El Gobierno Nacional insiste en reformar la Ley de Glaciares en línea con el viejo reclamo de las multinacionales y la Cámara Argentina de Empresas Mineras, si bien postergó el tratamiento en el Congreso previsto para el próximo miércoles. La iniciativa enfrenta fuertes resistencias: este miércoles hubo movilizaciones en todo el país.
La erosión del orden internacional plasmado en la ONU está generando una transición desordenada y conflictiva hacia un mundo dificil de asimilar, pero muy real.
El poder económico, militar y tecnológico gobierna por sobre los acuerdos multilaterales y los consensos democráticos, y eso explica en parte el fenómeno Milei y sus políticas destructivas.
La escalada es convergente. Para dominar la cuarta revolución industrial es necesario además controlar el comercio mundial, las finanzas y los recursos naturales.
Los pesos pesados de esta pulseada son claramente Estados Unidos y China, que necesitan de minerales que se encuentran en países como el nuestro.
La demanda global solicita cobre, cobalto, coltán, litio, oro, plata y otro tipo de «tierras raras», fundamentales para la industria electrónica, energética y de defensa.
Gran parte de estos minerales se encuentran en ambientes glaciares.
Por eso en Argentina las multinacionales y las empresas mineras locales, que suelen tercerizar gran parte de los procesos de extracción, presionan para flexibilizar la legislación ambiental.
La batalla es contra la Ley 26.639 de Protección de Glaciares. Su texto legislativo:
«establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en el territorio argentino. El objetivo principal de esta norma es la preservación de estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, la generación de información científica y el desarrollo turístico».
En definitiva, se trata de una ley vital en el resguardo de las reservas de agua frente a actividades de alto impacto ambiental.
El Ejecutivo Nacional apuesta a una nueva definición del ambiente peri glacial. La idea es que cada provincia determine qué zonas deben protegerse, lo que podría habilitar la minería en áreas hoy vedadas por la ley nacional.
Los gobiernos de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) apoyan la reforma que se discutirá en las sesiones extraordinarias de febrero.
Durante su gira veraniega en Mar del Plata, Javier Milei afirmó que el Gobierno ya tiene dictamen para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares.
La presión de los gobiernos provinciales y el lobby minero
En el año 2008 la ex presidenta Cristina Fernández vetó la primera versión de la Ley de Glaciares, votada por unanimidad en el Congreso de la Nación.
En ese entonces la presión política venía del gobierno de San Juan y el lobby de la multinacional canadiense Barrick Gold, que extrae Oro y Plata desde el año 2005 en la mina de Veladero, ahora asociada a Shandong Gold, de capitales chinos.
Dos años después, el Congreso logró aprobar la mencionada Ley 26.639 de «Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
En el 2019 fue revalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de las sucesivas demandas del sector minero.
Aunque el lobby minero nunca frenó, sí se chocó varias veces contra la pared, y esa pared es la resistencia de los movimientos ambientales en provincias como Mendoza y Chubut.
Ahora, el presidente Javier Milei y su equipo plantean que la norma actual “impide el desarrollo económico” y que debe ser “revisada técnicamente” para permitir inversiones mineras.
El agua y los glaciares
El IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) es el responsable del Inventario Nacional de Glaciares según la ley vigente.
En su última actualización registró un total de 16.968 glaciares presentes en 12 provincias y 39 cuencas hídricas, a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En total son 8.484,21 km² de hielo y nieve permanente que están concentrados mayormente en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y San Juan.
A nivel mundial, Chile y Argentina se ubican en el puesto 8 y 7 respectivamente de los países con glaciares y cuentan con las mayores reservas de agua dulce en América del Sur.
Mas al sur, la Antártida tiene unos 14 millones de km² de masa glaciar contínua y representa el 70 por ciento del agua del planeta.
La puja por el cobre como factor de presión
En diciembre se aprobó en Mendoza el Proyecto San Jorge de minería de cobre, que venía detenido desde el 2011.
Este proyecto minero está rodeado de Áreas Naturales Protegidas que preservan humedales, glaciares y biodiversidad en la región de Uspallata.
Grandes movilizaciones vienen rechanzando la manipulación de los mecanismos democráticos para desechar leyes mendocinas de protección ambiental.
En el marco del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), este proyecto representa un paradigma de la economía extractiva en energía y minería que propone Milei.
El cobre es el mejor conductor de electricidad después de la plata, gracias a su alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
Un estudio de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicado por el Ministerio de Economía de Argentina afirmó que hay 90,43 millones de toneladas de Cobre disponibles en el país.
Esto fue confirmando por la consultara internacional, GEM Mining Consulting, que informó sobre depósitos que superan a los de Chile en un 25 por ciento.
Es cierto que Argentina podría ser potencia en la producción de cobre a nivel mundial, un argumento que utiliza el lobby minero. Pero hay varias limitaciones.
El responsable de Planificación de GEM, Manuel Cordero expresó que:
“Aunque Argentina tiene un enorme potencial cuprífero, su estructura productiva aún carece de flexibilidad para expandirse rápidamente ante un contexto de precios altos. Las limitaciones no provienen de la geología, sino de la infraestructura técnica: plantas de procesamiento con capacidades fijas, falta de mineroductos operativos, escasez de instalaciones portuarias y ausencia de redes logísticas optimizadas” (fuente: Infobae).
En la actualidad Chile lidera el mercado global cuprífero. La empresa estatal Codelco es la mayor productora. Coexiste con grandes multinacionales que garantizan los niveles de inversión y producción.
El en el 2024 alcanzó exportaciones superiores a USD 100.000 millones al PBI y la minería de Cobre aportó USD 48.000 millones, casi la mitad.
Estas cifras son diez veces mayor al valor de las exportaciones mineras de Argentina, según Infobae.
El otro país de América destacado en la producción de cobre es Perú, segundo en el ranking mundial, pero con un modelo netamente privado y dominado por grandes compañías extranjeras.
Este es el modelo que quiere la elite política y empresarial para Argentina.
«Cambiar la definición»
Desde las ópticas empresariales y estatales, la producción minera se vincula la optimización de la renta, dejando los impactos sociales y ambientales en un segundo o tercer plano.
Pero hay un problema, para Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), “el 75% de los proyectos de cobre necesitan que el tema glaciares se resuelva. No podemos seguir escondiendo esta realidad. Hay que ocuparse”.
Esto lo dijo en una jornada de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que se realizó en septiembre del 2025.
“Tenemos que cambiar la definición: el cobre no es potencial en Argentina, es una realidad. Lo que es potencial es si lo vamos a desarrollar o no, pero los recursos minerales están» prosiguió Cacciola frente a industriales mineros, diputados y senadores.
Cambiar la definición se liga a la principal crítica de la CAEM a la actual ley:
la delimitación sobre las áreas preglaciares, definidas como «suelos congelados o parcialmente congelados que actúan como reguladores hídricos y sostén de glaciares».
Para la CAEM esto es lo que impide la inversión de capitales en nuevos proyectos mineros.
La crisis ecológica: intereses y ajuste
Desde la reforma de 1994 muchos derechos ambientales fueron reconocidos en el artículo 41 la Constitución Nacional.
Incluso tiene vigencia jurídica el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, incorporado por el Congreso en el año 2021. Aunque poco se cumple.
Otras leyes, como la Ley de Humedales viene perdiendo estado parlamentario desde el 2013.
Estudios del Inventario Nacional de Humedales estiman que alrededor del 21,5% del territorio nacional está cubierto por agua superficial o subsuperficial de forma permanente o temporaria. En total son unos 600.000 kilómetros cuadrados.
Sin embargo reconocen una dificultad para definirlos e identificar sus límites.
La cartografía oficial mas reciente sugiere que los humedales ocupan el 12 por ciento del territorio nacional. Para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ocupan un el 9,5 por ciento de la superficie del país.
A pesar de su importancia y extensión, la Ley de Humedales duerme en los portafolios del Congreso.
Las causas siempre son las mismas: prevalecen los intereses del mercado inmobiliario, agrario y minero. La complicidad de gran parte de la clase política argentina no debe escapar a esta crítica.
Enero del 2026 fue un mes especialmente doloroso y trágico para la Patagonia andina y sus poblaciones locales.
Desde el inicio del fuego registrado el lunes 5 de enero en el Parque Nacional Los Alerces y en los municipios de Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo se consumieron mas de 16 mil hectareas de bosque nativo y áreas protegidas.
Las llamas continuan cercando la localidad de Cholilla y áreas rurales de Villa Rivadavia y Lago Rivadavia. En total se estiman que ya superan las 40.000 hectáreas arrasadas en la región.
Hace un año, la superficie afectada por incendios forestales fue de 31.722 hectáreas, cuatro veces más que en el verano de 2023-2024, según un informe de Greenpeace.
Durante este verano la intensidad del fuego se convirtió en la mayor catastrofe ecológica en décadas para la Comarca Andina.
Los incendios están siendo combatidos por el coraje de las brigadas con la ayuda de la comunidad organizada.
Pero también enfrentan fuertes ajustes en salarios y en los presupuestos para prevenir y accionar frente al fuego que avanza.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída real del 69% respecto a 2023 y del 53,6% respecto al 2025.
Si bien el Gobierno Nacional recientemente declaró la emergencia ignea, llega demasiado tarde para atenuar una situación extremadamente crítica.
La Ley de Manejo del Fuego está vigente en Argentina desde el 2012. En el año 2020 fue reformada para prohíbir el uso de la tierra por 60 años en bosques nativos o implantados, áreas protegidas y humedales tras un incendio.
Pero la intencionalidad para proseguir con estos delitos ambientales está confirmada por las investigaciones judiciales.
Las variables para entender su origen y repetición son evidentes:
- poderes económicos que buscan expandirse sobre los territorios para su explotación comercial.
- falta de compromiso y desidia estatal para resguardar los ambientes frente al cambio climático.
- extranjerización de la tierra por el interés geoestratégico que presentan los bienes comunes presentes en la Patagonia.
Sin duda existe una conexión entre estos hechos y la agenda política del Gobierno Nacional en desregular la legislación ambiental.
¿Por qué defender la actual Ley de Glaciares?
Vemos como convergen intereses corporativos, estatales y mediáticos para promover intereses particulares por sobre las necesidades nacionales.
No alcanzan los derrames de empleo y consumo que chorrean en las cuidades donde se concentra la extracción de recursos.
Se elevan los costos de vida y alteran las formas de producción económica más amables con los ciclos de la naturaleza y la idendidad cultural de los pueblos.
Detrás del lobby minero está el repliegue estratégico de Estados Unidos sobre América del Surr. Lo dice su embajada y cancilleria.
Para ellos Argentina debe limitarse a ser proveedor de los minerales críticos para sostener su dominio económico en decaída.
Modificar la actual Ley de Glaciares de acuerdo a las apetencias de unos pocos nos acerca al abismo ecológico, al poner en riesgo las reservas de agua dulce.
El turno ahora es de las y los legisladores nacionales que deberán decidir si protegen los glaciares y el agua que necesitamos para vivir, para vivir bien.
Por Emanuel Giménez (Publicada originalmente en Haciendo Camino)
Equipo de Comunicación Popular Colectivo Al Margen