Desde la Línea 143 de denuncias anónimas contra las organizaciones sociales, pasando por galpones con comida a punto de vencer y sin entregar, hasta el desmantelamiento y luego uso político de la SISU. Un racconto de como el gobierno de Milei intenta romper la organización comunitaria en Argentina.
Objetivo 1: desarticular a las organizaciones y movimientos sociales
“Se pide tranquilidad a los beneficiarios, que permanezcan en sus hogares y en sus tareas, sin caer en la trampa de los que los amenazan y los usan en su propio beneficio. Denuncien al 134, de forma anónima cualquier tipo de presiones para formar parte de protestas. De esta manera, se pondrá fin a esta nueva forma de esclavitud”. Con la impronta de una catástrofe humanitaria, o un parte de guerra, así comunicaba Sandra Pettovello una de las primeras acciones del Ministerio de Capital Humano, que conduce desde el 10 de diciembre del 2023. Les hablaba a quienes perciben el Potenciar Trabajo y otros planes sociales, para que se animen a llamar al servicio telefónico o línea 134, y denunciar si recibieron presiones para asistir a la primera manifestación que se realizó en protesta al gobierno, el 20 de diciembre, y a todas las nuevas marchas que organicen las organizaciones sociales desde ese día en adelante.
Y así fue, desde ahí en más, un alud de denuncias a dirigentes de organizaciones y movimientos sociales se multiplicó en poco tiempo según las locuciones de Adorni, el vocero presidencial y la ministra de Capital Humano. Ya desde antes de la asunción de Milei, los medios dominantes instalaron la idea de corrupción sistemática en las organizaciones que ejecutan los programas y planes dedicados al desarrollo social y la promoción de derechos en barrios populares. En los siguientes meses las denuncias se transformaron en causas judiciales y los allanamientos de las fuerzas manejadas por Patricia Bullrich no se hicieron esperar demasiado. El 13 de mayo del 2024 se produjeron los allanamientos a 27 imputados. Las indagatorias comenzaron en junio y entre los citados a declarar está Eduardo Belliboni, el mediático titular del Polo Obrero.
La cadena de mando podría traducirse así: Pettovello difama a las organizaciones sociales. Los medios dominantes alineados simplifican la realidad y tergiversan los hechos denunciados bajo la carátula de comisión de delito ante cualquier sospecha. El Ministerio de Seguridad implementa el servicio telefónico de denuncias anónimas 134, y luego de filtrar 900 llamados presenta la causa judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita abre el expediente y avanza con 45 de esas 900 supuestas denuncias, de las cuales siete denunciantes las ratifican. En un hecho inédito, Patricia Bullrich le ruega al Juez Casanello ser querellante en la causa penal, es denegada, sin embargo son 27 las personas imputadas, muchas ocupan roles dirigenciales en organizaciones como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. Se las acusa del uso coactivo de recursos de origen público.
Pero el juego sucio también trae su karma, Pettovello también enfrenta denuncias por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en la causa penal que le inició el dirigente social y político Juan Grabois, “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”. En un país con un 60% de pobreza, donde existen 1253 comedores y merenderos que están inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (Renacom), no pueden quedar impunes este tipo de delitos especifica la denuncia. En ese mismo contexto se propagaron rumores sobre “comedores fantasmas” que habrían sido detectados en las auditorías comandadas por Capital Humano, y otra vez se replica el mismo mecanismo: la “guerra jurídica” o Lawfare 1. Primero debe funcionar la campaña de difamación mediática contra opositores, luego se arman las causas judiciales para criminalizarlos. El objetivo final es encauzar los procesos electorales y políticos utilizando el sistema mediático y judicial.
En junio la denuncia de Grabois contra Pettovello ganó peso al confirmarse que casi 6 millones de kilos de comida se encontraban próximos a vencer en los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social, ubicados en Villa Martelli (Vicente López, Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). La cifra fue confirmada por el ahora Ministerio de Capital Humano, al Juzgado Federal Nº7 que conduce el magistrado Sebastián Casanello. Por lo cual, el 5 de junio el Ejército se vio en la obligación de repartir los alimentos con fechas de vencimiento para fines de junio y principios de julio.
La situación desató el escándalo en Capital Humano, se abrieron otras líneas de investigación por sobresueldos que llevaron a la renuncia de varios funcionarios de alto rango, abriendo un foco de conflicto en La Libertad Avanza. La presidencia busca mantener el puesto de Pettovello, ahogada por denuncias y objeciones judiciales a toda costa, pese que su psiquis no aguante mucho más. ¿Ceder ante las presiones del colectivismo?; ¿dejar que “la casta” se lleve puesta a un ministro o ministra? Es una derrota inclaudicable para la apetencia del león.
La criminalización de la protesta social necesita de la articulación del poder político y económico con los discursos mediáticos y la acción coercitiva del Poder Judicial. La periodista Laura Vales agrega que “no se trata sólo de una causa judicial, sino de una serie de golpes: la decisión de no enviarles alimentos a los comedores de los movimientos, así como la de ir podando el Programa Potenciar, se mantiene firme desde hace cinco meses y afecta a la organización y los espacios comunitarios de los barrios. El Protocolo antiprotestas es otro disuasivo fuerte, que viene haciendo uso de la violencia”. El contexto es claro y permite la actuación de la justicia en sintonía con el cambio de paradigma político que apunta el Gobierno Nacional.
Objetivo 2: criminalizar todo lo que sí funciona
Más adelante, la campaña mediática de destrucción de las organizaciones populares incluyó a la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que maneja los fideicomisos para el registro de viviendas y la construcción de obras públicas en los barrios populares del país, donde viven alrededor de 6.5 millones de personas (el 10% de la población nacional), y donde los movimientos sociales construyen su base de legitimación política. La apuntada fue la ex titular del organismo, Fernanda Miño, impulsora de la Mesa Nacional de Barrios Populares, nacida y criada en el barrio popular La Cava de Buenos Aires, y al ya citado Juan Grabois.
Las acusaciones se basan en informes periodísticos que sostienen que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) funcionó como un mecanismo de financiamiento para cooperativas vinculadas a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que ejecutaban gran parte de las obras. Se agregan otros informes que hablan de la contratación de “militantes de Grabois”, y el “gasto injustificado” de 130 millones de pesos en viáticos. Según la prensa adicta, el vínculo político de la ex funcionaria y el dirigente con la UTEP justificaría esta versión.
Por eso, a principios de año, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, José Luis Espert pidió la eliminación del FISU en la difunta “Ley Ómnibus”. Aunque después se avivaron y lo usaron como una buena carta de negociación para la votación a favor de la Ley Bases, ya que son fondos que les permiten a las provincias concretar obra pública. El amable FISU se creó en 2019 con la sanción del Decreto N°819, para financiar exclusivamente la Ley N°27.453 de Barrios Populares sancionada en el 2018.
Para sostener las políticas públicas en los barrios populares, en 2023 se destinaron casi $6.000 millones del FISU, que está conformado con fondos provenientes del Impuesto PAIS y el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. También cuenta con otras fuentes de financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del préstamo N°4804/OC – AR, destinado al programa de integración socio urbana de barrios populares en Argentina.
Se imaginan que a esta altura, el FISU también es una caja que viene disparando fuego amigo dentro del gobierno. Es más, el ahora nuevo secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, quien además es el armador político de LLA en Buenos Aires, mantiene una enorme tensión con Sandra Pettovello por el mismo motivo. Mientras él, al ser consultado por medios, elogió la gestión de Fernanda Miño, Pettovello insiste en acelerar la auditoría al organismo (SISU), cosa que Pareja no ve con muy buenos ojos. Digamos que duda de la honestidad intelectual de su jefa.
La ex funcionaria Fernanda Miño publicó un video para dar a conocer los datos de su gestión y denunciar el hostigamiento mediático que recibió: https://www.instagram.com/p/C0kLZ7wPnis/. Sin embargo los descargos no alcanzaron, el plan ya estaba armado. Quien orgullosamente tomó la causa fue el edil de la “famiglia judicial”, el fiscal federal Carlos Stornelli, quien impulsó una investigación penal sobre Miño, Grabois, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y al expresidente del Banco BICE, Jorge Miguel Tanus.
En el documento de instrucción del expediente judicial que publicó La Nación, el fiscal Stornelli requirió que se habría manipulado la herramienta fiduciaria, “para beneficio propio o para campañas políticas, existiendo además sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos, todo ello conforme se denuncia”. El fiscal Stornelli es hijo de un ex Teniente Coronel del Ejército, fue procesado en 2019 por espionaje ilegal y extorsiones a jueces, empresarios y políticos. También formó parte de la dirigencia de Boca Juniors bajo la presidencia de Mauricio Macri en 2007, para después ocupar el Ministerio de Seguridad bonaerense, en la gestión de Daniel Scioli en 2009.
Protegido por un sector del establishment, Stornelli es uno de los encargados en asegurar la dominancia del neoliberalismo en los estamentos judiciales. Por ello investiga las causas penales que son utilizadas para perseguir y criminalizar a quienes se intentan enfrentar a los designios del poder económico. El último ejemplo es la relación espuria que Stornelli viene construyendo con Patricia Bullrich. Durante la última manifestación contra la Ley Bases (aprobada en general el miércoles 12 de junio), ambos pergeñaron la idea de acusar a los detenidos y detenidas en los disturbios frente al Senado de cometer delitos tales como “atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” y “acciones terroristas”. Terroristas, así nombraban los militares a las mujeres y hombres perseguidos, secuestrados, torturados y desaparecidos.
Objetivo 3: drenar de recursos a los barrios populares
En la actualidad hay 6467 barrios populares registrados en Argentina, donde viven alrededor de 6.5 millones de personas (cerca del 10% de la población nacional) y componen una superficie de 684 km2 (tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). Estos datos son del Registro Nacional de Barrios Populares, conocido como RENABAP. Antes de que se conforme en el año 2016, el Estado nacional no tenía información certera sobre las dimensiones sociales y urbanas de los barrios de nuestro país, cientos de generaciones de familias olvidadas y desterradas a la pobreza estructural. Hablamos de asentamientos y villas, pero también de barrios rurales, alejados de las grandes urbes.
Todos reúnen alguna de las siguientes características: “más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo” y “más de la mitad de la población no tiene acceso regular a 2 o más servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal”. En 2022 fueron declarados en emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental.
Fue la comunidad organizada la que generó las condiciones para que la integración sociourbana se convierta en una política luego implementó el Estado, primero con el Decreto presidencial Nº 358, en mayo del 2017 que crea el Certificado de Vivienda Familiar, como documento legal que acredita el domicilio para los vecinos y vecinas de los barrios populares, otorgado por Anses, y luego, ya con la primera ampliación del registro y reconocimiento del Estado, en el 2019 el Congreso se pone de acuerdo, como pocas veces, y sanciona la Ley Nº 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, votada por mayoría en ambas cámaras.
Pero fue antes, cuando la Mesa Nacional de Barrios Populares, conformada por representantes de organizaciones barriales y religiosas ya habían contabilizado 4.416 barrios y motorizando la integración sociourbana con acciones de gestión comunitaria
apertura del debate público y legislativo, además de movilizaciones con el reclamo histórico de urbanizar los barrios y devolverle derechos territoriales a sus habitantes.
En 2020 comenzó la ejecución de obras generales de integración, lotes con servicios y obras generales que permiten a los barrios acceder a servicios de agua corriente, cloaca, conexiones seguras de electricidad, veredas, equipamiento urbano, como plazas o centros comunitarios, entre otros derechos habitacionales. Sin embargo, la motosierra también pasó por la SISU, en la actualidad unas 1000 obras en ejecución están paralizadas o bajo riesgo de paralizarse; 100.000 familias esperan las obras para acceder a los servicios públicos esenciales y unos 25.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. El presupuesto destinado al FISU se redujo del 30%, al 1% el monto del impuesto País destinado.
Tuve la experiencia de trabajar como relevador de barrios populares desde fines del 2022 a mediados del 2023, y conocer de cerca diferentes realidades en los barrios de la Patagonia. Caminar territorios sin infraestructura pública, en calles sin nombre y lotes sin número, estropeadas de basura muerta en las veredas, con cables colgando a punto de electrocutar a cualquier criatura desprevenida. Prohibido el derecho que reclama nuestra Constitución: acceder a una vivienda digna. Visitar pueblos borrados del Google Maps, con familias sumidas en un hipócrita y sistemático olvido rompe las camisas de oficina, revuelve la espesura de la marginalidad en los riñones, e instiga casi de instinto a cometer el delito periodístico de proclamar verdades.
Objetivo 4: desfinanciar a los grupos de interés y romper los lazos de solidaridad
Hace unos meses el economista y asesor presidencial Federico Sturzenegger, durante una conferencia virtual organizada por la Universidad de Harvard afirmó que en Argentina existen “grupos de interés” que controlan a la población, y que para luchar contra ellos hay que “drenarlos de recursos” o “empobrecerlos”. Hace falta más que un programa de desregulación económica, en realidad, “por debajo se trata también de un programa político para cambiar la estructura de la política” añadió el ingeniero de la Ley Bases y mano derecha del presidente. Ahora, con la aprobación de la ley con modificaciones en el Senado, Sturzenegger ya tiene su propia cartera de “desregulación económica y la modernización del Estado”, para encargarse de desactivar por sí mismo a los grupos de interés, idem, sindicatos, movimientos sociales, instituciones y sociedades del Estado. Osea, “la casta”.
La cruzada de Javier Milei tiene objetivos claros: iluminar el camino oscuro de la deshumanización a costas de los más pobres. Quizá sea una forma miserable, y tenga ciertas resistencias internas en sus alianzas coyunturales, pero es la más efectiva para avanzar hacia la sociedad partida en dos que buscan sus financistas: las corporaciones beneficiadas con la Ley Bases. La Libertad Avanza necesita acompañar su fuerte apuesta al discurso público: “venimos a terminar con el verso ese de que ‘donde hay una necesidad nace un derecho” (Javier Milei en el cierre de campaña, año 2021) con la guerra judicial.
Para acabar con “el verso”, el Estado debe activar dispositivos represivos contra la movilización social (protocolos anti protesta, causas penales y servicios de denuncias anónimas) y a su vez, desactivar a sus promotores, las organizaciones que trabajan en la contención humanitaria de las barriadas más pobres, donde el 66% no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta con agua potable, el 97% no está conectado a una red cloacal, el 99% no recibe suministro de gas domiciliario y el 87% de las mujeres son responsables del hogar y trabajan en la informalidad. Los primeros en caer serán sus liderazgos políticos y territoriales, aunque se llevan a alguno de sus verdugos con ellos.
1 Como indica el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), las tácticas del Lawfare en los últimos años, “han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal” y que en tal escenario, la instrumentalización jurídica y mediática “no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social, exacerbando la criminalización de la militancia y la política, en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos”.
Fuentes:
- La experiencia del Registro Nacional de Barrios Populares: de la organización popular a una política de Estado / Agustín Algorta… [et al.]; compilación de Fernanda García Monticelli; Violeta Pastoriza. — 1a ed— Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2023. Libro digital, PDF
- L a Rosada a la caza de los movimientos sociales | Las organizaciones responden a las acusaciones del g obierno libertario | Página|12 (pagina12.com.ar)
- E l Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar amenazas de dirigentes de movimientos sociales S erá a través del 134 | Página|12 (pagina12.com.ar)
- I ndagarán a 22 integrantes de movimientos sociales | La persecución judicial a los militantes de o rganizaciones populares | Página|12 (pagina12.com.ar)
- O peración mediática contra un fondo para urbanizar los barrios populares | ARGmedios – Pettovello d enuncia a Pareja en un golpe al corazón de Karina Milei (lapoliticaonline.com
Por Emanuel Agustín Giménez
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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