Conversamos con Julieta Wallace, abogada y concejal electa de Bariloche a propósito del tratamiento del nuevo código de tierras de Río Negro.
– ¿Cuál es el nuevo tratamiento que se le va a dar al nuevo Código de Tierras de Río Negro?
-En primer lugar, quiero mencionar que actualmente en Río Negro tenemos la Ley 279, que es una Ley del año 1961 que prevé la función social de la tierra, prevé que la tierra debe estar en manos de quien la trabaja como principio general. A partir del año 2016, el actual gobernador propuso una modificación a esta Ley y propuso crear un Código de Tierras Fiscales. En aquella oportunidad se manifestó una gran oposición a este proyecto, incluso eso motivó una marcha de las comunidades indígenas desde Bariloche pasando por todos los lugares de la provincia hasta la ciudad de Viedma.
Hay que tener en cuenta que en este proyecto se ampliaba esta función social. Si bien la incorpora como principio, lo que hace es ampliar en manos de quién puede ser utilizada la tierra, amplía su uso a la minería, a los proyectos hidroeléctricos, forestales, turísticos, energéticos o cualquier otro uso económicamente rentable.
Esta discusión se dio en el 2016 y a partir del gran rechazo que hubo se suspendió su tratamiento en la Legislatura. Ahora, a pocos días de irse el gobernador de su gestión, ya manifestó públicamente que en la última sesión de la Legislatura, que es cuando se sanciona el presupuesto tiene intenciones de que se sancione este Código de Tierras. Vuelve a plantear lo mismo a más de tres años y a menos de un mes de irse sin otorgar un debate en relación a qué significa esto, sin tener en cuenta la consulta previa a las comunidades indígenas y a los pequeños productores de la agricultura familiar.
No hay un reordenamiento territorial provincial previsto. Estamos hablando de más de 4 millones de hectáreas fiscales a lo largo y ancho de la provincia, que a partir de esta manifestación pública que hizo el gobernador, se abrirían a posibles proyectos productivos de esta envergadura. Hay que aclarar que esta manifestación ha sido pública pero al día de la fecha este proyecto no está presentado, lo cual lo hace peor porque nosotros nos manejamos con el proyecto del 2016 y el nuevo lo presentarían un par de días antes de su tratamiento en comisión, la semana que viene, e iría directamente al recinto legislativo para ser tratado el 25 de noviembre.
– ¿Este proyecto pone en estado de alerta a las comunidades originarias?
– Hay que tener en cuenta que se hizo una Ley de Relevamiento Territorial que tiene más de 12 años, que está en vigencia a nivel nacional y se va prorrogando cada cuatro años y a la provincia siempre adhirió. Lo que prevé esta Ley es un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, suspende el desalojo y tiende a la entrega de sus títulos comunitarios. Esto está frenado en Río Negro desde 2016.
La repregunta es que si realmente se quiere hacer algo serio, invocando una reparación histórica a las comunidades y otorgándole a la tierra un carácter de función social, con proyectos de desarrollo a menor escala y que sean sustentables con el ambiente y demás… ¿Por qué no está incluido ese relevamiento de las comunidades indígenas? Nos encontramos una vez más frente a una gran contradicción. Si no existe ese reconocimiento a las comunidades y se pre existencia ese Código evidentemente no nos cierra y avasalla leyes provinciales y nacionales.
– ¿Hay fuerza política de las organizaciones para poder presionar una marcha atrás de este proyecto?
-Estamos en eso. Hay dos cuestiones, una que tiene que ver con lo que podemos ir generando los distintos actores que venimos trabajando la temática, las comunidades y las organizaciones. Así surge este panel de El Bolsón y otras propuestas en la provincia. La idea es tratar de hacer fuerza para visibilizar la problemática. Si realmente tienen la decisión de seguir adelante, tienen que saber que hay un costo, que no es gratis.
Por otro lado, desde el punto de vista institucional, la lectura política que es que Weretilneck estaría haciendo el “trabajo sucio” que le quiere evitar a la próxima gobernadora Arabela Carreras. No sabemos muy bien cuanto se van a poder torcer esas voluntades. Sabemos que los legisladores del bloque del Frente para la Victoria se oponen a este tratamiento porque está en contra de todos los mecanismos institucionales.
Estamos en ese proceso, por eso invitamos a todos y todas a sumarse de alguna manera, a través de las redes sociales, de la participación en los eventos para que podamos movilizarnos. Si bien Viedma nos queda lejos, existen Legisladores y concejales del oficialismo acá en Bariloche que obedecen a un mismo proyecto político. Si interpelamos a esos actores, es una manera de hacer visible ese reclamo.
Por Mariela Martínez y Julia Biagioli
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen
