Todos aguardan el fallo del máximo tribunal de Justicia sobre el referéndum convocado por el intendente municipal. Mientras tanto, Cortés avanza. Ya ordenó pagar 26 millones de pesos para que una cooperativa difunda el plebiscito entre los vecinos a partir de este lunes. ¿Quiénes ganan y pierden con el sentido de las preguntas? ¿Cuál es el precio de los proyectos plebiscitados? La opinión de los concejales y el silencio del gobierno.
Se desconoce cuál es el costo que tendría la consulta popular; algunas estimaciones indican que superaría los 100 millones de pesos
A poco más de un mes de la fecha del referéndum que convocó el intendente Walter Cortés para que los ciudadanos opinen sobre varios temas, la iniciativa está en duda. El superior Tribunal de Justicia de Río Negro, ante la demanda de cinco concejales opositores, definió que la situación “se enmarca en un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo”. En tanto, se desconoce cuál es el costo que tendría la consulta popular; algunas estimaciones indican que superaría los 100 millones de pesos. En las últimas horas se conoció una resolución por la cual el jefe comunal firmó un convenio con una cooperativa para entregarle 25.800.000 de pesos para tareas de “capacitación ciudadana” relacionadas con el referéndum que comenzarían este lunes en distintos puntos de la ciudad.
Esta forma de consulta a la población se incluyó en la Carta Orgánica Municipal en 2007, en el artículo 163, que establece que “el gobierno municipal, cuando lo juzgue conveniente, podrá consultar al electorado por medio de referéndum popular”, pero que nunca fue reglamentado. En junio último, la concejal Laura Totonelli (Juntos Somos Río Negro) presentó un proyecto de ordenanza para hacerlo y unos días después Cortés lanzó la convocatoria a referéndum para el 9 de noviembre.
La reglamentación se aprobó hace una semana y establece que el llamado a referéndum no se puede realizar por simple resolución del Ejecutivo -como lo hizo Cortés- sino que requiere una ordenanza aprobada por los dos tercios de los votos. Esto no tiene efecto sobre la iniciativa del intendente que, además, es obligatoria. La multa por no concurrir será el equivalente al valor de una bolsa de cemento de 50 kilos. En reiteradas oportunidades el jefe comunal se mostró molesto con los procedimientos y los tiempos que requieren algunos actos de gobierno. El eslogan de la consulta es “democracia directa para soluciones concretas”.
Aquellos que se oponen argumentan que la convocatoria debe realizarse por medio de una ordenanza -como se hizo en 2009 para preguntar por la instalación de Changomás en Bariloche- y que el jefe comunal no respeta la división de poderes.
Una decena de temas por sí o por no
Las preguntas serán 10, sobre temas muy diversos, y las respuestas admitidas serán “si” o “no”. Aquí van el detalle de cada una y los cuestionamientos:
1. ¿Está usted de acuerdo con aprobar la creación del plan solidario para obras de infraestructura vial en la ciudad? Es un proyecto de ordenanza ingresado en el Concejo Deliberante el 14 de julio último. Se cuestiona la validación de una norma de contenido tributario mediante un mecanismo de referéndum popular. El pago obligatorio de una contribución vial que propone Cortés es para asfaltar y mejorar calles situadas en las delegaciones Cerro Otto, El Condor, Huenuleo, Lago Moreno y Urbana por un costo total de 19.043.215.871,36 pesos.
2. ¿Está usted de acuerdo con habilitar las apps de transporte? Otro proyecto que tiene estado parlamentario y dictamen y se encuentra en discusión en comisiones permanentes del Concejo Deliberante.
3. ¿Está usted de acuerdo con establecer una contribución del turismo destinada a financiar obras de mejora en la ciudad? Es un proyecto que el Ejecutivo envió al Concejo en octubre de 2024. También se considera un tema tributario que no correspondería resolver en una consulta a la ciudadanía. La contribución especial que se propone debería ser abonada por cada turista que llegue en el alojamiento donde pernocte, como ocurría con la Ecotasa que fue rechazada por la Justicia.
4. ¿Está usted de acuerdo con dejar de pagar el sueldo a los dirigentes del SOYEM, y adecuar el régimen de licencias conforme la ley provincial? El proyecto fue presentado en mayo de 2025 y fue rechazado por el Concejo Deliberante, por lo que no podría volver a ser tratado por seis meses. Además, existe un fallo judicial contrario a lo que se está preguntando.
5. ¿Está usted de acuerdo con reemplazar los pinos de la costanera priorizando especies autóctonas? Existe un fallo judicial y se argumenta “la imposibilidad de que la voluntad popular expresada a través del voto contraríe una sentencia judicial”. Si bien existe una declaración de la costanera como sitio de valor patrimonial también existe el recurso del “daño temido” que se aplica para quitar árboles que ponen en peligro a persones o bienes.
6. ¿Está usted de acuerdo con promover la puesta en valor y uso regulado de la Isla Huemul como espacio turístico, ambiental e histórico? Quienes se oponen a la consulta argumentan que de llevarse adelante esta iniciativa debería realizarse un procedimiento licitatorio público que requeriría el acuerdo del Concejo Deliberante. La información que brinda el Ejecutivo abunda en la historia del lugar, pero poco dice sobre cómo se concretaría el proyecto.
7. ¿Está usted de acuerdo con donar un inmueble municipal sito en la costanera Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas Nº 435, a los excombatientes de Malvinas para su explotación? El proyecto fue presentado en julio último en el Concejo Deliberante. La Carta Orgánica establece como atribución del órgano legislativo “sancionar ordenanzas sobre constitución de derechos reales y enajenación de bienes inmuebles de la Municipalidad, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros”. Entre los fundamentos del proyecto presentado por el bloque PUL hay un párrafo de difícil comprensión: “El inmueble a transferir se encuentra entre los inmuebles con costa de lago debiendo cumplirse como requisito con lo establecido por el artículo 94 de nuestra carta ‘Toda Propiedad Inmueble Municipal tenga costa de lago solo se podrá enajenar previo Referéndum y Popular que la autorice. Se reserva el acceso y la costa al uso público’”.
8. ¿Está usted de acuerdo con avanzar con la construcción del natatorio olímpico municipal de acceso público? Se explica que “la obra contempla 3500 metros cuadrados, con natatorio climatizado de medidas olímpicas (50 x 25 metros), tres tribunas con capacidad para mil espectadores, aulas, vestuarios y sanitarios”. Nada se informa sobre los costos y el financiamiento.
9. ¿Está usted de acuerdo con finalizar la obra del Centro de Convenciones para destinarlo a eventos culturales, turísticos y comunitarios? Igual que en el punto anterior, no hay información sobre costos y financiamiento.
10. ¿Está usted de acuerdo con prorrogar la emergencia habitacional hasta el 2027 para generar nuevos lotes sociales? Otro proyecto que tiene estado parlamentario, dictamen y está en discusión en comisiones permanentes. La propuesta de Cortés es declarar la emergencia hasta diciembre de 2027; es decir, hasta el final de su mandato.
Las preguntas serán 10, sobre temas muy diversos, y las respuestas admitidas serán “si” o “no
Las voces opositoras y el silencio del Ejecutivo
Los planteos de particulares y de organizaciones y las revocatorias presentadas por vía administrativa en contra del referéndum no prosperaron. Sin embargo, tras la demanda de los concejales Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), Facundo Villalba (Primero Río Negro), Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro) y Samanta Echenique (Juntos por el Cambio) el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro procedió.
“El conflicto de poderes entre Cortés y el Concejo municipal existe. Ahora es el propio STJ que lo ratifica. No nos equivocamos cuando lo dijimos. Eso nos da tranquilidad”, dijo Wallace a Al Margen. Y agregó: “Esperemos que la sentencia declare la nulidad de las resoluciones de convocatoria a referéndum y que ordene el sistema de división de poderes que Cortés desordenó ilegalmente”.
Por su parte, Costa Brutten expresó: “Cortés busca impunidad, busca una suma de poder que le permita no rendir cuentas. Y lo hace de una forma grotesca. Pretende gobernar todo el tiempo en la emergencia. La democracia está en peligro. Es insólito que acompañen las preguntas del referéndum con los proyectos presentados en el Concejo Deliberante, eso muestra la intención de legislar desde el Ejecutivo. Son malos y son brutos”.
Echenique explicó a al Margen su mirada sobre el tema: “El intendente podría llamar a referéndum, pero sobre cuestiones propias, no sobre aquellas que corresponden al poder legislativo”.
En tanto, Blanco Villalba afirmó que “son los mismos concejales de Cortés quienes demoran el tratamiento del proyecto sobre las apps de transporte. Esta consulta no es democracia. ¿Por qué no pregunta sobre Catedral, sobre el Vertedero, el transporte público o sobre su propia gestión?”. Respecto de los pasos que siguen, el edil dijo: “Tengo cautela. Hay una alianza incómoda entre Cortés y la provincia”.
Totonelli opinó que “debe consultarse por un único tema. Además, muchos sobrelos quese pregunta están en tratamiento en el Concejo. La municipalidad debe ser neutral, no debe hacer campaña por el si o por el no. Acá, el municipio hace campaña por el sí. Y la Municipalidad no puede usar fondos públicos para hacer esa campaña”. Respecto de la multa a quien no va a votar, afirmó: “Es un tema que debe resolverse en el ámbito legislativo”.
Al Margen consultó en reiteradas oportunidades, pero ningún funcionario del Poder Ejecutivo quiso hablar sobre el tema.
No se sabe cuánto dinero costará el referéndum
No hay información oficial sobre los costos. En la resolución de convocatoria, en el artículo 8, se establece “imputar los gastos que demande la realización del presente Referéndum Popular a la partida número 1.03.0001.00.001.1.1.02 de Bienes de consumo de la Gestión Administrativa de Jefatura de Gabinete” sin más detalles. Algunas estimaciones basadas en la elección municipal de 2023 y considerando la inflación y la suba salarial hasta la fecha indican que se gastará más de 100 millones de pesos.
Quienes se oponen a la consulta argumentan que la convocatoria debe realizarse por medio de una ordenanza. La multa por no concurrir será el equivalente al valor de una bolsa de cemento de 50 kilos
La cooperativa 19 de Octubre -de vivienda, consumo y servicios- recibirá casi 26 millones “por única vez destinada a la contratación de diez (10) personas con el rol de capacitadoras”. Al Margen se comunicó con Amelia Saavedra, presidenta de la organización, que explicó: “Vamos a dar a conocer el proyecto del referéndum. Le vamos a explicar a los vecinos cómo votar”.
La mayoría de los socios -86 actualmente- son trabajadores o ex trabajadores de juegos de azar. Están organizados desde hace mucho tiempo -así adquirieron un predio en altos del este para viviendas- pero recibieron la matrícula recién en 2022.
“El dinero está destinado a cubrir los gastos de traslado y vestimenta de los socios que trabajarán en el referéndum”, dijo Saavedra. Ante la consulta de porqué se eligió esta cooperativa y no otra, respondió: “Es por el fruto de nuestro trabajo de mucho tiempo”.
-¿No hay conocidos ni favores de por medio?
-No, nosotros gestionamos desde hace mucho
Desde este lunes, “empezarán las capacitaciones en puntos de referencia como el este, la zona de los kilómetros y el centro de la ciudad. Los socios adherentes estaremos distinguidos con la indumentaria que hace referencia al proyecto del cual estaremos informando a lo largo de los días”, informó Saavedra.
Dana Guzmán, de la Junta Electoral, aseguró a Al Margen que “de ninguna manera el costo del referéndum asciende a 100 millones de pesos”, aunque no pudo brindar una cifra exacta. “Cada mesa tendrá un presidente y un vocal a quienes se les pagar 40.000 pesos aproximadamente a cada uno. Tenemos un convenio con el gobierno provincial que aportará la mitad de esos pagos además de imprimirnos los padrones y las boletas. Tampoco contratamos correo para el reparto de urnas, esa tarea la realizará la policía”, detalló la funcionaria.
Para el referéndum trabajarán 500 autoridades de mesa y se abrirán 26 colegios. Se votará entre las 8 y las 18 y el transporte será gratuito.
Por Ximena Linares Calvo
Colectivo de comunicación Popular Al Margen