Cuatro hidroeléctricas patagónicas están a punto de ser privatizadas en su totalidad. El fin de la concesión en 2022 abrió la posibilidad de que el Gobierno del Frente de Todos estatizara su manejo, pero el proyecto no prosperó. Río Negro y Neuquén recibirían un canon por el uso del agua y el gobernador Figueroa se ilusiona con una tarifa de consumo diferencial.
El Gobierno argentino lanzará la licitación internacional del paquete accionario del Estado en las empresas que controlan cuatro de los cinco complejos hidroeléctricos del Comahue: El Chocón – Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados. Cuando esa operación se concrete, el Estado nacional se habrá desprendido de la obra de ingeniería civil más grande de la Patagonia, construida entre los ´60 y ´90 y que el presidente Carlos Menem concesionó por 30 años hasta 2022.
Posiblemente quedarán atrás las intenciones de los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa de asociarse al Estado argentino para mantener una mayoría accionaria que les permitiera a Río Negro y a Neuquén controlar la producción de energía y el ambiente en los ríos Limay y Neuquén. Con ese máximo objetivo viajaron este miércoles a Buenos Aires, donde mantuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría de Energía. Pero su titular, María Tettamanti clausuró cualquier posibilidad de participación estatal.
Las provincias, de todos modos, pasarían a encontrarse en mejores condiciones que antes si prospera el borrador del pliego que circuló la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, porque podrán cobrar un canon por el uso que las empresas hagan del agua gracias a la reforma constitucional del 94, posterior a la última licitación, que les concede el dominio original de los recursos naturales. Ahora el gobernador Figueroa se ilusiona además con obtener una tarifa eléctrica diferencial para las provincias productoras de energía.
Para los primeros dos años, el gobierno nacional se reservaría el 95% de la potencia disponible y la energía generada, a una tarifa fija. En 2035 ese porcentaje se reduciría al 50%; el otro 50% sería comercializado por la empresa libremente en el mercado.
“El problema no es sólo económico, es profundamente estratégico”, escribió en sus redes el legislador de Vamos con Todos Río Negro Luciano Delgado Sempé. “El control del flujo de agua, la operación de las turbinas, la definición del caudal energético y el destino de esa energía —si es prioritaria para abastecer a la industria nacional o si se redirige al mercado de exportación— dejan de estar en manos del Estado argentino.”
También expresó su preocupación Patria Grande, en relación al efecto del impacto ambiental. “La privatización de las represas implica la entrega del control sobre el agua, lo que podría comprometer su uso equitativo y sostenible”, dijeron en un comunicado. “Esta licitación se realiza sin consultar a las comunidades locales, presionando y avasallando a los gobiernos provinciales, respondiendo a intereses de corporaciones transnacionales que priorizan el lucro por sobre la vida, el ambiente y la autodeterminación de los pueblos”.
En el borrador se mantiene la obligación de control de un consultor independiente designado por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas de los defectos, deterioros y riesgos potenciales para la seguridad de los complejos hidroeléctricos. Sin embargo, la oposición desconfía:
“Las concesionarias no han realizado las inversiones necesarias para el mantenimiento, el mejoramiento o la ampliación de las represas, situación evidenciada por informes técnicos de múltiples organismos que constatan el notorio deterioro de estos activos y la urgencia en la necesidad de inversiones”, expresaron en una carta al gobernador Weretilneck los senadores peronistas Doñate, García Larraburu, Sapag y el diputado Parrilli.
Ese fue uno de los argumentos que un sector del Frente de Todos expuso durante su gobierno, para estatizar el aprovechamiento de las hidroeléctricas en una administración compartida entre el Estado nacional y las provincias. El plan –como otros proyectos audaces- no prosperó. También fue la posición inicial del gobierno rionegrino apenas asumió el presidente Milei. En marzo de 2024, un comunicado oficial llevaba este título: “Weretilneck se planta con hidroeléctricas y pide manejo compartido”. Finalmente en octubre el Boletín Oficial anunció la venta del paquete accionario en un plazo de 180 días que venció a principios de abril y fue prorrogado solamente por dos semanas.
Colectivo de Comunicación Popular Al Margen
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