Este 24 de enero los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) se suman a la movilización convocada por la CGT y las CTA. Más del cincuenta por ciento del personal del organismo está en riesgo de perder su empleo. Al Margen conversó con Marcelo Rojas, delegado de la Dirección Regional Patagonia Norte de conservación.
El DNU 70/2023 y el proyecto de Ley “Ómnibus” hacen tambalear a un organismo con 120 años de historia que cumple un rol fundamental para la conservación del patrimonio natural y cultural de los argentinos y las argentinas. En este momento, la gestión estatal y federal de la Administración de Parques Nacionales no tiene quien la presida, como otros organismos del Estado, ha quedado acéfalo, sumergiendo a los trabajadores en un clima de incertidumbre.
Marcelo Rojas hace quince años trabaja en el Estado nacional, primero en el área de obras hídricas y hace tres años en la Administración de Parques. Es contratado y este 31 de marzo -junto a 131 otros empleados de la provincia- puede quedarse sin trabajo.
-¿Cómo afecta el DNU a los trabajadores rionegrinos de la APN?
-En Bariloche tenemos una gran cantidad de sectores afectados por el decreto 84. No solo el área protegida del Parque Nacional Nahuel Huapi, sino también la Dirección Regional Patagonia Norte que trabaja con las áreas protegidas en Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y el área de Patagonia de Obras, que coordina las obras en esta zona. Puntualmente el decreto 84 establece restricciones en la continuidad de las contrataciones en el Estado. El 50% de la planta de trabajadores de Parques Nacionales está contratado, muchísimos trabajamos hace más de diez años, sin embargo tenemos contratos temporales y este decreto nos pone en revisión hasta el 31 de marzo. Somos 132 compañeros a nivel provincial: 60 brigadistas de incendios forestales, 56 técnicos profesionales desde ingenieros ambientales pasando por geógrafos, antropólogos, biólogos y técnicos administrativos que tienen experiencia y son la base fundamental para el funcionamiento de los distintos sectores. Este gobierno parte de la premisa: que nuestra labor no está justificada y que hay que hacer todo un procedimiento administrativo para justificar que continuemos, cuando realizamos tareas permanentes desde hace años. Hay un fraude laboral encubierto en una relación de trabajo permanente mediante contratos temporales.
-¿Cuáles son los alcances del DNU 70 y la Ley Ómnibus en relación a las áreas protegidas?
-La ley ómnibus plantea retrocesos en materia ambiental. Amenaza los bosques habilitando desmontes en sectores prohibidos y la quema sin una evaluación técnica ni autorización del Estado. Esto aumenta las posibilidades de incendios y la pérdida de estos ecosistemas. También modifica la ley de glaciares permitiendo la minería en el ambiente periglaciar, y la ley de pesca, profundizando el extractivismo de los recursos marítimos y afectando la conservación de su biodiversidad.
La importancia de APN tiene que ver con la protección del patrimonio natural y cultural y también con el aprovechamiento y el disfrute, el acceso a la población de estas zonas que atraen mucho turismo, poniendo atención en los valores de la conservación de la flora y fauna. La supervisión del medio ambiente es clave para el desarrollo regional de la ciudad de Bariloche y alrededores. Esta tarea está hecha por técnicos que están lamentablemente contratados y con riesgo de perder su trabajo. Por eso es que estamos poniendo una alerta. No solo corren riesgos los puestos de trabajo sino también las áreas protegidas.
-¿Cuáles son las acciones de lucha que están llevando a cabo?
-Salió una nota de los trabajadores de las distintas áreas de la provincia de Río Negro pidiendo a las autoridades provinciales y municipales que apoyen el reclamo para la continuidad de los contratos. Ya tuvimos una respuesta positiva por parte de los legisladores provinciales del bloque del Partido Justicialista/Nuevo Encuentro.
También se decidió la participación en la movilización del paro del día 24 de enero junto con las centrales sindicales en rechazo al proyecto de Ley Ómnibus y al decreto 84. Y el 7 de febrero desde todos los sectores de Parque Nacionales vamos a llamar a una radio abierta en el Centro Cívico a las 18 horas, convocando a la sociedad, a las ONG y a los distintos grupos que se quieran acercar en defensa de los Parques Nacionales y en defensa de sus trabajadores y trabajadoras.
Por Verónica Battaglia
Cooperativa de comunicación Al Margen
