A más de un año del debate suspendido, la Secretaría de Planeamiento Territorial volvió a convocar para avanzar con un plan que ha recibido múltiples cuestionamientos: perjuicios al ambiente, negocio para pocos, procedimientos irregulares y desconocimiento de normativas.
La extensión por tres décadas de la concesión del cerro Catedral se realizó a espaldas del rechazo popular que se expresó por medio de decenas de oradores en una audiencia pública y de la juntada de miles de firmas certificadas. FOTO: Pablo Candamil
“Quieren aprobar un plan que fue metido por la ventana” dijo a Al Margen la arquitecta Graciela Antolin en referencia a la convocatoria para el próximo lunes del Consejo de Planificación Municipal (CPM) para reanudar la discusión sobre el proyecto inmobiliario que Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA) pretende desarrollar en las laderas del centro de ski.
La profesional, que fue representante de las ONGs en el Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE) e integró la Unidad Coordinadora del CPM durante varios años, solicitará la impugnación de la reunión y de todo el proceso. Además, advierte que es un tema que podría llegar a la Justicia, porque los funcionarios “están incumpliendo los deberes de funcionario público y cometiendo un abuso de poder”.
Como se informó en este espacio colectivo de comunicación, cuando el ex intendente Gustavo Gennuso negoció la extensión por tres décadas de la concesión del cerro Catedral -que recién vencía este año-, a cambio de que la empresa desistiera de sus embates judiciales contra el municipio, también incluyó en la ordenanza 2929-CM-2018 un desmesurado desarrollo inmobiliario de 79 hectáreas.
La iniciativa logró los votos positivos del oficialismo de Juntos Somos Bariloche (Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Cristina Painefil y Viviana Gelain) y del PRO (Daniel González) y los negativos del entonces Frente para la Victoria (Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof). Todo ocurrió a espaldas del rechazo popular que se expresó por medio de decenas de oradores en una audiencia pública y de la juntada de miles de firmas certificadas.
El rechazo social mantuvo en suspenso el plan que fue reactivado por Walter Cortés un año después de asumir la intendencia. FOTO: Pablo Candamil.
Tras la aprobación de la prórroga, los legisladores Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro, junto con Marks y Natapof, recurrieron a la Justicia: la Cámara de Apelaciones de Bariloche hizo lugar al amparo y dictó una medida de no innovar. Pero tiempo después, Ramos Mejía desistió de la demanda y la Justicia consideró que el planteo había quedado abstracto. Esto dejó el camino libre para CAPSA.
El rechazo social mantuvo en suspenso el plan que fue reactivado por Walter Cortés un año después de asumir la intendencia. El denominado Plan de Desarrollo Urbano Ambiental sigue un procedimiento técnico-administrativo de Rango Temático I, esto implica instancias participativas (como el CPM y una audiencia pública) antes de llegar al Concejo Deliberante para su debate. La convocatoria del CPM de octubre de 2024, en una oficina de la Secretaría de Planeamiento Territorial, debió pasar a un cuarto intermedio porque varias de las inquietudes expuestas no tenían un interlocutor que las resolviera.
Al mes siguiente, se reanudó en un salón contiguo al estadio municipal: los primeros en llegar fueron varios representantes del sindicato de comercio con remeras del supermercado La Anónima. El intento de intimidación, como lo interpretaron varios, quedó trunco ante la presencia de más de 100 personas que no entraban en el salón y que debieron participar desde afuera por las ventanas. Finalmente, se resolvió un nuevo cuarto intermedio.
¿La tercera será la vencida?
Tras un cuarto intermedio de 15 meses, se volvió a convocar al CPM para el próximo lunes a las 11 hs en la Delegación Sur (Ruta 40 y Quaglia) “en cumplimiento de la ordenanza 418-CM-94” que es la que establece las funciones del Consejo y promueve “una efectiva participación de los vecinos en los procesos de ordenamiento que requiere el territorio municipal”. Sin embargo, la convocatoria del Ejecutivo municipal advierte sobre el poco espacio con el que se contará y requiere la presencia de sólo una persona por junta vecinal, por organización y por medio de comunicación.
La medida resulta ridícula teniendo en cuenta que las dos suspensiones previas tuvieron que ver con la falta de espacio. “Desde el punto de vista técnico, la participación en el planeamiento es una forma de pensar en el futuro de la sociedad; y desde la óptica social, representa el mecanismo para canalizar las aspiraciones y necesidades de esa sociedad”, expresa la normativa. Pero se ve que la administración del intendente Walter Cortés no cuenta con espacio físico para dicha participación.
Tras un cuarto intermedio de 15 meses, se volvió a convocar al CPM para el próximo lunes a las 11 hs en la Delegación Sur. FOTO: Pablo Candamil.
La misma administración que semanas atrás resolvió derogar una ordenanza aprobada por mayoría en diciembre último para impulsar la creación de una comisión especial para investigar la concesión del Cerro Catedral. Y la misma que arrancó el año con una conferencia de prensa conjunta del intendente con representantes de CAPSA y de sectores de Turismo para decir que Catedral necesita orden, que hay que mejorarlo y que hay que tener un cerro con actividad todo el año. Mientras se brindaba la conferencia el cerro estaba cerrado; lo estuvo desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero.
Es llamativo que un intendente exprese dichas ideas cuando cuenta con todas las herramientas para ordenar y mejorar Catedral. También llama la atención que mientras el jefe comunal habla de las falencias de infraestructura del lugar, sus áreas de Planeamiento y Obras Particulares permiten el inicio y el avance de obras enormes que nadie sabe de dónde podrán proveerse de agua o dónde irán a parar sus efluentes cloacales.
Un negoción para pocos y un futuro incierto para muchos
El desarrollo inmobiliario para albergar un total de 13.000 personas se pretende realizar en 79 hectáreas situadas en una zona que el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) calificó como de alta peligrosidad.
Para concretarlo se definieron seis áreas de ocupación concertada (AOC). La 1 sería en la base del cerro y para unos 5006 habitantes. La 2 sumaría 860 personas en viviendas colectivas destinadas a residencial turístico y permanente y sería en torno al reservorio de agua. Este sector está definido como un área de alta vulnerabilidad.
La AOC 3 se divide en La Roca y MR 1000: la primera sumará alojamiento para 608 personas y la segunda 1134. Serán sectores de barrios residenciales, según describe el plan director. En La Roca, los lotes de residencia unifamiliar estarán en el entorno del reservorio de agua destinado a la fabricación de nieve artificial que CAPSA utilizó por primera vez la temporada pasada y que en la actualidad se encuentra en reparación.
Varias de las inquietudes expuestas en la última convocatoria del CPM no tuvieron un interlocutor que las resolviera. FOTO Pablo Candamil.
La AOC 4, identificada como Plataforma 1200, será destinada a instalaciones turísticas hoteleras con 215 habitaciones y con acceso directo a la montaña. La zona es considerada de paisaje frágil. La AOC 5 se divide en Gutiérrez 1 y 2 y sumará 5561 habitantes. Será una zona urbana mixta con predominancia residencial tanto permanente como temporaria. En la actualidad el sector está destinado al estacionamiento gratuito y, hasta hace algunos años, era un mallín.
En ese lugar, en diciembre de 2023, CAPSA depositó un pasivo ambiental que encontró en la montaña. La tierra contaminada con hidrocarburos recién fue retirada en diciembre último. Durante dos años el montículo contaminado permaneció al aire libre sometido a los efectos de la lluvia y la nieve que, desde ese lugar, escurren hacia el lago Gutiérrez.
Por último, la AOC 6, será un área de servicios y transferencia de transporte. Se afirma que la zona está contemplada en la Ley de Bosques Nativos alcanzada por la categoría 2 y que entonces la concesionaria se compromete a la siguiente compensación: plantar 2000 plantines de lenga en los sectores más altos de la montaña.
Según el plan director, las obras de infraestructura necesarias estarían a cargo de CAPSA. Quizás por esto es que en el capítulo 8 del plan se propone una asociación público-privada que otorgue a la municipalidad “el 8% del precio de venta final de cada unidad (lote)” o “U$S 10 el metro cuadrado vendible”. La otra opción es que se dé un intercambio por una “superficie equivalente de tierra ubicada dentro del ejido municipal, para ser destinada a los fines que el Municipio considere conveniente”. ¿O CAPSA desarrollaría la infraestructura de forma gratuita? Esto nunca fue respondido en los CPM anteriores.
La propuesta se contrapone con el artículo 18 de las disposiciones complementarias de la Carta Orgánica que dice: “El pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio”.
En las últimas semanas, en algunos medios de comunicación, la concesionaria expresó que la titularidad de las tierras no estaba en discusión. Sin embargo, el capítulo no fue retirado de la propuesta que está en debate.
“El proyecto es bochornoso” afirmó Antolin. Y agregó: “El cerro necesita un plan, pero deber pasar por el Consejo de Planeamiento Estratégico, que no se reúne desde 2016. Fue dejado de lado por Gennuso y ahora por el actual intendente”.
Uno de los argumentos que esgrimen desde el Ejecutivo municipal para impulsar el desarrollo inmobiliario es que los obliga la ordenanza 2929-CM-2018. Sin embargo, Antolín explicó: “No están obligados porque es una ordenanza de imposible cumplimiento: construir en un lugar de alta peligrosidad. Por eso existe el principio precautorio de la Ley General del Ambiente. En todo caso, deberán modificar la ordenanza”.
Por Ximena Linares Calvo
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen