacemos?
Las denuncias falsas no solo ponen en jaque la palabra de las mujeres que durante muchos años fue desestimada sino también le quita enormidad de recursos y tiempo para darle solución a los verdaderos casos. En este sentido el proyecto de Losada apunta a una solución punitiva para desalentar las denuncias falsas ya que ahora prácticamente no tiene ningún coste. Algunos detractores señalan que esta ley apunta solo contra las mujeres para que se vuelva a descreer de su palabra y que las desaliente a denunciar. La realidad es que esta ley es presentada en un contexto donde el gobierno apunta a deslegitimar, desalentar y quitar todas las políticas de género logradas hasta el momento. Es difícil poder creer en sus buenas intenciones.
Y es aquí donde se abren muchas preguntas para abrir el debate y sacar el tema debajo de la alfombra: ¿Debemos entonces no tratar esta problemática? ¿Dejamos que la derecha, como hace siempre, proponga solo soluciones punitivitas? ¿Seguimos negando que el problema existe y que la ciudadanía busque soluciones en sectores conservadores y reaccionarios? ¿Deberíamos discutir el proyecto presentado por la UCR o deberíamos desde otro sector no conservador proponer otro proyecto?
Solo preguntas que nos hacen pensar que la realidad es más compleja y que a veces hace falta no solo convicciones, sino una apertura de pensamiento y escucha abierta para poder cambiarla.
Por Irene Rassetto
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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