Como se dice en un capítulo de Don Quijote de la Mancha, “pagan a las veces justos por pecadores”. Eso es lo que se ve desde hace semanas en los pasillos del Hospital Zonal de Bariloche.
Decenas de hombres y mujeres con discapacidades de distintos niveles esperando durante horas para presentar la documentación y los estudios médicos que avalen su pensión por discapacidad. La ausencia de escrúpulos de algunos -como un médico de Corrientes que obtuvo una pensión presentando la radiografía de un perro- y la falta de rigurosidad en los controles hicieron que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) dispusiera la realización de auditorías masivas. La forma en que se están llevando adelante expone a cientos de personas vulnerables a situaciones tristes.
Las primeras denuncias surgieron en Bariloche: las cartas documento convocaban a presentar la documentación y los estudios para mantener la Pensión No Contributiva por Invalidez en una cabaña dedicada al alquiler turístico. Era un lugar poco accesible y sin habilitación para actividades médicas. Pero también se conocieron casos en Viedma -donde las personas eran atendidas en un local comercial-, en Bolívar -la citación tenía la dirección de un particular que no tenía nada que ver con el tema- y en Olavarría, en una pizzería.
La masividad de las convocatorias hizo que, aunque en algunas ciudades el lugar de la cita era adecuado, como una clínica o un sanatorio, todo desbordara. Se conocieron casos en centros médicos de Morón y Quilmes en los que se convocaron a más de 1000 personas a la misma hora.
Días atrás, la ANDIS comunicó que suspendió 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad laboral porque habían sido otorgadas de forma irregular.
Las barreras de un gobierno insensible
La polémica rodea a la agencia desde el comienzo de la nueva gestión, que decidió pasarla a la órbita del Ministerio de Salud. Esto significa, según profesionales vinculados con el tema, que se dejó de lado el abordaje bio-psico-social en el que se apunta a eliminar las barreras del entorno y generar herramientas de accesibilidad. Y, en consecuencia, se daría paso a un enfoque en el que la persona con discapacidad es un sujeto para rehabilitar.
De hecho, en el diccionario de la Real Academia Española se define a la discapacidad como “situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social”.
En enero último, la ANDIS publicó la resolución 187/2025 con el objetivo establecer nuevos criterios para evaluar la invalidez laboral en el otorgamiento de Pensiones No Contributivas -poco más de 200.000 pesos- y provocó un gran rechazo por la terminología obsoleta que se utilizó. Por ejemplo, en el título “psiquismo” se detallaba: “… los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias; 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercano al normal”.
Cuatro meses después, la resolución fue derogada y se explicó que “esta decisión se toma con el objetivo de avanzar en la implementación de una nueva normativa que está siendo revisada por profesionales y especialistas en la temática, con la activa participación de organizaciones de la sociedad civil”.
Pero antes de todo esto el propio titular de la agencia, el abogado Diego Spagnuolo, ya había generado polémica, cuando en 2024, a la madre de un niño le dijo: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado”. Ese menor es Ian Moche, tiene 12 años, autismo y es influencer. El presidente Javier Milei en una actitud miserable acusó al niño de estar “del lado del mal”. La madre, Marlen Spesso, como lo haría cualquiera, pidió al mandatario que eliminara semejante mensaje de sus redes sociales, pero como no lo hizo recurrió a la Justicia. Milei se amparó en la libertad de expresión y afirmó que la demanda en su contra era improcedente y carente de sustento jurídico. Y redoblando el nivel de crueldad dijo que no borraría los mensajes que atacan al menor de edad.
Aquello que no pudo organizar el gobierno lo hicieron tres mujeres
Esta impronta de falta de empatía y crueldad -con el veto a ley de emergencia en discapacidad como telón de fondo- también está presente en la forma en que se llevan adelante las auditorías. Los controles y la rigurosidad son necesarios para que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan, nadie lo niega. Pero en áreas tan sensibles como las diversas discapacidades es necesario hacerlo con ciertos cuidados.
Ese Estado que desde el gobierno nacional se promociona como más chico y eficiente ni siquiera pudo organizar las auditorías. Pero hubo tres mujeres que si pudieron. En Bariloche, ante tantas dificultades, Evelin Torres, Cindy Carrrasco y Claudia Muñoz formaron un grupo de apoyo y lograron que las personas fueran atendidas en un lugar adecuado y que tuvieran la información necesaria.
Evelin padece neuralgia de trigémino, un trastorno que provoca dolor crónico, y su hija tiene una discapacidad por un síndrome degenerativo que no tiene cura, pero sí tratamiento. La hija recibe una pensión y como cientos en todo el país recibió la carta documento de la ANDIS para presentar los certificados correspondientes. “Llegó a un lugar donde ya no vivimos. Empecé a ver que había falta de información y que la gente no sabía qué hacer”, relató Evelin.
La mujer contó que “nos asesoramos con algunos concejales y con el área de Discapacidad y pedimos que intercedieran para clausurar el lugar en el que atendían, en una cabaña del kilómetro 6”. Tras las gestiones, las auditorías empezaron a realizarse en dos consultorios del Hospital Zonal de Bariloche.
Las personas que tienen una Pensión No Contributiva por Invalidez deben concurrir con su certificado de discapacidad y estudios para que sean analizados por médicos y, luego, concurrir a la ANSES para certificar que hicieron el trámite y que están en condiciones de seguir cobrando el beneficio.
“Para estas auditorías hicieron una licitación, para distribuir las cartas documento y se la dieron a Andreani. Pero esa empresa no llega a todos lados de nuestra región. Con los médicos igual, son del Hospital Italiano de Bahía Blanca. Acá atienden tres, uno es de Bariloche. Tienen muy buena predisposición, pero somos muchas personas”, dijo Evelin.
Las mujeres empezaron a notar que mucha gente perdía sus turnos porque nunca habían recibido la carta documento y no sabían que estaban citados. Quizás esto sea una explicación a lo que el vocero presidencial Manuel Adorni informó días atrás, que el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar la documentación exigida.
A estos inconvenientes se suma que en Bariloche no hay delegación de la ANDIS: “No tienen sede. Viene un secretario de General Roca. Nos comunicamos con él y nos facilitó el padrón. Así, empezamos a buscar a uno por uno, por su DNI, y avisarles de sus turnos o ayudarlos a reprogramar el que habían perdido, porque también hicimos contacto con los médicos”, detalló Evelin.
En el padrón de la ANDIS de la zona -Bariloche, Pilcaniyeu y parajes- figuran 2497 personas y estiman que les enviaron cartas documento a más del 50%. El grupo de apoyo que forman las tres mujeres consiguió una combi para trasladar a los tres médicos hasta Pilcaniyeu para que puedan atender durante dos días a la gente del lugar y alrededores.
Evelin, Cindy y Claudia permanecen en el hospital durante los horarios de atención para auditorías con el objetivo de ayudar y asesorar a la gente. En la actualidad se atiende de lunes a jueves de 16 a 20 hs. Y viernes y sábado de 8 a 17 hs. “La gente nos agradece y nos lleva torta fritas, mate y café. Nosotras les decimos que no es necesario pero la gente es muy agradecida”, afirmó Evelin. Por último, puso a disposición su teléfono para consultas: 294-496-0919.
Por Ximena Linares Calvo
Colectivo de Comunicación Popular Al Margen
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