El Gobierno dice que los mantendrá a pesar del ajuste. Pero los trabajadores de la economía popular denuncian un viraje en su filosofía. La situación en Bariloche.
El programa Argentina Trabaja fomentaba el cooperativismo y el mejoramiento comunitario, hoy el programa pierde su esencia. Foto: Duke
En la necesidad de maquillar el ajuste, Nicolás Dujovne y la presidenta del FMI resaltaron que el préstamo financiero no devengará en una reducción de la asistencia social. La carta de intención prevé para los próximos tres años un incremento del 59% en los programas de asignaciones familiares, aunque la inflación prevista por el mercado es del 68%.
“La contención social del FMI es mentirosa. No habrá recorte, pero subirán salarios por debajo de los precios. Es la vieja estafa de la derecha”, define AL MARGEN Esteban Castro, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Horas después de que la UCA diera a conocer que el 50% de los pibes en la Argentina es pobre, el Gobierno decretó para los trabajadores de la Economía Popular un incremento del 26,5% en el salario social complementario durante el próximo semestre (llegará en diciembre a $6000) y del 50% en los cupos de alimentos. A la salida de la negociación, Daniel Menéndez de Barrios de Pie lo graficó como una buena actualización, si la economía estuviese normalizada.
“Lo grave del momento es que hay hambre”, dice Castro. “Eso nos hace retroceder en los debates, porque tenemos que hacernos cargo de una situación que desde hace un mes y medio creció muy fuerte. Vamos a tener que pelear por lo que perdimos”.
El dirigente se refiere no sólo a la pérdida de poder adquisitivo, sino también a la finalidad de los programas de empleo. Hasta hace poco, por ejemplo, 400 mil personas realizaban tareas de mejoramiento comunitario bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social. Alrededor de 250 entidades ejecutoras (municipios o cooperativas) detectaban necesidades y unidades productivas (cuadrillas o cooperativas más pequeñas) desmalezaban, pintaban, levantaban veredas, cunetas.
En su afán de quitarle poder a los intendentes, Cambiemos viene cerrando esas entidades ejecutoras y ofrece a los beneficiarios inscribirse en Hacemos Futuro: allí una máquina le ordena dónde asistir para terminar la secundaria o capacitarse en algún oficio, sin salida laboral.
“No es serio; funciona dos veces por semana dos horas y en vez de recurrir a la tecnología usan pizarra”, describe AL MARGEN Juan Carlos Alderete, titular de la Corriente Clasista y Combativa, sobre la realidad en el municipio más poblado de Argentina: La Matanza.
De esta manera, el Gobierno se ahorra el salario de técnicos contables, arquitectos, maestros mayor de obra, materiales, equipamientos, insumos y todo lo necesario para el funcionamiento de una cooperativa.
“Nosotros creemos que tenemos que formarnos sobre un modelo de producción. No está mal finalizar el primario o el secundario. Pero si los terminás sin salida laboral, cuanto te quitan el beneficio del programa quedás aislado”, analiza Castro.
Bariloche no es la excepción: se calcula que sólo el 15% de las cooperativas existentes pudieron mantenerse a flote, y son justamente aquellas que tienen un desarrollo cooperativo más sofisticado, con capacidad administrativa jurídica por impulso de sus asociados.
El 16 de junio pasado finalizó el último contrato de la CEB (Cooperativa Eléctrica de Bariloche, una de las entidades ejecutoras) con el secretario de Economía Social, Matías Kelly. Más de la mitad de los grupos de trabajo ligados a la CEB ya están desarticulados, como la inmensa mayoría de las cooperativas ligadas al municipio, otro de los entes ejecutores.
“Lo que ha cambiado es el paradigma de la política social”, comenta AL MARGEN Marcelo Viñuela, de cooperativa Laburar y miembro del Movimiento de Trabadores Excluidos de Bariloche. “Se abandona el desarrollo de obras que mejoran la vida comunitaria y se promueve fragmentación con mirada tutelar, porque se promueven las cooperativas desde el Estado y no las que hayan surgido desde abajo”.
Igual de amenazados están los Programas de Trabajo Autogestionado, dependientes del ministerio que conduce Jorge Triaca. A principio de año, el Gobierno decidió reducir paulatinamente el universo de 280 mil beneficiarios, traspasándolos al ministerio de Desarrollo Social en algunos casos y, en otros, dejándolos al desamparo.
Este último caso es el que atañe a los cooperativistas del Estacionamiento Medido de nuestra ciudad. Finalizado el convenio con el ministerio de Trabajo, hoy buscan la manera de alcanzar el salario mínimo vital y móvil, sin el acompañamiento del Estado.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
