La oposición política se concentra hoy en varios puntos del país, sin la articulación de un programa alternativo. Por el contrario, el movimiento sindical despliega una ofensiva para debatir la salida de la pandemia.
La oposición al Gobierno nacional convoca a protestar este lunes en varias ciudades del país. Lo hará bajo múltiples y etéreas consignas que le permiten, por un lado, ensanchar la base de representación de descontentos y, por otro lado, diluir la naturaleza de sus propuestas. Todo lo contrario a la ofensiva propositiva que esta semana desplegaron distintas expresiones políticas, en especial, los movimientos sociales.
A modo de ejemplo: este lunes, las organizaciones gremiales, políticas y empresarias pyme nucleadas en el Manifiesto por la Soberanía (UTEP, CTA Autónoma, Corriente Federal de Trabajadores, sindicatos de la CGT y La Cámpora, entre otras) realizarán un acto en Buenos Aires y propondrán que el impuesto a las grandes fortunas sea permanente, como mecanismo de redistribución de ingresos. Días atrás, dirigentes del espacio mantuvieron una conversación con diputados del Frente de Todos para sondear la viabilidad de la medida.
También desde la UTEP, Juan Grabois presentó junto a Gerardo Martínez (titular de los obreros de la construcción de la UOCRA) y Pablo Moyano (secretario adjunto de Camioneros) un programa para generar 4 millones de puestos de trabajo y un fondo de $750.000 millones, a partir de una reforma impositiva.
El proyecto, denominado Plan de Desarrollo Humano Integral, cuenta con metas de generación de empleo y un detalle pormenorizado de su costo fiscal. Para Grabois y Martínez, la inversión pública en vivienda debe integrar el trabajo del sector privado (70%) y el sector de economía popular (30%).
Incluso el Gobierno nacional continuó con novedades vinculadas al mundo de los trabajadores informales y de la economía social. Los beneficiarios de Potenciar Trabajo (el programa de empleo del Estado nacional que pasó a unificar a todos los programas anteriores) pasarán a tener una cuenta “sueldo”. Esto, que puede parecer un detalle, facilitará a 570 mil personas recibir depósitos o transferencias bancarias por otras actividades particulares, en tránsito hacia el blanqueo laboral.
Hasta Roberto Lavagna, exministro y candidato a presidente, también dio a conocer la última semana sus ideas para salir de la crisis: devaluación, apertura de importaciones y una reforma laboral que le permita a los trabajadores informales y de la economía popular financiar su propia indemnización. Esta especie de fondo de desempleo, ya existe entre los trabajadores de la construcción (Libreta de Aportes).
De inmediato salió a responderle la cúpula de la CGT, asociando la propuesta de Lavagna a la reforma laboral que intentó impulsar el expresidente Mauricio Macri. Fue curioso, porque días antes, la cúpula de la CGT acordó con AEA, la asociación de empresarios que reúne a Paolo Rocca (Techint), Marcos Galperin (Mercado Libre), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Rattazzi (Fiat) y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), un documento que sugiere reducir la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y contener el gasto social del Estado (“equilibrar el déficit fiscal”).
Esta también había sido una apuesta de la reforma laboral macrista.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación popular Colectivo al Margen
