En la semana en que nos enteramos que Milei habría cobrado 5 millones de dólares para promocionar $Libra y que Adorni volvió a estar el en centro de las críticas, se conocieron nuevos datos sobre el cierre de empresas y el aumento del desempleo.
Los hermanos Milei no tienen respiro. Horas después de que la esposa de Manuel Adorni abordara el avión presidencial hacia Nueva York, la prensa filtró detalles de la investigación judicial que involucra al Presidente en el caso $Libra. El empresario Mauricio Novelli, al parecer, lo habría contratado por 5 millones de dólares para promocionar la criptomoneda que terminó estafando a miles de personas en el mundo. Para colmo, Adorni volvió a estar en el centro de las sospechas a mitad de semana, cuando la diputada Pagano le adjudicó una casa no declarada, con expensas de 700 mil pesos, en un country bonaerense.
Estas infidencias, que suelen alterar la percepción de la opinión pública sobre los políticos, circularon a la par de nuevos datos oficiales que revelan la estrepitosa pérdida de puestos de trabajo. Una preocupación que crece como un cauce subterráneo en el ánimo general.
En los primeros dos años de gobierno de Milei se destruyeron 288.815 empleos formales y cerraron 22.608 empresas. La desocupación, hacia finales de 2025, alcanzó al 7,5% de la población, el número más alto desde la salida del aislamiento en 2020, según los últimos informes del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y del INDEC sobre el mercado de trabajo. Los sectores más afectados fueron la industria y el comercio. Las personas más afectadas, los menores de 29 años.
Más inquietante que esta radiografía es lo que vendría. Uno: los registros oficiales indican que la pérdida de puestos de trabajo no se detiene desde junio. Nada la frena, ni siquiera en los sectores pujantes: el campo, la minería y las finanzas. Dos: el aumento de cuentapropistas y trabajadores informales, el dato que el Gobierno suele mostrar como contracara, viene desacelerándose en el último tiempo. Tres: la inflación no cede desde mayo. Lo reconoció el ministro Caputo, que elevó del 1% al 2% el techo que busca imponer en paritarias.
El recorte del recorte
Alfredo Azcoitia ya recortó el gimnasio y las compras de supermercado. Es investigador adjunto del Conicet, profesor de Historia en la Universidad Nacional de Río Negro y secretario general del sindicato Conadu Histórica de la CTA. Su esposa también es investigadora. Entre ambos perdieron, prácticamente, el poder adquisitivo de un salario. Sus compañeros le cuentan que hacen Uber: aprovechan los viajes a los kilómetros para amortizar el precio de la nafta.
El año pasado, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que actualiza el presupuesto de las facultades y el salario docente a valores de diciembre de 2023. Pero el Gobierno no cumple la ley, y el caso tramita en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Número 11, a cargo del juez Martín Cormick.
Los proyectos de investigación están congelados. Los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, retenidos. Las negociaciones, estancadas. A lo largo de toda la semana, las universidades nacionales estuvieron de paro.
Alfredo Azcoitia dice que hay un malestar evidente, que se expresa en más afiliaciones al sindicato, en una mayor participación docente en asambleas y en la voluntad de recrear las movilizaciones de 2024 que sacudieron al gobierno.
Organizar la pulseada
Los conflictos gremiales en las provincias escalan de manera atomizada: policías, trabajadores hospitalarios, docentes. Pero eso no parece tensar, por estos días, la relación de los gobernadores con el Gobierno nacional. Al contrario. Los mandatarios ya aportaron el voto de sus legisladores a la reforma laboral y ahora se encaminan a sancionar en Diputados la reforma a la ley de Glaciares, que protege las nacientes de agua dulce del país.
Por la Ley de Glaciares este jueves se realizó una audiencia ciudadana en la sede de la Universidad Nacional del Comahue impulsada por la diputada Adriana Serquis. Foto: Prensa Adriana Serquis.
El presidente Milei reconoció que la iniciativa fue del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que contó con el apoyo de los gobernadores que integran “la mesa del cobre”: Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; y Carlos Sadir, de Jujuy. El Gobierno quiere restringir las áreas de preservación sólo a las más importantes. Pero ¿quién decidirá cuáles son las más importantes? El proyecto delega esa decisión en las provincias, desplazando el rol estratégico nacional del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Una suerte de balcanización de la política ambiental del país.
Para la semana que viene está convocada una audiencia pública oficial, que ya cuenta con más de 77.000 inscriptos. Mientras tanto, en algunas provincias se organizaron audiencias ciudadanas, como la de este jueves en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, en Bariloche: impulsada por la diputada Adriana Serquis, reunió a un amplio espectro político y técnico de distintas provincias de la Patagonia, bastante crítico del proyecto oficial. Un botón de muestra más de espacios que se multiplican y acumulan resistencia a la política libertaria.
Por Pablo Bassi
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al margen