Casi dos centenares de firmas de particulares y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos acompañaron la presentación de un recurso de Casación ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con la intención de que haya un marco de cordura y respeto por los derechos humanos para la situación de Cuesta del Ternero. Entrevistamos a la abogada Silvia De los Santos, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut que impulsaron la presentación.
“El habeas corpus, presentado originalmente, fue rechazado luego de varios días por el Juzgado Multifuero Nº 11 a cargo del juez Marcelo Mucillo. Al rechazarse, interponemos un recurso que en la ley de Rio Negro está previsto que sea un recurso de Casación. Ante esta apelación, el mismo juzgado decidió conceder el recurso y remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. Esto significa que el expediente se va directamente a Viedma. Tendría que estar llegando hoy. Luego nos presentaríamos para pedir que los pedidos se resuelvan de manera inmediata porque la situación es urgente.”, explica la abogada De los Santos a Al Margen.
Los plazos son bastantes largos. El Superior Tribunal tendría 80 días para resolver.
Mientras tanto, en la Lof Quemquemtrew, poco o nada ha variado desde aquel día en que decidieron realizar el acampe para sostener el pedido humanitario de ingreso de alimento y abrigos para quienes resisten en el territorio. Hace más de un mes siguen integrantes de dicha comunidad sostienen en Cuesta del Ternero una reivindicación territorial. Han soportado inclemencias climáticas, destratos de todo tipo y han sido el blanco perfecto para construir (mayormente por los medios hegemónicos de comunicación y cierta parte del poder político) la famosa figura del “enemigo público”.
El recurso judicial presentado “tiene como propósito resguardar la vida y la integridad tanto de aquellos que componen la Lof como de las personas que sostienen el acampe. Solicita garantizar la libertad física, de circulación, la vida e integridad física de les integrantes de la comunidad, actualmente privades ilegalmente de su libertad en el territorio”.
En este sentido, la letrada agrega: “no se les permite salir de allí ni entrar al lugar. Hay un retén policial que corta todo acceso y además hay órdenes judiciales, primero fue una orden fiscal y después fue rectificada por un juez, que impiden el ingreso de alimento, abrigo y cualquier otro elemento hacia el lugar. Pedimos que la policía se vaya de allí así podremos ingresar y ver en qué condiciones están esas personas. No sabemos cuál es su situación de salud, se encuentran incomunicadas y no tienen ningún tipo de acceso a la justicia”.
“Están secuestradas de manera extorsiva en su territorio ancestral, transformado en un verdadero campo de concentración” argumentó la abogada. La analogía es muy fuerte pero es lo que está pasando porque la zona esta militarizada. “No es que libremente van a poder bajar de la montaña y salir caminando del lugar. Se les espera armados. Se les espera para exterminarles. Esto le pasó a Rafael Nahuel cuando corría hacia la montaña, lo acribillaron por la espalda”. Advierte. “Si nos remontamos un poco más atrás, siempre que actuaron las fuerzas de seguridad armadas de la forma en la que están hoy, nos lleva a pensar que esto termina en una masacre. Y es lo que están buscando además porque en todo este tiempo se han tomado el trabajo de intensificar el enemigo interno que están creando. Ya se les tacha de terroristas. Es decir que cuando bajen, quien baja no es una persona que está en el territorio. Es un terrorista cuyo exterminio estará justificado”.
El papel del Poder Judicial en Rio Negro
La denuncia apunta también a la “discriminación política e ideológica”, al “racismo” por parte del Poder Judicial y la “desproporcionalidad absoluta” de las medidas que se adoptan.
“Se están violando muchísimos derechos pero por empezar por el principio de inocencia”, aclara la abogada y continúa: “las personas que están en el territorio ni siquiera están identificadas en un proceso penal. No saben a quién están buscando, es al azar”.
Por otra parte, “toda persona tiene derecho a transitar un proceso penal en libertad, en este caso no. Y además no solo no lo pueden transitar en libertad porque no conocen ni siquiera quienes son las personas que van a resultar procesadas sino que además no les van a dejar circular nunca más por el territorio. Es decir, ya fueron condenadas como usurpadoras siendo que en primer lugar, la Patagonia no existía al momento de constituirse el Estado Argentino. Este territorio fue anexado a partir de un genocidio que llevó adelante el General Roca y que fue financiado por otras Coronas como la británica” … “en nuestro país, el genocidio es un delito que está previsto en la Constitución Nacional porque hay un tratado contra él y los crímenes de lesa humanidad. A su vez, está declarado por ley como indescriptible”.
Esta lectura revisionista de la historia de Argentina no es la que prima ni en el sistema judicial ni en gran parte de la sociedad. La fiscal Cendón lo dejó claro en su informe en aquella audiencia de fines de septiembre realizada en Bariloche: ese territorio le pertenece al Estado Argentino como tierras fiscales aseguró. “Es un recorte cronológico completamente caprichoso de su parte. Ella ya tomó posición”, dice De los Santos y en este mismo sentido, es que se pronunciaron el Juez Calcagno y el Juez Mucillo. Este último incluso desconociendo que las personas sean mapuches.
Hay más. “El juez (Mucillo) también dijo: vengan y recurran al fallo judicial. ¿Cómo van a recurrir si están en la montaña? ¿Qué forma tiene esa gente de acceder efectivamente a un juez o jueza que les garantice que va a poder salir de allí viva?”.
“En todo momento se privilegia un supuesto título que exhibe la persona física, que además ni siquiera es un título. Es una ocupación precaria que le han dado a un hombre que es el que hace la denuncia, de apellido Rocco. Por supuesto que no es mejor derecho que la posición ancestral e indígena”.
Pero esto que dice Silvia no han decidido tomando en cuenta como tampoco hacer cumplir la ley y hacer efectivas las sentencias que pesan sobre el magnate Joe Lewis quien se niega aún a abrir el camino de Tacuifí que permite el libre acceso al Lago Escondido.
“Este señor sí tiene usurpado un lago. Hay numerosos fallos, inclusos del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, que datan ya desde hace más de 16 años que así lo indican. Es la misma justicia de Rio Negro la que sentenció esto pero no utiliza las mismas medidas en contra de Lewis. Es más, el territorio es protegido por la Policía de Rio Negro en contra de las sentencias que tiene que cumplir”, dice. Más claro, echarle agua.
Conclusiones
Aquí entonces no se está hablando solamente de territorio. Se está hablando de humanidad, de vida e integridad física. Se pide que paren los tratos crueles, inhumanos y degradantes para quienes hoy ven negadas sus necesidades básicas. También que se desmilitarice el territorio para ejercer libre circulación, que cese la manipulación de los procesos penales en curso con fines de persecución político-ideológica y que puedan tener un acceso real a la justicia. Justicia que día a día demuestra la falta de perspectiva indígena entre les integrantes del Poder Judicial.
Mientras tanto, el acampe resiste y quienes se encuentran llevando adelante el proceso de recuperación territorial también. Los apoyos nacionales e internacionales continúan. En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a Nación un informe pormenorizado de la situación. Mientras tanto, más de lo que saben y vienen haciendo desde hace casi 200 años las comunidades mapuches de la región.
Por Luciana Avilés
Fotos: Maru Bleger
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
