Más de 20 barrios, juntas vecinales, organizaciones sociales, gremiales y otras instituciones, exigieron al Consejo Social de Tierras la aplicación de una serie de medidas para paliar en el corto plazo la crisis habitacional. Piden por 500 lotes para este año.
Demandan también, la presencia y el compromiso por parte del presidente del Instituto municipal de Tierra y Vivienda, José Mella, para que tenga presencia en el Consejo social de Tierras. Caracterizaron como de “dramática” la situación habitacional de la ciudad y expresaron que hay un “abandono del estado” y que no existen políticas públicas para paliar la situación habitacional. El reclamo se llevará el próximo miércoles 11 al Consejo Social de Tierras.
Las mas de 4 tomas de tierras que acontecieron durante los meses de enero y febrero pusieron en evidencia la problemática en la que se encuentran cientos de familias que no pueden acceder a la vivienda en Bariloche.
El Plan de Emergencia Habitacional propuesto, incluye tres ejes:
1. nuevos demandantes: es necesario actualizar y depurar el registro de demandantes para conocer la demanda real existente. Urge identificar nuevas tierras donde se puedan proyectar al menos 500 lotes sociales durante 2020 para descomprimir la demanda insatisfecha. Para ello es necesario dar a conocer la disponibilidad de tierras fiscales o privadas que puedan ser adquiridas por diferentes mecanismos;
2. loteos sociales en ejecución: existen más de 2.000 lotes en ejecución en al menos 5 operatorias, pero ya llevamos 10 años de ejecución sin que los destinatarios estén viviendo en el lugar. El Municipio se desentendió por completo del destino de estos loteos y se limita a culpar a la Provincia (como en el caso de Altos del Este y Frutillar Norte) o a entidades intermedias a las que no se anima a controlar y que incumplen hace años sus obligaciones (como en el caso de Valle Azul). Es fundamental que estas operatorias se finalicen y se entreguen durante 2020, y eso requiere decisión política;
3. integración sociourbana: existen al menos 3.500 hogares en barrios con problemas de regularización dominial y acceso a servicios básicos. Muchos de estos hogares esperan hace años la implementación de la Ley “Pierri” sin ningún resultado, lo que constituye un fracaso rotundo de la gestión de Gennuso. Se deben establecer criterios para priorizar las intervenciones en estos barrios, que permitan que en 5 años se culmine con la integración sociourbana de estos 3.500 hogares, abordando en 2020 los casos más fáciles de solucionar como son aquellos que están sobre tierras fiscales.
“Asimismo, en relación a las nuevas tomas que comenzaron a extenderse desde comienzos del año en barrios como 2 de abril, Omega, San Francisco IV, Vivero, entre otros, la Mesa de Tierras repudia la judicialización del conflicto y exige al Departamento Ejecutivo el cese de la criminalización de la pobreza. Las ocupaciones expresan necesidades insatisfechas, derechos humanos que no son garantizados por el Estado y el completo fracaso de la política habitacional de la gestión actual.” Expresaron.
Redacción
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
