Un nuevo derrame de YPF pone en riesgo la vida en Allen. El envenenamiento de las napas de agua se extiende a pesar de los comunicados de la empresa que ya nadie cree. Este jueves un grupo de vecinos exigió en el Concejo Deliberante que se declare la emergencia ambiental.
El sábado volvieron a encenderse las alarmas: la fuga de gas con fluidos de perforación de la planta productora de gas de YPF en Allen abrió un nuevo capítulo en la devastación que la industria hidrocarburífera produce en esta zona -como en tantas otras- desde que se instaló decidida a hacer lo que tenga que hacer para sostener los negocios.
Esta vez el incidente se produjo en el pozo EFO355 del yacimiento Estación Fernández Oro, y dio inicio al protocolo de la empresa para contener estos episodios. El más importante: convencer a los pobladores de que nada grave pasa. Sin embargo, quienes conviven con la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica –fracking- desde hace años y han visto sus tierras arrasadas, saben que lo peor está por venir si no se pone un freno de una buena vez a este tipo de explotación.
Es por eso que este jueves un importante número de vecinos ingresó al Concejo Deliberante para exigir que se permita el ingreso de un proyecto para declarar la emergencia ambiental. Sin embargo, el bloque oficialista se opuso a ingresar la temática y tras la suspensión de la sesión ordinaria -entre acaloradas discusiones- no se tomó ninguna medida.
“Todavía están saliendo fluidos. El agua contaminada llegó a la laguna que desemboca en el Río Negro, tenemos las filmaciones que lo muestran”, dice Juan Carlos Ponce, referente de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua en Allen.
“Los comunicados de YPF son mentirosos, el agua contaminada está fluyendo a las napas. No lo pueden parar. Lo que está pasando es terrible, estamos en una incertidumbre total”, señala en las puertas del Concejo Deliberante, donde, tras la negativa al pedido de los vecinos, la convocatoria es a concentrar este viernes, como lo hacen cada viernes, a las 20 en la plaza central de la ciudad. Lo cierto es que solo el pueblo movilizado puede torcer el rumbo.
“El envenenamiento del alto valle no tiene límites. Las napas profundas se están contaminando con todo esto. Y no es que estaban haciendo perforación, estaban haciendo fractura hidráulica. Desde el 2012 que estamos peleando con esto y el Gobierno ha hecho oídos sordos, ha mentido. Los entes de control no existen, todo esto es un ecocidio. La destrucción y la contaminación del alto valle”, continúa.
Tierra arrasada
Los padecimientos en esta localidad no son de ahora. Desde que se iniciara la actividad hidrocarburífera se han ido desatando una serie de consecuencias que tiene a la población en alerta. Para empezar, el municipio padece la media más alta del país de niños con leucemia. Y esto a pesar de que hay más casos que los oficiales, pero no son reconocidos por el Ministerio de Salud de Río Negro. Más bien, todo lo que tiene que ver con las enfermedades consecuencia del fracking se vienen ocultando.
Es el reconocido caso de Rubén Ibáñez, quien empezó con problemas de salud en el 2014, cuando explotó un pozo muy cerca de su domicilio. Un estudio le detectó una mancha en el pulmón, sin embargo, cuando quiso retirar sus antecedentes en el hospital de Allen no se los quisieron dar. Para acceder a ellos tuvo que iniciar una causa y finalmente la fiscal Julieta Villa ordenó un allanamiento: solo aparecieron las tapas de su historia clínica.
“El fracking no solamente fracturó la tierra, sino que fracturó todo: los colegios médicos, la salud pública, las medios de comunicación. Es muy grave. También se perdió toda la carpeta que teníamos en la justicia, con el expediente de Ibáñez. Mientras tanto, la única respuesta que nos dan es decir que somos ecoterroristas”.
A sabiendas de la contaminación ambiental que provoca, el fracking está prohibido en varios países del mundo y en alrededor de 60 municipios de nuestro país. A pesar de esto, y de los reclamos de los vecinos, en Allen un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2013 declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza que había prohibido la utilización del método de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos. Así, lejos de disminuir, aumentaron: hoy hay más de 160 pozos en esa zona y se aprobaron hace diez días unos 93 pozos nuevos.
Continua así la explotación de los recursos naturales no renovables sin ningún tipo de control hacia las empresas ni de cuidado hacia la población, y mientras varios bolsillos engordan, las chacras viven sus últimos estertores. La misma ecuación de hace 500 años, empresas multinacionales que se lleven bienes -el gas y petróleo – y dejan a cambio tierras desbastadas.
Y es que el entramado no tiene límites. El dato más grotesco es que una de las dueñas de una de las empresas que se dedica al transporte, almacenaje y distribución de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de hidrocarburos es la mismísima secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani. Entre sus clientes tiene, ente otros, a YPF.
“La lista de corruptos y cómplices es muy grande. Ya más que cómplices son partícipes. Pero nosotros vamos a seguir la lucha y este viernes nos volveremos a reunir en ronda a las 20 en la plaza principal como todos los viernes”, concluye Ponce, tenaz en el recorrido hasta que se le ponga fin al destino de muerte que se le propone hoy al Alto Valle.
Por Violeta Moraga
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen