La Jueza de familia Marcela Pájaro dictó un fallo que obliga a la Policía a frenar los hostigamientos hacia los adolescentes del barrio Virgen Misionera, y a que los agentes estén identificados y con la cara descubierta.
La Jueza Marcela Pájaro aceptó el Habeas Corpus presentado por el Movimiento de Infancia y emitió un fallo contundente. Fotos: Euge Neme y Hernán Pirato Mazza.
La jueza aceptó el Habeas Corpus presentado por los abogados del Movimiento de Infancia de Bariloche tras los sucesos acontecidos en el barrio Virgen Misionera con adolescentes que concurren a las diferentes escuelas que allí tiene la Fundación Gente Nueva y en una sentencia ejemplar ordenó a la policía a terminar con los amedrentamientos a los adolescentes que transitan por ese barrio.
“… Por existir suficientes elementos que acreditan limitaciones a la libertad, amedrentamiento, hostigamiento por parte del personal policial sin ningún tipo de justificación o motivo y que este colectivo de estudiantes tiene razones fundadas y objetivas para temer por su libertad ambulatoria e integridad…” fue el fundamento con el que la Jueza dio lugar al habeas corpus que presentaron los abogados Sofia Bordenave y Ezequiel Palavecino en representación de la Fundación Gente Nueva y el Movimiento de infancia.
Además, el fallo le responde en duros términos a la respuesta esgrimida por el Ministro de Seguridad Pérez Esteban quien en la audiencia preliminar que tuvieron las partes amenazó con retirar al personal policial de dicho Barrio: “… No puedo ni quiero dejar pasar que en su presentación de fojas 39 a 44, el Sr Ministro Pérez Esteban consigna lo que parece ser una velada amenaza:
Dice el ministro: “Sin Perjuicio de ello, y atento el requerimiento de los reclamantes, de los eventuales ·hechos de hostigamiento o agresiones o amenazas inminentes” que provoca la presencia policial en la zona urbana de situación, una de las alternativas que pueden manejarse desde la jefatura de Policía es excluir del diagrama policial los rondines, patrullas motorizadas y peatonales en el barrio Virgen Misionera”
“La insólita “propuesta” del Sr Ministro no puede soslayarse, ya que implica desentenderse de la seguridad de los barrios si no se admite el accionar ilegítimo de ciertos agentes policiales. Esto aparejaría además la virtual creación de zonas liberadas y el enfrentamiento entre vecinos…” fundamentó Marcela Pájaro en este valioso fallo para pibes y pibas que transitan ese barrio del oeste barilochense.
“… De la lectura de las presentaciones realizadas destaco que la policía… reconoció la existencia de motos sin patente, lo que en una institución oficial de seguridad de una sociedad democrática es inexcusable. También se reconoció en audiencia –con diversos justificativos- la falta de identificación de los agentes. Toda la información brindada por el Ministerio de Seguridad versa sobre cuestiones referidas a la aprehensión de personas menores de edad, cuanto estos aparecen como autores presuntos de delitos.
Sin embargo, en los hechos de que da cuenta el expediente, no se ha ni mencionado, ni acreditado ni verificado un solo hecho delictivo imputable a niños, niñas o adolescentes en ocasión y lugar aledaño a los establecimientos…Los estudiantes aparecen como víctimas y directos destinatarios de conductas inapropiadas, de hostigamiento y persecución, de amedrentamiento de personal policial en actitudes de claro e injustificado abuso de poder…” dice el fallo de Pájaro con lo cual no queda lugar a dudas que la policía hostigó a adolescentes que no cometieron ningún delito y que esas acciones de violencia policial estarían enmarcadas en que popularmente se conoce como: “portación de cara”, ser joven, transitar un barrio humilde y vestirse de cierta forma transforma a los jóvenes en objeto de persecución policial infundada.
En otros tramos de la sentencia la Jueza rescata la buena voluntad de los actores que firmaron los acuerdos – en referencia a la sesión del Consejo de infancia que sesionó en la escuela Amuyen el 9 de abril pasado- sin embargo, aclaró que: “es un indicador gravísimo que deba suscribirse un acuerdo para que la autoridad policial cumpla con sus obligaciones básicas, tales como contar con una identificación”. Es decir que está tan naturalizada la violencia institucional a las y los jóvenes que quienes trabajan en la materia tienen que acordar con las fuerzas de seguridad cuestiones que están garantizadas por la Ley.
Si bien este fallo se remite al barrio Virgen misionera; donde 4 adolescentes fueron rociados con gas pimienta mientras se dirigían a una actividad escolar, se podría pedir su aplicación a otros barrios del ejido municipal, ya que las leyes y fallos no se restringen a un solo territorio sino a toda la ciudad.
Por Alejandro Palmas
Equipo de Comunicación popular Colectivo al Margen
