Durante el primer trimestre hubo un 10% más de reclamos laborales que a fin de año pasado. Empujados por el sector privado, la defensa del puesto de trabajo encabeza el ranking de las demandas
La Patagonia lidera el indice de conflitividad social según un estudio de la CTA Autónoma . Foto: Euge Neme.
En el primer trimestre del año, las calles y rutas patagónicas fueron escenario de 78 medidas de fuerza: el 50% se desarrolló por despidos, cierres de empresas y deudas salariales. Representaron el 29% de los conflictos en todo el país, por sobre el AMBA -ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires- con el 26% y la región pampeana con el 23%.
La estadística surge de un informe elaborado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, y asegura que las peleas del sector público en la Patagonia se concentraron en Rio Negro (50%) y Neuquén (22%). No obstante, la mayor intensidad se registró en Chubut, donde se extendieron a todos los sectores y se sostienen en el tiempo.
En el sector privado, en tanto, la región patagónica, pampeana y el AMBA explican el 82% de los conflictos. Al sur del Río Colorado, las disputas tuvieron origen en empresas constructoras, petroleras y frutícolas, entre otras.
El componente de esa pelea fue menos por reivindicaciones salariales que por situaciones de crisis (cierre de empresas, despidos, sueldos atrasados). En la ciudad de Bariloche, una de las más pobladas, el desempleo de obreros de la construcción alcanzó en la primera parte del año al 30% del gremio. La situación empeorará, tras el congelamiento en la obra pública producto del acuerdo con el FMI.
También fueron analizadas las luchas motorizadas por los trabajadores de la economía popular, cuya principal demanda fue el mantenimiento de las fuentes de empleo y la creación de nuevos puestos. Hubo un 14% más de conflictos respecto al último trimestre de 2017, aunque un 20% menos respecto al mismo período del año anterior.
En este sentido, en el sector público se incrementaron en un 17,6% las disputas en comparación con un año atrás, y permanecieron constantes respecto del trimestre anterior. En el sector privado, en tanto, crecieron un 28% en comparación con el último trimestre de 2017, aunque se encuentran por debajo de los niveles de un año atrás.
Al igual que en los ´90, el contenido de las demandas se aleja de lo salarial, porque prima una reivindicación más elemental: la defensa del puesto de trabajo. El despido, en este sentido, actúa como fuerte disciplinante del reclamo por aumento de sueldo.
De acuerdo al Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, en el sector público predominaron con el 61% las demandas por situaciones de crisis (cierres de empresas, despidos, retrasos en el pago de sueldos), seguidas con el 47% por conflictos vinculados a reclamos salariales. En el primer caso se destacan los despidos de cientos de trabajadores dependientes del Estado Nacional y de las provincias, mientras que en el segundo el reclamo de paritarias en la enseñanza. El vaciamiento en las administraciones de los estados comprendió a INTI, SENASA, Programa Nuestra Escuela, Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Radio Nacional, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares de Villa María, Conicet, Ballet Nacional de Danzas, Ministerio de Hacienda, Casa de la Moneda, y las empresas YCRT, Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Canal de la Ciudad y Televisión Pública.
En el sector privado, en tanto, los reclamos por situaciones de crisis explican la mayoría de las disputas, mientras que tan sólo se registraron 13 reclamos por incrementos salariales.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
