Jorge Nawel Purrán, uno de los coordinadores de la Confederación Mapuche de Neuquén, responde las críticas de quienes desestiman la voz de las comunidades indígenas que buscan ejercer un derecho reconocido por ley.
Un inicio exitoso en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner dependerá, en parte, de la política que adopte el Estado en su relación con las comunidades indígenas que viven donde se proyecta el paso de los caños. El kilómetro cero del diseño está mapeado en el paraje Tratayen, territorio tradicional de la comunidad Fvta Xayen, al este de Neuquén, una de las 44 comunidades aún no relevadas ni reconocidas por el Estado de la provincia.
“El Gobierno de Neuquén manipula el reconocimiento de algunas comunidades mapuche, entregando personerías jurídicas de forma arbitraria”, dice Jorge Nawel Purrán, coordinador de Xawvnko, uno de los seis consejos zonales en los que está dividida la Confederación Mapuche de Neuquén con epicentro en Añelo y Rincón de los Sauces, corazón de Vaca Muerta.
“Nosotros queremos definir cuál será el derecho de esa comunidad ante semejante obra, que traerá un impacto tremendo sobre el territorio. No por el ducto, sino por todos los ductos que derivarán en ese gran caño”, dice Nawel Purrán.
– ¿Por qué el Gobierno de Neuquén asegura que el gasoducto no atravesará ninguna comunidad indígena?
-Eso lo dijo el ministro de Desarrollo Territorial (Jorge Lara), que es el encargado de aplicar la consulta libre, previa e informada a las comunidades para este tipo de proyectos. Para nosotros, es un pésimo interlocutor. Dice que no hay comunidad, porque le viene negando la personería jurídica a las comunidades. Lo suyo es una burrada. El Estado aplica una doble discriminación: no te consulta porque no tenés personería jurídica, y no tenés personería jurídica porque no te la da.
– ¿En qué consiste la consulta previa, libre e informada?
-Es un instrumento de diálogo, de negociación y de acuerdo. Debería aplicarse en toda acción pública.
– ¿Hubo experiencias exitosas de implementación?
-El Estado viene adeudando este derecho desde hace décadas. Las consultas deberían haberse comenzado a realizar a partir de 2001, cuanto entraron en vigencia. Por eso, es increíble el escándalo que genera en los grupos de poder el derecho a la consulta, a que las comunidades intervengan en proyectos que le transformarán la vida y que históricamente, en general, esa transformación fue para mal. Nosotros buscamos que sea para bien, ellos buscan impunidad para romper todo a su paso sin que nadie proteste.
– ¿Qué sería un resultado satisfactorio para las comunidades?
-Resguardar nuestra forma de vida, que el extractivismo no destroce aún más la convivencia interna, la salud, la seguridad, la cosmovisión mapuche.
– ¿Cómo creen que afectaría la construcción del gasoducto a las comunidades?
-Para el pueblo mapuche, el transporte del gas es una de las industrias ligadas al extractivismo menos dañinas que hay. Pero hay que entender que la tierra por donde pasan los ductos quedará inutilizada, dividirá al territorio, permitirá el ingreso de personas ajenas a la comunidad. Queremos saber: ¿cómo están previendo esos daños? ¿piensan mitigarlos?
-Días atrás hubo un encuentro de comunidades con el gobernador Gutiérrez. ¿Qué se habló allí?
-Recibimos una carpeta con una propuesta del gobernador acerca de cómo debieran implementarse las consultas. Es la consulta de las consultas. Ahora nosotros tenemos que opinar sobre esa propuesta.
Las comunidades mapuche de Río Negro también reclaman ser consultadas sobre el proyecto de instalación de parques eólicos y una planta de producción de hidrógeno verde. ¿Cómo observa el proceso en la provincia?
Veo que se aplica la misma discriminación y violación de derechos. Se suma la criminalización con condenas, sanciones y órdenes de desalojo. Es vergonzante.
– ¿Cómo es la relación de la Confederación con las empresas operadoras de Vaca Muerta?
Hubo una etapa muy problemática en la que nos iniciaron acciones judiciales, criminalizando nuestras prácticas, promoviendo desalojos, impulsando la violencia. Hoy los empresarios se dan cuenta de que el Estado es el que no les garantiza seguridad jurídica.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
