En un contexto de aumento de la represión y mano dura, dialogamos con Gabriel Fuks, Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires sobre las políticas nacionales en torno a seguridad y algunas definiciones que hubo en el seminario “Derechos Humanos y Seguridad” que realizó la Defensoría del Pueblo porteña.
Gabriel Fuks Defensor del Pueblo de ciudad de Buenos Aires.
-Dentro de lo que fue el Seminario ¿Qué lugar ocupó el uso que se le está pretendiendo dar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia?
-Hemos definido tajantemente que la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interna es algo a contratiempo. Es un retroceso en cuanto a la inserción de las Fuerzas Armadas en la democracia, que se escuda detrás de un apoyo logístico a las fronteras en un país que tiene cuatro Fuerzas de Seguridad que trabajan allí, es innecesario.
A esas Fuerzas Armadas que quieren poner en la línea de frontera, las quieren usar para una estrategia que indudablemente es convergente con lo que la crisis social trae aparejado. Les han dado un aumento del 8% que ha determinado la suspensión del desfile del 9 de julio.
-Teniendo en cuenta que en este seminario participaron actores de distintos lugares de Latinoamérica ¿Cómo se analiza el caso de Brasil con la militarización de las favelas? ¿Cuál sería el paralelismo con algunos planteos respecto al Conurbano Bonaerense?
-Estuvo una representante de la Universidad Cándido Mendes de Río de Janeiro que participa de la observación de la participación militar en las favelas, y que, claramente, nos explicitó lo que ellos ven como un fracaso en términos de la garantización de la seguridad pública.
Lo que ven son situaciones en las cuales ese uso de las Fuerzas Armadas se transforma un ataque directo contra los habitantes de las favelas. Es una situación que escudada en un ataque contra el narcotráfico, termina siendo una guerra contra la sociedad civil, incluyendo chicos, adolescentes y mujeres.
– ¿En qué consiste el Protocolo para la Irrupción de las Fuerzas de Seguridad en las Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires?
-Es un tema que todavía está judicializado, aunque hubo un Fallo de Cámara reciente que homologaba ese Protocolo presentado por el Ministerio de Educación de la Ciudad. La Jueza Liberatori lo había revocado, todavía sigue la discusión.
Básicamente lo que hace este protocolo es obligar a los padres de los alumnos a hacerse responsables patrimonialmente en el caso de que los alumnos produzcan alguna toma del establecimiento… Situaciones que generen la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad en determinados casos entren en las escuelas, lo que cual está totalmente prohibido por otras normas, por eso el tema va a seguir siendo judicializado.
Hay una visión sobre estas cosas por parte del Ministerio de Educación que no sólo no compartimos, sino que nos parece acusatorio hacia la militancia social juvenil. No estamos dispuestos a que a los chicos se los entre en una securitización como la que ese protocolo plantea.
-Frente a casos que nos tocan acá en la región patagónica, como las repercusiones por los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel ¿Ustedes ven que desde el poder político se plantea un seguimiento de las posiciones de las Naciones Unidas?
-Nosotros, al menos como Defensoría del Pueblo de la Ciudad, estamos intentando que a todo el mundo le quede claro que no hay discusiones que se puedan inventar al estilo de “garantistas versus no garantistas”, esas tonterías que muchas veces suelen mediatizarse. Existe un contexto y ese contexto no es un invento de nadie en particular, sino que son recomendaciones del sistema.
A veces uno tiene dudas si van a seguirlas, especialmente como se trabajan esos temas desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, impulsando discusiones como la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interna. Al menos nosotros estamos intentando que quede claro que no hay dos o tres doctrinas de seguridad, hay una única doctrina sobre el uso la fuerza.
Estamos en un país donde esto tiene antecedentes bastaste graves. Muchos casos recientes como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado están dentro de ese contexto. La preocupación es que estas situaciones se desarrollan en un contexto de crisis económico social con mayor virulencia.
Como dijo el representante local de Naciones Unidas en el seminario; no se puede hablar en abstracto del uso de la fuerza si no hay un acceso a la justicia suficiente y no se plantea una sociedad sustentable. El uso de la fuerza no es una abstracción que dice “mi derecho termina donde empieza el del otro” … El derecho a la protesta es un derecho inalienable que normalmente ejercen aquellos que no logran que los mecanismos normales de representación canalicen sus demandas. Este derecho en una crisis económico social, toca y corre riesgos como hemos visto en muchos casos. Hay que dejar esto claro, no podemos permitir que se ridiculice esta discusión.
Por Fabián Agosta y Julia Biagioli
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
