El 58% de los barrios de Bariloche registrados en el ReNaBaP tiene una conexión eléctrica precaria y peligrosa, a pesar de que los gobiernos y organismos están obligados desde 2018 por ley a garantizarles un servicio de calidad. Unas 200 familias que solicitaron a la CEB una conexión regular, denuncian que les respondieron con un pliego de condiciones. Muchas de ellas pasaron el último invierno a oscuras.
Lidia Froy tiene 59 años. A pesar de su discapacidad motriz, vive sola en una casa de la Manzana 287, el barrio frente al mayorista Diarco que fue poblándose a partir de diciembre de 2020, donde hoy viven unas 80 familias. Un vecino la conectó a un transformador eléctrico a 14 metros de la vivienda mediante un cable Sintenax subterráneo, que en algún momento podría entrar en contacto con el agua o con algún chico jugando. En el último verano ya hubo en el barrio un incendio y una víctima. Este martes ardió una casa. Durante la nevada de mayo, Froy estuvo 15 días sin luz. Y con el frío de agosto 48 días, porque el transformador no soportó la sobrecarga de calefactores y explotó. El suyo es un caso con suerte: todavía hay vecinos sin electricidad.
Froy es parte de las 200 familias de Bariloche que viven en barrios registrados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) y no pueden acceder a una conexión eléctrica formal –y por ello, segura-, debido a las condiciones que impone la CEB y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). En este sentido, la Ley 27.453 de Barrios Populares es clara: las entidades de gobierno y organismos intervinientes deben desarrollar medidas y adaptar las normativas para garantizar la realización del derecho “a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”.
Pero la realidad es otra. Agustín González vive en el barrio La Lomita, ubicado en Sobral entre Quaglia y Rolando. Allí unas 35 familias están colgadas a un mismo poste de luz. Cuando los vecinos solicitaron su conexión a la CEB, la cooperativa respondió que el loteo se encuentra dentro de otro gran lote alcanzado por las disposiciones que establece la autoridad de aplicación del servicio de electricidad, el EPRE. Y les exigió plano aprobado por resolución municipal, urbanización determinada por espacios públicos y privados, apertura total de calles, amojonamientos y proyecto eléctrico de electrificación del barrio. González relata que a pesar del pedido reiterado de los vecinos, la municipalidad no avanzó aún con la apertura de calle Sobral.
“Lo que se pone en tensión es el derecho del vecino de acceder al servicio eléctrico de manera formal y segura con ciertos requisitos urbanísticos que exige el EPRE”, dice Pablo Marigo, trabajador de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación. “Hay que tener en cuenta que la urbanización de un lote, con su amojonamiento y subdivisión, conlleva plazos extensos que atentan contra las urgencias de las familias de las barriadas”.
Este miércoles hubo una reunión entre vecinos, la CEB y el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda motorizada por Consejo Social de Tierras (un órgano multisectorial consultivo del concejo municipal). Allí se intentó destrabar el nudo burocrático, pero no hubo avances más que la creación de una subcomisión.
No todos los barrios están en las mismas condiciones. En algunos sería más ágil construir redes de baja tensión, porque tienen una red eléctrica de alta tensión más cercana o un grado de urbanización avanzado. Entre ellos, por ejemplo, San Francisco IV, Nueva Esperanza (barrio Vivero), Virgen Misionera.
“A partir de esta planificación es fundamental priorizar criteriosamente aquellos barrios con mayores dificultades y mayor peligro a fin de lograr proveer de tableros comunitarios para garantizar alguna mejora en la seguridad y regularidad del servicio, mientras se diseña una política de acceso a la electricidad de los barrios populares”, sugiere Marigo.
Los tableros comunitarios son una alternativa provista por la CEB y solventada por el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda. Fueron instalados en los barrios 29 de septiembre, Alún Ruca, Nahuel Hue y Malvinas, entre otros, beneficiando a cerca de 1100 familias. Pero algunos vecinos advierten que muchos tableros no son retirados tras la regularización del servicio, perjudicando de esta manera a otros barrios que sí los necesitan. Según la CEB, en agosto los tableros implicaron un gasto para la municipalidad y un beneficio para la cooperativa de 180 millones de pesos.
Por detrás del incumplimiento de la Ley de Barrios Populares subyace la suspensión de la obra pública y el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana que se constituía por el 9% de la recaudación del impuesto PAIS a la compra de divisas extranjeras. Ese porcentaje se redujo este año al 0,3%. El recorte es equivalente a 30 veces menos recursos, lo que prácticamente desactivó las obras en ejecución y proyectos de provisión de agua, luz, gas y cloacas, mejoramiento de viviendas, generación de lotes. Gracias a una partida anterior, en estos días se está terminando en el barrio Alún Ruca la obra de acceso formal a la electricidad para más de 600 hogares. Persiste en Bariloche un 58% de conexiones eléctricas irregulares entre los 38 barrios registrados en el ReNaBaP, donde viven 5900 familias.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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