Luego de impedir el desalojo de 160 familias en El Bolsón, el oficialismo provincial anticipó que denunciará al magistrado ante el Consejo de la Magistratura. Respaldo sindical, opositor y de organismos de derechos humanos al fallo judicial.
La cruzada de Arabela Carreras contra el dictamen del juez federal Gustavo Zapata, que impidió el desalojo de tierras ocupadas en un predio del INTA en El Bolsón, tuvo un escenario inesperado. Fue el miércoles en el barrio Frutillar de Bariloche, en un acto junto a la dirigencia de ATE encabezada por Rodolfo Aguiar, quien horas antes había criticado la injerencia de la gobernadora en la Justicia.
Mientras Aguiar y Carreras firmaban la adjudicación de viviendas de un plan público para trabajadores del Estado, la mandataria insistió en reprobar las ocupaciones de las 160 familias. Las definió como un “camino fácil”, ante el indisimulado desacuerdo de la conducción gremial. La tensión no pasó desapercibida por los presentes.
Encarrilada en el andarivel discursivo de Patricia Bullrich y Sergio Berni, Carreras rechazó el dictamen de Zapata, lo acusó de avalar una toma de tierras y menospreció su decisión, adoptada en “la comodidad de una silla”, señaló.
La embestida fue acompañada por declaraciones de otros dirigentes de Juntos Somos Río Negro. El partido, disconforme con el contenido del fallo, anticipó que denunciará al juez ante el Consejo de la Magistratura. Así lo resolvió en un plenario convocado por Alberto Weretilneck, lo que establecería un nocivo precedente y una posible crisis política con opositores y algunos aliados.
La voz del juez
“No están para estar calentitos detrás de un escritorio y cobrar un sueldo enorme, abultado y no cumplir con la tarea”, despotricó el presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo López, y pidió el desalojo.
La frase tiene un componente falaz. Zapata, que subroga el cargo tras la jubilación de Leónidas Moldes, fue secretario civil del juzgado, es vecino de Bariloche y mantiene estrecho diálogo con los diversos actores sociales. No está aislado.
Zapata considera que el ataque en su contra es gravísimo y extralimita la división de poderes en un intento por desnaturalizar su dictamen. Se lo dijo sin cámaras a Rodolfo Aguiar, quien minutos después de haber compartido el acto con Carreras fue a solidarizarse con él. Ni el juez ni el sindicalista confirmaron el encuentro, pero la permanencia quedó registrada en el Juzgado Federal de avenida San Martín por una hora.
El pedido de desalojo de tierras solicitado por la fiscal subrogante Sylvia Little a partir de la denuncia presentada por el INTA, pasó por alto la composición de los ocupantes. Más que pillos, narcos y punteros, la inspección ocular de Zapata distinguió a niños y a personas con discapacidades, pero ninguna rotura que probara una usurpación.
La medida resuelta era esperable. Días antes, en su condición de juez multifuero, Zapata había rechazado la presentación de una medida cautelar por parte del INTA ante la Secretaría Civil del Juzgado Federal.
En su fallo, también comenta “la deficitaria política estatal en materia habitacional” es causal de la inacción del Estado para controlar el asentamiento masivo de familias. Y le da la razón a la gobernadora Carreras, sobre las condiciones infructuosas de esos terrenos. Por eso, ordenó a las secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, intervenir a fin de dar alojamiento en un plazo de quince días a las personas que habrán de ser desalojadas.
Respaldo al juez
Horas antes de firmar junto a Carreras la entrega de 50 casas para trabajadores del Estado de Río Negro en Bariloche, Aguiar criticó en duros términos la injerencia del Ejecutivo. “Se convierte en una verdadera presión para torcer decisiones de otro poder que debe obrar con absoluta independencia”, señaló.
Asimismo, endilgó al Estado negar el acceso a la tierra y vivienda digna. “Las ocupaciones de ninguna manera son un delito. Se trata de un derecho constitucional comprendido en el artículo 14 bis de la carta magna”, explicó.
El ataque contra Zapata fue a su vez repudiado por la APDH de El Bolsón, que manifestó su rotundo apoyo al magistrado. Para la organización, el dictamen “corresponde plenamente al Plexo Internacional de Derechos Humanos y por ende a nuestra Constitución Nacional y Provincial”.
También fue muy crítico el comunicado del bloque de concejales del Frente de Todos Bariloche. “Las ocupaciones en la provincia son consecuencia inmediata de la ausencia de lineamientos políticos de Juntos Somos Río Negro, en relación al derecho a la vivienda digna y acceso a la tierra”, sostuvieron.
“Para muestra, alcanza un botón”, continuaron los ediles presididos por Julieta Wallace. “La ley 5010 del año 2014 establece la restitución al Estado provincial de 32 hectáreas ubicadas en El Bolsón, que deben otorgarse a la municipalidad de esa ciudad, con destino a viviendas sociales. La Provincia no hizo nada. Tampoco hizo nada para cumplir la Ley 4874 del año 2013, que restituye 24.638 hectáreas al Estado provincial”.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen
