La ex senadora nacional, amparista por el acceso al lago con costas en la mansión del empresario Lewis, espera un revés en los tribunales rionegrinos. Ya anticipó su apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Magdalena Odarda impulsa desde 2005 el amparo por el acceso a Lago Escondido. El dictamen de las últimas horas del jefe de los fiscales Jorge Crespo, antesala al fallo definitivo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, no la sorprendió. “Sus dictámenes previos a sentencias de alto interés público estuvieron siempre de acuerdo al interés del gobierno de turno”, dice en esta nota a Al Margen.
Crespo sugirió revocar un fallo de la Cámara Civil de Bariloche de octubre pasado, que sostiene otro del juez Carlos Cuellar de 2013, que ordena acondicionar la traza corta y larga de acceso a Lago Escondido. Ahora la decisión la tiene el máximo tribunal de la Provincia. De los cinco jueces que lo componen, cuatro fueron recusados por Odarda.
La ex senadora, ex legisladora y ex titular del INAI afirma: “Con este dictamen se termina de regalar el lago a un inglés en área de frontera, a 40 años de la gesta de Malvinas”.
– ¿Le sorprendió el dictamen del Procurador Crespo?
Hace días vengo anunciando un escándalo jurídico respecto a Lago Escondido.
– ¿Por qué?
-Este dictamen del Procurador Crespo era esperable, porque todos sus dictámenes previos a sentencias de alto interés público estuvieron de acuerdo al interés del gobierno de turno. Así que no nos extraña la posición de Crespo ni de la doctora Liliana Piccinini (ex Procuradora y actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia) cuando se expidió a favor de la posición de Joe Lewis.
– ¿Qué lectura hace del dictamen?
-Esta resolución viene a regalar definitivamente Lago Escondido a un millonario inglés y a reírse del pueblo argentino que pacíficamente actuó de acuerdo a las instituciones. Tras un juicio de 18 años, los ciudadanos son obligados a conocer un bien de dominio público internándose en un sendero de montaña altamente peligroso apto sólo para una elite adiestrada, como dicen los propios jueces, no apto para niños ni ancianos, mientras que tenemos un camino de 19 kilómetros transitado por camiones que llevan maquinaria a la usina eléctrica de Lewis. Para no alterar la paz y disfrute de él y sus amigos que trae de Buenos Aires, entre ellos jueces federales y empresarios, Weretilneck dio la instrucción de seguir apelando eternamente la sentencia hasta llegar a un tribunal que dé garantías de que esa sentencia va a contravenir los intereses de los ciudadanos y cerrará cualquier posibilidad de ingreso a un lago de dominio público.
– ¿Cómo sigue la causa?
-Ahora esperamos el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Mientras tanto trabajamos en una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los gravísimos ataques a manifestantes en estos años; por la conformación de una fuerza parapolicial a la que se le concedió una impunidad vergonzosa en un estado de derecho; porque la Policía de Río Negro tuvo una posición pasiva frente a los ataques a los activistas ambientales.
– ¿Cree que el Superior Tribunal fallará acorde al dictamen del Procurador?
-No me queda ninguna duda, por eso los jueces del Superior Tribunal de Justicia fueron recusados sospechados de sus relaciones políticas con gobiernos de turno, como el caso del doctor Ceci y la doctora Piccinini. Hubo dos que se negaron a apartarse, a pesar de haber sido denunciados sus vínculos con Weretilneck, que se negó a cumplir con el fallo del doctor Cuellar de 2013. Uno es el doctor Apcarian, abogado de Weretilneck y del municipio de Cipolletti cuando Weretilneck era intendente, además de participar de la destitución de la jueza Fontena tras una denuncia de uno de los abogados de Lewis. El otro es el doctor Barotto, que debió haberse apartado voluntariamente. Ambos serán parte de esa sentencia a favor de Lewis.
– ¿Va a apelar la decisión del Superior Tribunal si fallara contra el amparo?
-Si, vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio tiene tantos años como sentencias favorables a los ciudadanos, incluso algunas de la Corte Suprema en 2010 y 2013. La sentencia a favor del acceso libre es firme y consentida, aunque lamentablemente desconocida por el Superior Tribunal de Justicia y el Procurador.
-El Procurador sostiene que la orden del juez Cuellar de acondicionar la traza corta y larga a Lago Escondido modifica una sentencia previa del Superior Tribunal.
-El fallo de Cuellar es sólido porque ejecuta el mandato del Superior Tribunal de efectivizar la sentencia de acceso a Lago Escondido. Él estableció que en tres meses debía abrirse el Camino de Tacuifí, darle transitabilidad y condiciones de seguridad, y además que en dos meses el Gobierno debía iniciar acciones administrativas necesarias a tales fines, que no implica necesariamente una expropiación ni una servidumbre, sino una restricción administrativa para garantizar el acceso de los ciudadanos.
Pero además, los jueces tienen facultades interpretativas, hacen a su esencia para ejecutar un fallo, bajarlo al terreno, hacerlo efectivo. Incluso nueve años después, en septiembre pasado, la Cámara de Bariloche dictaminó con dos votos contra uno que el fallo de Cuellar es correcto. Sucede que la Provincia, junto a los abogados de Lewis, tenía la esperanza de que el fallo llegara a un tribunal parcial y sin independencia. Por eso recusamos a cuatro jueces, incluso a un juez sustituto, el doctor Gaitán, abogado de Nicolás Van Ditmar, la cara de Lewis en la Argentina, cuando habló de que si era necesario correría sangre para defender la propiedad privada. Si no hubiera sido por nuestra denuncia a tiempo, Gaitán hubiera fallado.
Para que el estado de derecho funcione, los jueces con sospecha de vínculos con el poder político debieran haberse apartado por decoro y delicadeza.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación popular Al Margen
