Un proyecto ingresado en el Concejo Deliberante propone investigar la concesión otorgada a Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA) para explotar el centro de deportes invernales Dr. Antonio Lynch del cerro Catedral.
La iniciativa surge tras reclamos de distintos sectores que se ven afectados por decisiones de la empresa concesionaria. Por ejemplo, el desmesurado aumento del pase en 2024 que costó una buena cantidad de esquiadores menos; avanzar con un desarrollo inmobiliario de gran escala; las complicaciones para acceder a un pase residente y las restricciones para usarlo; la decisión de no otorgar más pases gratuitos a mayores de 70 años; el pago de pases diarios que sólo pueden hacerse en efectivo o débito, y dificultades de deportistas olímpicos para acceder a un espacio de entrenamiento.
Claro está que en los últimos años la empresa invirtió en modernizar la infraestructura del área concesionada y que eso es más notorio en temporadas escasas de nieve como la actual. La innivación artificial permitió que un sector del cerro pudiera funcionar lo que va de julio. Pero al mismo tiempo, en los últimos años la empresa tomó otras decisiones que, para quienes trabajan en el área de turismo, no han resultado beneficiosas. Como la eliminación de las distintas temporadas (alta, media y baja), la posibilidad de adquirir un pase de medio día y la diferenciación de tarifas entre mayores y menores.
El malestar provocó organización. Los residentes organizaron acciones para reclamar ser escuchados como nunca lo habían hecho. Por medio de la cuenta de Instagram @residentes_unidos_bariloche, que ya superó los 3000 usuarios, se coordinan iniciativas con la siguiente idea: “Porque nunca estuvimos organizados y somos la mayoría. ¿La misión de todos nosotros? Defender lo que es de todos, desde usuarios hasta el almacenero que trabaja con el turismo o simplemente con tu sanguchito cuando bajás de andar. Esta gente tiene una concesión, no tiene una escritura”.
A raíz del intento, en 2024, de hacer avanzar de forma apresurada y sin participación ciudadana el proyecto inmobiliario en Catedral, unas veinte juntas vecinales desde sus comisiones de medioambiente se organizaron en un foro. El objetivo es realizar un mapeo de cuestiones ambientales y que los vecinos de Bariloche cuenten con información transparente sobre las iniciativas inmobiliarias que pretenden realizarse en sus barrios.
La última reunión del Consejo de Planificación Municipal (CPM) en la que se trató el proyecto de Catedral -que prevé la construcción de un hotel y varios barrios con capacidad para unas 13.000 personas en tierras que la Carta Orgánica establece como inalienables, en noviembre de 2024, fue escandalosa y debió pasar a un cuarto intermedio que aún continúa. La cantidad de participantes desbordó el espacio previsto y no estaban las personas que debían dar respuesta a los interrogantes de los presentes. Días atrás, sorpresivamente el área de Planeamiento de la Municipalidad convocó a una reunión del CPM para el 21 de julio pero sólo invitó a la Junta Vecinal del Cerro Catedral. Esto hizo que las juntas del foro presentaran una nota pidiendo participar. De la misma forma, sorpresivamente, la reunión se suspendió.
Todo lo actuado con CAPSA bajo la lupa
El proyecto elaborado por el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) propone crear una Comisión Especial Investigadora de la Concesión del Cerro Catedral. El objetivo es investigar el accionar de CAPSA, la existencia de reclamos e incumplimientos y la judicialización de determinaciones del Estado Municipal o terceros, la situación ambiental en el cerro y la evaluación de impactos, riesgos y mitigaciones.
Además, se impulsa analizar “la situación derivada por la actividad monopólica del grupo económico empresarial que integra CAPSA con otras sociedades anónimas y sus vinculaciones económicas financieras en centros de ski ubicados en la zona de la Patagonia norte”. El grupo dirigido por la familia Trappa también tiene a su cargo la concesión de La Hoya, en Esquel, y recientemente sumó a Chapelco, en San Martín de los Andes, donde hubo denuncias contra el gobierno neuquino por sospechas de haber organizado una licitación a medida.
La iniciativa también considera exigir información sobre la situación contable, económica, jurídica, societaria, tributaria y financiera de CAPSA debido a que la empresa explota una actividad que es un servicio público: ascensos y descensos de pasajeros en medios de elevación.
La conformación de la comisión investigadora, además de la totalidad de los concejales, incluiría: representantes del Ejecutivo, del Tribunal de Contralor, del Eamcec (Entre encargado de controlar la concesión), Cámara de Comercio, Cámara Hotelera, Administración de Parques Nacionales, Departamento Provincial de Aguas (DPA), Dirección Provincial de Bosques, profesionales del área de ciencias naturales, organizaciones no gubernamentales con competencia en temas ambientales, esquiadores residentes, esquiadores mayores de 70 años, profesionales dedicados a la enseñanza de ski y snowboard y Universidades de Río Negro y del Comahue. En estos días, el proyecto se está reformulando para agregar la participación de las juntas vecinales y de algunas cámaras interesadas.
“Esta comisión puede resolver, en caso de que los fundamentos de la investigación lo determinen, ordenar al Poder Ejecutivo realizar la rescisión contractual” explicó Costa Brutten.
La historia de una concesión conflictiva
La concesión del cerro siempre estuvo acompañada de controversias. El centro de ski nació en 1936 cuando el área dependía de Parques Nacionales. Hasta 1956 se construyeron caminos y los primeros medios de arrastre. En 1968 se convocó la primera licitación para explotar el sector norte, adjudicada a Lagos del Sur SA, de Willliam Reynal. Una década después, quebró y en 1979 hubo otra licitación y resultó beneficiada Robles SA, que comenzó a manejar el lado sur. En 1982, Parques Nacionales licitó los activos y derechos de la empresa quebrada e ingresó la firma Ladobueno SA, de las familias Varela, Santa Cruz y Eiras.
En 1985, el cerro Catedral fue transferido a la provincia de Río Negro tras la aprobación en el Congreso Nacional de la ley 23.251 que impulsó el senador Antonio Nápoli. La normativa establecía la condición de que el destino final fuera el municipio de Bariloche. Pese a esto, años después, CAPSA recurrió a la Justicia por el cambio del poder concedente. El litigio condicionó el desarrollo del cerro y de la ciudad. La ley además establecía en su artículo 5 que “la administración de Parques Nacionales mantendrá su jurisdicción en la protección y conservación del medio natural en los terrenos cedidos a cuyos efectos se suscribirán los convenios pertinentes con la provincia de Río Negro”.
En 1992 la provincia hizo una nueva licitación, nacional e internacional, por el área norte y la ganó Sky World, de Juan Cruz Varela. En 1997, la empresa fue adquirida por Reynal, que cambió su nombre a Catedral Alta Patagonia SA. Se hicieron inversiones en medios de elevación y equipos de fabricación de nieve, pero en 2001 todo se complicó. Tras la convocatoria de acreedores la firma pasó a manos de Varela en sociedad con Alberto Lamota. En 2003, la provincia rescindió el contrato de Robles poco antes de que venciera y la montaña se unificó.
Un año después, en una readecuación contractual, el gobernador Miguel Saiz (UCR) extendió la concesión de CAPSA hasta 2026. En esta instancia se estableció que la concesionaria debía abonar un canon equivalente a 12.500 pases diarios de temporada, como en la actualidad. Además, el gobernador se comprometió a transferir el cerro al municipio en 24 meses. La transferencia demoró mucho más. En julio de 2006, el entonces intendente Gabriel Icare (SUR) presentó un mandamus ante el Superior Tribunal de Justicia por la demora. Recién se concretó en 2010, en la intendencia de Marcelo Cascón (UCR).
En 2011 ocurrieron dos cosas que marcarían buena parte de las discusiones actuales vinculadas con Catedral: CAPSA impugnó en la Justicia la transferencia y desconoció el poder concedente del municipio y se hizo cargo de la empresa la familia Trappa del grupo Vía Bariloche.
En 2016, cuando faltaban 10 años para que terminara la concesión de CAPSA, Gustavo Gennuso (Juntos somos Río Negro), a cargo de la intendencia, comenzó a hablar de una licitación anticipada. En 2017, firmó con las autoridades de CAPSA un acuerdo para extender la concesión hasta 2056. La situación provocó grandes discusiones en la sociedad barilochense.
Crónica de una prórroga negociada
La decisión de impulsar la prórroga de la concesión del cerro a CAPSA también incluía la entrega de varias hectáreas para el desarrollo de un desmesurado emprendimiento inmobiliario. Hubo mucha controversia y discusión. No faltaron los agitadores de fantasmas con argumentos como “si al trabajo, si a CAPSA”, “si no continúa CAPSA nadie va a querer esa concesión”, “ya invirtieron todo lo que les exige el contrato y no harán más nada los próximos años”, entre otros.
La iniciativa requería la realización de una audiencia pública y, en el Concejo Deliberante, el voto positivo de ocho de los 11 concejales. Se hizo una campaña de recolección de firmas para impulsar una iniciativa popular que propusiera la convocatoria a un referéndum y en poco tiempo se alcanzaron 6500 certificadas.
Entre los ediles, se sabía que el oficialismo de Juntos Somos Bariloche votaría a favor (Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Cristina Painefil y Viviana Gelain) y que los tres del entonces Frente para la Victoria (Ana Marks, Ramón Chiocconi y Daniel Natapof) votarían en contra y así fue. El voto del concejal Daniel González (PRO) generaba dudas: “Al principio me opuse porque no estaba de acuerdo con votar un paquete cerrado. Pero cuando se presentó el proyecto 774/18 me pareció adecuado y voté a favor”.
Se dijo que el entonces presidente Mauricio Macri, durante un encuentro público en un aeropuerto, le ordenó que votara a favor. Pero González lo desmintió: “Él era de apoyar las iniciativas de Bariloche. Un día en Traful me preguntó cómo iba el proyecto y dijo ‘ayuden al intendente’. Eso se deformó y transcendió como que Macri me había apretado”. Presidía la comisión de Turismo y le tocó la responsabilidad de organizar la audiencia pública más multitudinaria que registró Bariloche.
La tarde del 12 de marzo de 2018 la sala de sesiones estuvo colmada y hubo gente que debió permanecer en los alrededores y escuchar por parlantes. Además de la empresa CAPSA, se presentaron 124 oradores, de los cuales la mayoría expresó desacuerdo u objeciones. Hubo momentos de tensión y hasta algunas agresiones entre quienes se oponían y trabajadores de CAPSA y de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC).
Menos de un mes después, y desestimando las más de 3000 firmas que ya se habían juntado hasta el momento, se trató el tema en el Concejo Deliberante. Chiocconi propuso la moción de suspender la sesión, pero fue rechazada. Una vez más, el espacio insuficiente hizo que muchas personas escucharan el debate desde afuera. Fueron tres horas de intensas exposiciones. Gennuso estaba en Brasil por lo que el seguimiento del Ejecutivo estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Barberis. En esta oportunidad también había integrantes del sindicato de comercio tratando de silenciar las voces que se oponían a la aprobación. Como se dijo, finalmente la ordenanza 2929-CM-18 tuvo 8 votos positivos y 3 negativos.
“No había otras empresas interesadas. Iba a quedar todo sin inversión. Estuvo bien lo que se hizo administrativamente. Las inversiones se hicieron. Tengo la conciencia limpia. El que debe controlar es el Eamcec, que debería ser más técnico y menos político”, dijo González que hace tiempo se apartó del PRO y de la política y se dedica a la actividad privada.
Por su parte, Chiocconi consideró que “fue una entrega absoluta. Gennuso aceptó todo y regaló todo. Por eso se sacaron derechos históricos. Con lo que pagaba el Estado en pases (para Gendarmería, Ejército y universidades) CAPSA cubría el 75 por ciento del canon”.
Gennuso accedió a responder a Al Margen por escrito. Al ser consultado por cuáles fueron las ventajas que consideró que podía tener la prórroga de la concesión, respondió: “No fue una consideración personal, sino que hicimos un estudio detallado de la situación y además nos basamos en el plan estratégico de turismo que llevó adelante la UNRN y financió el Emprotur”. Y agregó: “Las condiciones en que habían dejado Catedral quienes vendieron la concesión a CAPSA eran deplorables. Al asumir CAPSA hizo una mejora integral, sobre todo en el tema seguridad que estaba muy descuidado (figura todo en los informes del Eamcec) pero con eso prácticamente agotó lo que le pedía el plan de inversión. O sea que nos esperaban 10 años sin inversión más unos 4 a 6 más en que pudieran concretarse inversiones en caso de esperar el fin de la licitación. O sea 15 años de atraso en inversión sumados a los otros tanto que ya llevábamos”.
El exintendente detalló que “hicimos una búsqueda preliminar de empresas nacionales e internacionales que presentaran interés por Catedral y fue infructuosa. En lo nacional porque no había quienes estuvieran dispuestos a asumir el riesgo de una inversión de hasta 50 millones de dólares con baja tasa de recupero, y en lo internacional, que hablamos con los principales jugadores, no confiaban en el país ni en el modelo de desarrollo del cerro que ya estaba instituido desde su conformación. Aclaro. Los prestadores o concesionarios (hay tres modelos a nivel internacional: propietarios de la tierra, inquilinos -Andorra- o concesionarios) son los responsables de todo lo que se comercie dentro del área del centro de ski. Es decir: comercios, paradores, escuelas, etc. El negocio de transporte no es mayoritario en ese esquema y es el más riesgoso porque todos los otros dependen de la calidad de los medios, la producción de nieve y el sistema de elevación en sí”.
En este sentido, Gennuso detalló: “El transporte como negocio no justifica la inversión. Por eso aparece el tema de las tierras que ya estaban dadas en la antigua concesión (el problema era el mismo). Lo que hicimos, inteligentemente creo, fue cambiar los lugares que esa concesión les otorgaba por otros ambientalmente mejores y menos dañinos. Y lo otro, que es igual de importante, fue hacer que el Estado municipal sea socio de lo que deje el desarrollo, lo cual no estaba contemplado en el contrato de concesión que había hecho la provincia y asumió el municipio en el traslado”.
Tras la aprobación de la prórroga, los legisladores Alejandro Ramos Mejía y Edith Garro, acompañados por los concejales Ana Marks y Daniel Natapof, recurrieron a la Justicia, la Cámara de Apelaciones de Bariloche hizo lugar al amparo presentado y dictó una medida de no innovar. Pero tiempo después, Ramos Mejía desistió de la demanda y la Justicia consideró que el planteo quedó abstracto. Esto permitió que en junio de 2020 Gennuso firmara la extensión del contrato de CAPSA.
Ramos Mejía, que días atrás estuvo reunido con Sergio Massa como presidente del Frente Renovador de Río Negro, fue consultado por este medio, pero respondió: “Estoy complicado en este momento, con temas del estudio y familiares. No tengo problema más adelante”.
Ante las decisiones de CAPSA que han sido cuestionadas Gennuso respondió: “Esto no tiene que ver con la concesión. Tiene que ver con el manejo del Eamcec como autoridad. La mayoría de los puntos que ponés no sucedieron en nuestra gestión porque el Eamcec se manejó de forma independiente y conciliando los intereses de la ciudad ya que se tiene mayoría estatal”.
Respecto del desarrollo inmobiliario que pretende realizar CAPSA, el exintendente dijo que “el proyecto lo tiene que aprobar el municipio a través del Concejo. Obviamente pueden pedir mucho, pero la herramienta está del lado del Estado. Si es desmesurado es porque el Estado lo permite. Estado que, recuerdo una vez más, es socio en este negocio”.
Por su parte, Martín Domínguez, actual presidente del Eamcec, consideró que “hubo muchos detalles que en 2018 no quedaron claros” y que tienen que ver con varias de las discusiones que se plantean en estos días.
Domínguez aseguró que el Ente apeló la resolución judicial que dio la razón a CAPSA en que los residentes no pueden subir desde las 9 por cualquier medio. Respecto de las quejas por los pagos en efectivo y débito, explicó que “están readecuando su sistema porque sufrieron un hackeo con pérdidas millonarias”. El funcionario dijo celebrar que hay diálogo con la empresa y resaltó: “el cerro es de la ciudad”.
Por Ximena Linares Calvo
Colectivo de Comunicación Popular Al Margen
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