La Mesa de Tierras de Bariloche reivindicó el fallo del Juez Zapata quien impidió un desalojo violento de la toma del predio del INTA de El Bolsón y mandó a relevar las condiciones de los ocupantes y buscar alternativas habitacionales para los mismos.
“Bariloche y Bolsón están sufriendo los resultados de la inacción total de las gestiones de Juntos Somos Río Negro en materia habitacional desde hace años, como lo establece el fallo de Zapata con claridad (fs. 4), tanto a nivel municipal como provincial. Ante este conflicto, en lugar de buscar soluciones consensuadas y políticas públicas, los representantes de JSRN buscan un chivo expiatorio en el juez, presionándolo con denuncias frente al Consejo de la Magistratura y con denuncias mediáticas. En lugar de presionar a la justicia deberían ponerse a trabajar en una planificación territorial adecuada que dé respuesta a la demanda de acceso al suelo tanto urbano como rural que aqueja a la provincia entera. Esa es su responsabilidad ineludible.” Dijeron desde la Mesa de Tierras de Bariloche.
“En cambio, lo que buscan los diferentes representantes de JSRN es, por un lado, desligarse de su responsabilidad política por la crisis habitacional y, por el otro, capitalizar demagógicamente un clima de opinión que descarga en los ocupantes gran parte del hastío y la frustración por todo lo que estamos viviendo en el marco de la pandemia, la crisis económica y las restricciones individuales. Es necesario aclarar que el juez no hizo lugar al desalojo por el momento. Además, impide avanzar en nuevas construcciones y de hecho cualquier persona que abandone el predio no podrá reingresar, lo cual es una medida muy dura para con los ocupantes. Con razonabilidad, el juez ordenó medidas previas como relevamiento sociales y búsqueda de alternativas habitacionales, antes de avanzar en una medida tan drástica. En particular, indicó medidas especiales atento a la presencia de menores en el predio. Se apoya para eso en preceptos constitucionales y tratados internacionales. Nada de esto implica “avalar” tomas como irresponsablemente se escuchó en coro desde diferentes usinas de la gestión provincial.” argumentaron organizaciones y juntas vecinales que componen la Mesa de Tierras y agregaron: “Una problemática tan compleja que se manifiesta en todo el país y nuestra provincia no puede ser abordada desde la demagogia: ni la demagogia punitivista que quiere resolver el tema con el uso de la violencia institucional, ni la demagogia que plantearía que cualquier ocupación está justificada. Nadie con relevancia social ha planteado esta última postura, mientras que la demagogia punitivista florece por doquier.”
“Hay delitos penales asociados a las ocupaciones seguramente, como el de aquellos que las instigan como forma de lograr algún rédito económico en la compraventa informal o, incluso para sacar réditos políticos, pero estamos hablando de una minoría que debe ser identificada y perseguida por los canales apropiados. El grueso del problema que enfrentamos es el de miles de ciudadanos que tienen derechos fundamentales que no estamos pudiendo garantizar como sociedad, condenándolos a vivir en condiciones precarias y de hacinamiento, y en muchos casos pagando exorbitantes alquileres que ya no pueden afrontar. De ahí surgen las ocupaciones. Y esta problemática no resuelve con demagogia punitivista, sino con políticas públicas.”
“Nadie discute el derecho de propiedad, pero vemos con preocupación que sí se discute el derecho a una vivienda digna. Ambos tienen raigambre constitucional y están reconocidos en tratados internacionales. El desafío que tenemos como comunidad es armonizarlos y para ello necesitamos de políticas públicas sostenidas en el tiempo, que partan de un diagnóstico, que planifiquen acciones a corto, mediano y largo plazo y, fundamentalmente, que destinen los recursos necesarios y suficientes para ir resolviendo de forma progresiva el déficit habitacional. Esta es la responsabilidad de la dirigencia política y no las denuncias mediáticas demagógicas. El fallo del juez Zapata reafirma el derecho constitucional a la vivienda digna y abre un compás de espera, ahora es responsabilidad de las autoridades políticas arbitrar las políticas públicas necesarias para resolver la problemática y no esperar que la justicia resuelva lo que ellos no pueden resolver.” Concluyeron.
Redacción
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
