Los sujetos sociales de las provincias luchan sus propias batallas por los modelos de desarrollo. En la Legislatura de Tierra del Fuego se discuten alternativas industriales de producción de alimentos en aguas continentales y marítimas, en tensión con el equilibrio de la naturaleza, los derechos de los pueblos originarios de ese espacio territorial y sectores sociales críticos de las variantes del extractivismo.
El año pasado, un legislador libertario fueguino reavivó el antiguo fantasma de las salmoneras, controvertido modelo de producción del salmón del Atlántico norte liderado por Noruega y arraigado en Chile. Este año, en el inicio de sesiones ordinarias, el gobernador Gustavo Melella anunció reformas al modelo local de pesca y cultivos acuáticos, buscando tener la iniciativa en un escenario complicado por las medidas de política económica del gobierno nacional de directo impacto en la isla.
Tres proyectos diferentes se analizan hoy en comisiones legislativas para modificar la ley vigente que prohíbe la salmonicultura en toda la jurisdicción provincial desde 2021. Otros dos son de creación de un marco general de acuicultura, producción de especies vegetales y animales en aguas fueguinas que, necesariamente, comprende a la salmonicultura. El salmón del Atlántico es una especie exótica, cuya producción industrial en Chile tiene impactos negativos que se constatan hasta en aguas bajo jurisdicción de Tierra del Fuego desde hace unos años.
En junio y principios de julio se vivieron jornadas muy activas, tanto en las comisiones legislativas como en debates públicos promovidos por el colectivo No a las Salmoneras que integran comunidades de los pueblos originarios Yagán y Selk’nam, investigadores, pescadores artesanales y organizaciones ambientalistas, entre otros sectores. Ese espacio se nutre directamente del fuerte movimiento social que se aglutinó a partir de 2018 y, tres años después, conquistó la ley 1355, que prohíbe exclusivamente la salmonicultura en toda la jurisdicción fueguina. La norma para nada impide la cría comercial de especies silvestres nativas, ni otras prácticas económicas.
Hasta ahora, de acuerdo a los textos de los proyectos en tratamiento legislativo, no se tocan las aguas del Onashaga, nombre originario del Canal de Beagle en huasikúta. Esta es la lengua nativa del pueblo yagán, el más austral del planeta. Su territorio tradicional también se extiende en lo que hoy es Chile.
En medio de la crisis de las electrónicas, el gobierno local y los libertarios coinciden en diversificar la matriz productiva. Noruega y Chile acaparan más del 60% de la producción de salmón, producto de un desarrollo de 50 años del sector. La disputa por el restante porcentaje global implicaría, además de tiempo, un respaldo estatal e inversión pública para tecnologías más amigables con el medioambiente.
Además, en la industria global de alimentos hoy intervienen jugadores de gran peso que desbalancean cualquier disputa, escenario que debe analizarse desde el sur del sur porque hasta ponen en duda esas directrices de 50 años, advirtió Ernesto Semán, durante un reciente encuentro virtual convocado por el colectivo No a las Salmoneras. Este investigador argentino está a cargo de Darklax, una investigación sobre una historia transnacional de la salmonicultura que lleva adelante desde la Universidad de Bergen, Noruega.
Semán citó dos casos que pueden estar modificando el modelo hegemónico de la salmonicultura tal como lo ejercen Noruega y Chile hasta ahora. Leonardo DiCaprio, actor y activista medioambiental, invierte en dos firmas para la producción de proteína animal en laboratorio. Una de ellas logró un salmón calidad sushi recientemente aprobado por las autoridades sanitarias estadounidenses. Las aguas heladas son el ambiente ideal para la cría de salmón, asociadas a las costas de la Columbia Británica o las islas Shetland de Escocia, además de Noruega y Chile. Aun así, lleva más de una década un proyecto industrial de producción de salmón del Atlántico en Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos, Estados que invierten para resolver su problema estructural de dependencia de las importaciones de alimentos para consumo humano y animal.
Los proyectos
Desde 2015 está vigente en el país la ley de Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola. La provincia ya contaba con un régimen propio de pesca, acceso a los recursos hidrobiológicos y acuicultura.
Después de un año de negociaciones, en 2018, la Argentina y Noruega firmaron un acuerdo de colaboración para acuicultura en aguas del Beagle liderado por Innovation Norway, empresa pública noruega para la innovación y el desarrollo de las empresas y la industria. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional contrató a Akvaplan-niva para el estudio científico-técnico en seis posibles sitios de cultivo, análisis que se hizo en 2018. El informe final se entregó al año siguiente y, al parecer, permanece siendo confidencial.
Con esa experiencia acumulada, la provincia estableció un marco protector específico en 2021: prohibió “en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, toda actividad de cultivo y producción de salmónidos a fin de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”. Al mismo tiempo, reconoció los emprendimientos artesanales de trucha y otras especies por hasta 50 toneladas al año.
Tierra del Fuego tiene un espacio libertario autóctono. Agustín Coto creó Republicanos Unidos, que confluyó en LLA. El espacio ganó dos bancas en la Legislatura que ocupan Coto y Natalia Gracianía (período 2023-27). Hace exactamente un año presentaron un proyecto de acuicultura para modificar la prohibición a las salmoneras. A la vez, promovieron proyectos de cría en establecimientos en tierra con tecnología RAS (por sus siglas en inglés) de uso recirculante de aguas en tanques. Sobre esto, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió numerosos documentos. Hasta ahora es una tecnología cara mientras las granjas piloto no amorticen el costo.
Este año, Coto se sinceró y presentó otro proyecto para modificar la 1355 de prohibición de las salmoneras. Esas dos iniciativas se debatieron en comisión legislativa en junio de este año. Participaron representantes de la comunidad Rafaela Ishton (Selk’nam), comunidad Paiakoala (gente de la playa, Yagán), la Asociación Mane’Kenk, espacio Ambiente en lucha, comunidad costera, pescadores artesanales e investigadores científicos con labor en la provincia. El debate se retomó el 7 de julio, donde la Dirección de Recursos Hídricos y la Dirección de Biodiversidad presentan informes contrarios a las reformas impulsadas. Hasta ese momento, el Ejecutivo sólo había presentado un escrito informal que no constituía técnicamente un proyecto. Las comunidades originarias reclamaron la implementación del derecho a la consulta previa, libre y debidamente informada prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Recién entonces, el Ejecutivo actuó con velocidad. Respondió en horas que no corresponden a la consulta previa e ingresó su propio proyecto de acuicultura el 8 de julio.
De esta manera, después del receso, se retomarán en la Legislatura local los tres proyectos más la impugnación de los dos pueblos originarios.
Territorio tradicional azul
La gente yagán pasaba la mayor parte de su vida navegando y, cuando estaba en tierra, se trasladaba con los animales hasta el borde del bosque, siguiendo las estaciones y buscando la corteza para las ánan ayushu (canoa). Su forma de vida tradicional era en el agua, en el mar, antes de ser forzados a anclar en tierra fija. La población blanca decía que las ákar yusa (casas de la costa) estaban abandonadas. Los abuelos maternos de Víctor Vargas Filgueras (53 años) alcanzaron a vivir libres, del modo tradicional, yendo y viniendo entre la costa sur de la isla grande hasta la isla Navarino y bahía Mejillones, en Chile. Su bisabuelo Asenewensis (hombre del bosque) nunca usó nombre español.
El lugar donde nació quedó en pleno centro de la ciudad de Ushuaia, en la tercera calle desde la costa. Era un niño cuando la familia se reasentó a unos kilómetros, en cinco hectáreas, desde donde se reafirmaron en la identidad y el ejercicio de derechos. En 2012, la gente yagán de este lado de la montaña, la cordillera de los Andes que baja y se hunde en el mar, se reorganizó como comunidad originaria y obtuvo reconocimiento legal del Estado argentino recién en 2021.
Ahora el gobierno provincial acaba de asegurar que un proyecto económico cuyo eje es el agua (acuicultura) no tiene nada que ver con la gente cuyo espacio de vida, el territorio, es ancestralmente el agua. El repoblamiento blanco en la isla los fijó a la tierra firme y los convirtió en peones rurales. Cada vez estaban más alejados de la navegación por Hausikúta (canal de Beagle) y Atitelén (estrecho de Magallanes), explicó Víctor. Su trabajo es custodiar el ánan ayushu que se exhibe en el Museo del Fin del Mundo, entre otros legados del patrimonio cultural que su pueblo comparte con la humanidad.
El año pasado, el gobierno nacional renombró el lago Acigami (cesto alargado), que está ubicado dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, y volvió a llamarlo Roca, símbolo de la campaña militar de exterminio para la formación del Estado-nación. En la misma zona, hace unos cinco años, lxs pescadores empezaron a capturar salmones exóticos que no pueden tener otro origen que las fugas de las cestas de las salmoneras ubicadas en la costa sur de Chile. En sus fondos marinos ya están depositados niveles alarmantes de material orgánico producto de la actividad industrial.
La producción de alimentos para el mundo es una consigna que, al menos, debe analizarse en sus componentes: qué alimentos y para qué porción del mundo, en una parte del mundo donde ni siquiera se garantiza que los pescadores artesanales puedan acceder libremente a las playas.
Por Susana Lara
Colectivo de Comunicación Popular Al Margen
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