Jorge Nawel Purruán, uno de los seis coordinadores de la Confederación Mapuche de Neuquén, analiza dos llamativas decisiones que adoptó esta semana el Gobierno en relación a los relevamientos territoriales. Dice que “para hacer justicia con las comunidades mapuche, hay que afectar intereses”.
Jorge Nawel Purruán es coordinador de Xawvnko, uno de los seis consejos zonales en los que está dividida la Confederación Mapuche de Neuquén. Cuando lo llamamos el viernes por la mañana, se encontraba reunido con autoridades de organizaciones mapuche de Río Negro y Mendoza evaluando la ofensiva política y judicial contra comunidades originarias frente a la que dice no piensan quedar de brazos cruzados.
Esta semana hubo dos noticias en el corazón de Vaca Muerta que impactaron en el ámbito nacional. Es la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que preside Claudio Avruj en la órbita ministerial de Guillermo Francos, de reabrir a pedido de un privado francés y la empresa Loma Negra las carpetas de relevamientos territoriales de comunidades que habían sido cerradas, es decir reconocidas en grado avanzado por el Estado. Hay en disputa 43.000 hectáreas donde coexisten el derecho de las comunidades a habitar su territorio y la esperanza de la burguesía argentina de desarrollar a toda máquina la explotación de hidrocarburos.
-A través de un comunicado, la Confederación Mapuche expresó que esto implica un grave antecedente. ¿Por qué?
-Porque las carpetas cerradas les dan una cierta seguridad a las comunidades. Es un reconocimiento débil, pero importante. Recordemos que el relevamiento territorial es sólo eso, una delimitación preliminar de lo que podría llegar a ser un territorio comunitario. No es un título de propiedad, no es una mensura, no es una reforma agraria. El gobierno nacional, en su política negacionista, plantea el relevamiento como prácticamente una restitución territorial. Son momentos de tanta presión de los propietarios privados que ven afectados sus intereses, que el gobierno les está dando voz a quienes se han opuesto siempre a la seguridad territorial de la comunidad mapuche. Por eso están reabriendo carpetas. Es una situación muy grave, porque es como retroceder en el tiempo y comenzar a reavivar conflictos que la ley 26.160 descomprimió. Una ley de emergencia creada para evitar situaciones traumáticas para las comunidades, de violencia y desalojos. Ahora el INAI está agitando la criminalización, reabriendo carpetas, volviendo a encauzar este viejo litigio y eso nos parece sumamente dañino, sumamente ilegal y desvirtúa totalmente el rol del INAI que hoy se ha puesto del lado de los terratenientes, del lado de las empresas que están pretendiendo territorios indígenas. Todo nos plantea un desafío nuevo que tenemos que enfrentar, no podemos quedar pasivos. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento.
– ¿Cuál es la justificación formal por la que el INAI pide la reapertura de estas carpetas?
-Responde al planteo que están haciendo sectores afectados por el relevamiento. Para hacer justicia con las comunidades mapuche, hay que afectar intereses de viejos usurpadores, de terratenientes, de municipios, de empresas, de privados que se han ido apropiando del territorio mapuche. El relevamiento viene a demarcar un territorio que está reconocido por estudios antropológicos, históricos, sociales y eso afecta intereses que habían quedado neutralizados hasta el año pasado. Ahora se reavivaron, y ante el primer planteo que hace un privado, que dice que el relevamiento está afectando su propiedad privada, el INAI reacciona y detiene los relevamientos o reabre los cerrados, como en estos dos casos, el de las comunidades Rams y Quinchao, que responden a la demanda de privados. Uno de ellos, extranjero, de nacionalidad francesa, que confronta con Rams. Y el otro es una empresa calera, que se enfrenta a Quinchao. Hoy el INAI es un instrumento de los enemigos de la causa indígena. Porque el INAI es el órgano que debe cumplir y aplicar todo el reconocimiento jurídico que hemos logrado en la última década. Y en lugar de ser un instituto que implementa esos adelantos jurídicos que ha habido, se sienta en la mesa con los enemigos de los pueblos indígenas. Hay que describirlo así para saber con quién estamos tratando.
-La empresa que acciona contra Quinchao es Loma Negra, que expresó en un comunicado que la preexistencia de los pueblos originarios reconocidos en la Constitución no es absoluta y debe ser interpretada en armonía con las demás garantías y derechos constitucionales dentro de los que se encuentra, entre otras, el derecho de la propiedad y el ejercicio de industria lícita.
-Bueno, ese tipo de planteo encuentra eco absoluto en un gobierno que defiende a rajatabla la propiedad privada y la producción por encima de cualquier otro derecho humano. Y va a encontrar eco, va a encontrar respaldo. Tenemos una Justicia totalmente domesticada, totalmente funcional a esos intereses. Hoy los pueblos indígenas confrontamos con todos esos poderes reavivados, alentados por un discurso oficial que pone de vuelta en amenaza toda la seguridad jurídica creada por el relevamiento territorial. Eso hace crecer la responsabilidad de las provincias, porque recordemos que la Ley 26.160 es nacional. ¿Por qué desde las provincias se promovió la criminalización y persecución judicial contra los pueblos indígenas que reclamaban a derecho? Nosotros siempre tuvimos un cobijo en la política nacional, siempre tuvimos un aliado, siempre tuvimos un lugar donde fuéramos contenidos en nuestros derechos para, de alguna manera, aminorar toda la embestida de los intereses que representan los gobiernos provinciales. Hoy esa política nacional más que ser un cobijo o un reaseguro del derecho se sienta del lado de los terratenientes y de los privados. Por lo tanto, estamos confrontando con los intereses del Estado Provincial y el Estado Nacional.
-Más allá de estos casos, ¿cómo es la convivencia en términos generales entre las comunidades y las empresas que operan en Vaca Muerta?
-Es una relación traumática, porque el fracking que se vino a instalar acá hace 11 años es una tecnología criminal prohibida en numerosos países, sobre todo países del primer mundo, por el impacto que genera en cuanto a movimientos sísmicos, acumulación de basura petrolera, emisión de gases tóxicos a la atmósfera, destrucción de todo lo que es vida natural. Solamente se permite acá porque, bueno, este es el cuarto mundo donde todo está permitido. Entran las empresas multinacionales, muchas de las cuales no pueden operar en su país por esta restricción que hay, llegan acá y tienen todas las prebendas que se les puede dar. Entonces, la cuestión de la seguridad de la población local, la comunidad mapuche, los crianceros, los criollos y la cuestión ambiental es un tema de segundo, tercero o cuarto orden. Así está planteado el juego.
– ¿Se desarrollaron en Neuquén consultas informadas a las comunidades, como indica la Constitución?
– El derecho a la consulta es uno de los más violentados desde su establecimiento en una ley nacional del año 92. Imaginate, te estoy hablando de una ley que tiene más de 30 años, la Ley 24.061, que es la que ratificó el convenio 169 de la OIT. Después, posteriormente, el gobierno de De la Rúa la ratificó en Ginebra. Se comprometió a aplicarla desde el año 2000. Han pasado 24 años y no tiene aplicabilidad porque no hay voluntad política ni de los gobiernos ni de los tribunales de hacerlo. Nosotros, luego de muchísima movilización, convertimos la consulta en ley el año pasado en la provincia. Pero no hemos logrado un solo caso de aplicación, porque hay una decisión política de sostener que la consulta entorpece, que pone palos en la rueda al desarrollo, que necesitamos darle libertad a los inversionistas para que revienten la tierra. Esa es la lógica que utiliza hoy el gobierno provincial del Neuquén, que viene violando hace un año el derecho a la consulta.
-Hace unas semanas el Ministerio de Seguridad anunció la creación de un comando de fuerzas unificadas en Vaca Muerta para defender la producción. ¿Hay nueces o puro ruido?
-Nosotros estamos en alerta, porque cuando Bullrich habla de reprimir y de matar en defensa de este modelo neoliberal extractivista, lo tomamos muy en serio porque demostró que está dispuesta a matar. Es una potencial homicida, por lo tanto hay que tomarla en serio. Y están ya ensayando acá en Vaca Muerta. Hace diez días, un operativo de Gendarmería conducido por una jueza federal, quiso ingresar al territorio comunitario de Campo Maripe para hacer una explotación y la comunidad se lo impidió. Inmediatamente YPF exigió la intervención de Gendarmería. La jueza decidió no permitir la actuación de Gendarmería, pero aplicó una multa a la comunidad de 100.000 pesos por cada día que impida a la empresa ingresar a trabajar. La comunidad no va a dejar entrar a la empresa hasta que no se aplique la consulta. Estamos en este momento prestando mucha atención, porque de la acción civil que implica la multa, pueden pasar a la Justicia penal, que permite el desalojo y la cárcel para aquellos que obstruyan ese posible desalojo. Entonces nosotros lo que estamos notando, es que están ya haciendo pruebas de ensayo para ver cómo, en algún momento, entran por la fuerza.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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