Horas después que el juez Lleral cerrara la investigación por la desaparición forzada y muerte de Santiago, su hermano dio una charla en Bariloche.
A Sergio Maldonado no le pareció casual que el juez Gustavo Lleral cerrara el caso de desaparición forzada de su hermano durante el primero de los tres días en que Buenos Aires se encuentra militarizada, y en sus calles restringida la protesta social.
Lo aseguró ayer en una charla que ofreció junto a su compañera, Andrea Antico y la abogada Verónica Heredia en la sede del sindicato Unter en Bariloche, prevista desde antes que el juez adoptara su resolución.
“Dictada en el marco del G20, con todas las fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo y ancho del país, demuestra que saben de su injusticia y arbitrariedad, que saben de nuestra fortaleza como del acompañamiento del pueblo y que saben que resistiremos”, había anticipado la familia Maldonado en un comunicado.
Ayer temprano Lleral ordenó clausurar la investigación por la muerte de Santiago, a la que le adjudicó como causal una “sumatoria de incidencias” de las que “nadie fue penalmente responsable“. Asimismo, dictó el sobreseimiento “total y definitivo” del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado.
Para ello, se valió de los resultados de una pericia que consideraba determinante: la del DNI de la víctima. Según un ingeniero del INTI, el documento permaneció intacto en el agua durante 90 días, más de los que permaneció Santiago.
Sergio Maldonado advirtió que la familia exigirá una investigación sobre los dichos que el juez deslizara a su mamá, Estela, cuando le comunicó telefónicamente su resolución antes de hacerla pública: “Estoy siendo extorsionado”; “todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa”.
La serie de irregularidades que ensució la investigación desde el primero de agosto de 2017 tiñe sobre Sergio un escepticismo que le impide aferrarse a hipótesis alguna. Entre tantas, la construcción de mitos para deslegitimar la búsqueda de la verdad, como el que le adjudicaba un apercibimiento de 200 mil pesos mensuales por parte del Estado. “Hasta el ministro de Justicia Garavano lo desmintió”, dijo Sergio.
El mayor de los Maldonado ejemplificó el temple de los funcionarios nacionales con la mención al tuit que ayer posteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “La verdad le ganó al relato. La Justicia cerró la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y absolvió al gendarme Echazú. Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo”.
Fue Verónica Heredia la encargada de desarrollar con precisión los argumentos que, desde el punto de vista legal, sostienen la posición de los Maldonado. El más importante, es que desde el 8 de agosto de 2017, en el marco de la causa cuya carátula sólo debe investigar a una autoridad pública (desaparición forzada), el primer juez Otranto pinchó los teléfonos de la familia y acumuló 440 expedientes en este sentido.
Además, Heredia explicó que en el lugar donde apareció el cadáver no había dos metros de profundidad, ni pozos, ni ramas; y que hubo peritos que no pudieron confirmar la muerte de Santiago el primero de agosto.
Lleral empleó una retórica vaga para justificar sus argumentos. “La verdad se mostró sencilla, sin fascinaciones”; “así, la verdad revelada enmudeció los repiques del desconcierto y la incredulidad, propiciados por actores mezquinos e interesados en no hallarla nunca, en demorar su encuentro o negarla definitivamente”; “cuando la simplicidad de las cosas es patente, sobrevuelan los sinsabores de la especulación espuria. Negarse a ver la realidad es materializar lo absurdo y vivir en la mentira. En el mejor de los casos, es abrazar una quimera”.
Maldonado apelará la decisión del juez ante la Cámara de Comodoro y luego, eventualmente, ante la Cámara de Casación penal y Corte Suprema. Convencido de que la Justicia argentina fallará en contra, avizora nuevas batallas en los tribunales internacionales.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen