Conversamos con Eduardo Soares integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina sobre los distintos procesamientos judiciales que se han dado en el último tiempo a integrantes de organizaciones de derechos humanos y sociales en la Patagonia. Además, presentamos un análisis de los últimos avances en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel.
– ¿Cómo se determinan estas judicializaciones?
– Uno de los casos más emblemáticos es el de Carolina Alac, una de las principales dirigentes de la Multisectorial contra la Represión de Bariloche y dirigente sindical. En su caso, un altísimo oficial de Gendarmería declara que ve dos personas encapuchadas pintando en una movilización por Santiago Maldonado y después la Fiscal y el Juez le encargan a la misma fuerza que investigue y determine sospechosos. Entran a las redes sociales, los Facebook y determinan que tal encapuchado es tal persona. Así pasó con otras tantas causas que tenemos.
Se hace una especie de “traje a medida judicial”. Recordemos que el primer caso fue una movilización muy grande que se dio frente al regimiento de Gendarmería el día fue apareció el cuerpo de Santiago Maldonado y la otra fue una movilización que se dio frente a Parques Nacionales el día que mataron a Rafita Nahuel. En los dos casos, procesaron a personas sin investigar, al boleo. En la Gremial a eso le llamamos “derechos penal del enemigo”. Es decir, definir quién es el enemigo, sean los mapuches, los piqueteros, los anarquistas y después hacerle un traje judicial a medida.
Por ejemplo, se corta una ruta, se determina que hubo 100 o 200 personas de las cuáles no se pueden determinar las identidades. Lo que la Justicia debería hacer en estos casos, si no puede determinar las identidades, es cerrar la causa. Pero no es lo que sucede, hay más de 100 procesados en unas 15 o 20 causas más en Bariloche y la Comarca Andina. En todos los casos es calcado, se determina que algunos dirigentes muy conocidos pueden haber sido responsables de determinadas movilizaciones.
– ¿Cómo sigue esta situación de ahora en adelante?
-Para adelante tenemos otras seis causas más, en algunos casos a dirigentes mapuches muy importantes como María Nahuel, la tía de Rafita. Esperemos que en estos días la Cámara Federal pueda determinar las dos causas que apelamos el 14 de mayo. Después tenemos que volver nuevamente el 11 de junio porque tenemos dos apelaciones más y estaremos todo el año yendo y viniendo.
Esto no lo vemos solamente en la Patagonia, pasa en todo el país. Hay pueblos originarios más desprotegidos como pueden ser los wichis y los Pilagá. Así estamos, enfrentándonos a estas arbitrariedades.
– ¿Cómo piensa la Gremial que se resuelven este tipo de conflictos territoriales?
La Gremial tiene mucha experiencia respecto a conflictos territoriales. Hemos estado en el País Vasco, en Kurdistán, en Palestina, en Paraguay… En todos los lugares donde hay conflictos territoriales las cosas se resuelven de dos maneras; o se resuelven como propicia el Ministerio de Seguridad, a los tiros y matando gente o se resuelve como propicia la Gremial de Abogados que es con la vía del diálogo. Un conflicto territorial no se puede resolver con el Código Penal, se tiene que resolver en una mesa de negociaciones.
El conflicto mapuche es un conflicto territorial en donde tienen que hacer valer sus derechos. El derecho penal es a los tiros, lo concreto es que tenemos dos ocupaciones y dos muertos en dos años. Los dos muertos los produjo el Ministerio de Seguridad. Nosotros llegamos cuando la sangre todavía está corriendo pero lo que le pedimos a la Justicia Penal, sobre todo a la Cámara es que resuelva esta situación. Que desprocesen a los compañeros y que se pacifique la zona de la Comarca Andina, de Bariloche, de la Cordillera. Queremos que la Patagonia se pacifique, pero no a los tiros, no con el Derecho Penal.
– ¿Qué significa el cambio de carátula de legítima defensa a homicidio agravado en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel?
-Significa que la Cámara analizó las pruebas del expediente y vio que es mentira el testimonio de Francisco Javier Pintos. Nosotros somos medianamente optimistas, no festejamos esta situación por varias razones.
En primer lugar, la Cámara le dicta prisión preventiva solamente a Pintos y ahí participaron un grupo de Gendarmes. Nosotros en su momento aportamos dos testimonios fundamentales que el Juzgado Federal y la que comandó el asesinato de Rafael Nahuel que es la Fiscal Silvia Little los conocen perfectamente. Rafael Nahuel no fue el único herido, junto con él estaba su prima hermana Joana Colhuan de 19 años que recibe una bala en el omóplato y Gonzalo Coña, otro joven mapuche, que recibe una bala que le atraviesa limpiamente el brazo derecho. Podríamos haber tenido tres muertos.
Este enfrentamiento se dio a 1000 metros de la ruta donde está la entrada a Winkul, y no a 200 metros como dicen los Albatros. Eso significa que la versión que dan nuestros defendidos y testigos fundamentales es la correcta y no la que dijeron ellos. En el enfrentamiento se efectuaron más de 300 disparos. Pintos tenía una pistola 9 milímetros que carga 13 cargadores y uno en recámara y un fusil MP-5 que como mucho puede tener 25 tiros… Todos dispararon, la Cámara tiene que seguir investigando.
En segundo lugar, valoramos que la versión de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad fue desestimada totalmente. Como va a ser desestimado el Caso Chocobar en Buenos Aires, como van a ser desestimadas todas las causas que ella defiende. Esta causa va a ser apelada y se va a resolver en los Tribunales de Comodoro Py.
Por Fabián Agosta y Julia Biagioli
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
