En la madrugada del 3 de abril del 2018 falleció Gualberto Solano en el hospital San Bernardo de Salta, murió sin haber logrado su objetivo más grande: encontrar el cuerpo de su hijo desaparecido Daniel. A cinco años de su muerte, esta crónica pretende no olvidar un caso que expresa una de las aberraciones más terribles a los derechos humanos en Río Negro.
Daniel Solano era oriundo de Misión Cherenta, Tartagal, Salta, único varón de cinco hermanos, criado por su padre después de la muerte de su madre. Cocinero, albañil y arquero de fútbol, le decían “El Nene” y había terminado el secundario, algo poco común en los jóvenes de su comunidad.
En el 2011, con 26 años recorrió 2.300 km para venir al Valle Medio en Río Negro, era uno más de los miles de norteños que buscan trabajar cada año en la poda, el raleo y la cosecha de manzanas y peras. Era un trabajador golondrina. Éstos son buscados en las comunidades indígenas y sectores pobres de Jujuy, Tucumán o Salta por punteros que trabajan para las empresas, la más conocida es la multinacional belga Expofrut S.A, en aquel contexto con presencia en varias provincias del país, ésta y otras empresas a su vez tercerizan sus servicios en compañías de menor nombre, para evadir impuestos y precarizar los contratos laborales, que muchas veces, ni siquiera existen, lo mismo ocurre con las condiciones de hospedaje. Muchos viven en las “gamelas”, galpones sucios ubicados al fondo de las chacras, en condiciones de salubridad pésimas. A Solano le tocó trabajar en Agrocosecha- que luego cambiaría su nombre a Trabajo Argentino-.
Fue la noche del 5 de noviembre del 2011 cuando asistió con un grupo de compañeros de laburo a “Macuba”, un popular boliche de Choele Choel, la localidad frutícola ubicada a la vera del Río Negro. Pasadas las 3 de la mañana, los testimonios se resumen a la imagen violenta de la policía echándolo a los golpes en plena bailanta. Nunca más se lo volvió a ver.
A partir de este hecho, en el municipio de poco más de 10.000 habitantes hubo un quiebre social, un antagonismo entre quienes se sumaron en una pregunta que desde hace 12 años incomoda al poder local: ¿Dónde está Daniel Solano?
Su pueblo en Salta también comenzó a preguntar por él y recurrieron a un abogado conocido de Tartagal, Sergio Heredia, quien decidió encargarse de la investigación junto con Leonardo Aparicio, entregando su vida personal y profesional a la causa. La hipótesis del caso tiene como trasfondo una muestra de articulación criminal en el accionar del poder represivo del país. La primera parte del expediente informa:
“Solano cobró el viernes por su trabajo de recolección de la fruta y se dio cuenta de que en el recibo de sueldo faltaba plata. Se lo comentó a sus amigos, y a ellos les pasó lo mismo”, y sigue: “los dueños de la empresa Agrocosecha, Adrián Lapenta y Pablo Mercado, planificaron su muerte entre el viernes 4 de noviembre de 2011 y el sábado a la madrugada porque se enteraron que el lunes iría a reclamar a las oficinas por “reintegros” que le pertenecían de su último salario… no era una medida sindical, sólo un eventual reclamo: los trabajadores golondrina no tienen delegados ni están sindicalizados…Luego la justicia y los funcionarios locales habrían desviado la pesquisa, comprando testigos para hacer creer que Solano había desaparecido por cuenta propia a “empezar una nueva vida en Neuquén”.
Tras sucesivos reveses judiciales, la causa mantiene a siete policías condenados, acusados de secuestrar, golpear y asesinar al joven. También hay otros 15 acusados de encubrir el caso o violar sus deberes, entre los que se encuentran funcionarios públicos, empresarios y jueces.
Hasta siempre Viejito
Cuando pasaron 45 días de la desaparición de Daniel Solano y se producía la tercera manifestación callejera, Gualberto se descompensó y tuvo que ser traslado al hospital más cercano. A los seis meses se encadenó frente al juzgado penal de Choele Choel, y a raíz de ello sufrió un cuadro de hipotermia. Sin respuestas a una causa que avanzaba encontrando pruebas, se lo veía a Gualberto caminando por las calles, en las marchas de cada mes, con la misma incertidumbre. En 2013 junto a su familia y el abogado Heredia iniciaron una huelga de hambre que duró 15 días, llegando a una situación delicada lograron entrevistarse con el ex senador y actual gobernador en segundo mandato de Río Negro, Alberto Weretilnek. Exigían que la justicia acelere las medidas probatorias.
A principios del 2018 la ilusión de Gualberto Solano cobró vida, luego que de confirmarse revisar el “Jagüel”, un pozo ubicado a 25 km del casco urbano de Choele Choel, donde estarían los restos de Daniel. Tanto sus allegados y parte de la sociedad pusieron buenas esperanzas en hallar al fin la verdad, en definitiva, el simple hecho de poder trasladar los restos de Daniel a su Salta natal. La excavación se puso en marcha, sin embargo se descubrió que el pozo fue adulterado, y todo el proceso que demandó la instalación de una empresa encargada de la excavación, antropólogos forenses y peritos fue un esfuerzo pagado por los abogados y la familia Solano.
En febrero del 2018 comenzó el juicio tan esperado a los autores materiales. Las audiencias sumaron a 300 testigos para juzgar, por ahora a los policías. La Cámara Criminal Segunda de Roca condenó a los siete policías el 1 de agosto de 2018, el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia, ya sin la presencia de Gualberto que murió sin conocer el veredicto.
Su resistencia fue el ejemplo que muches siguieron después para defender de la violencia institucional a quienes padecen las consecuencias trágicas de la miseria sistemática. Su perseverancia lo convirtió en un padre que nunca abandonó a su hijo, en la vida y la muerte. En los años que vivió dentro de una carpa montada en la plaza del pueblo combatió la indiferencia, que se pasea esquiva en las veredas y oficinas. Su esperanza se transformó en una pulseada al tiempo, acompañado de la energía de un movimiento ciudadano que desde Choele Choel llevaron las banderas de Daniel, Gualberto y los derechos humanos de los trabajadores golondrinas a muchas calles del país, combinando acción cultural, judicial y política contra la violencia policial, denunciando en los medios y tribunales las redes de trata laboral que sostienen a muchas de las grandes transnacionales agropecuarias. A cinco años de su muerte, la lucha de Gualberto no fue en vano.
Tras 12 años, los siete policías homicidas cumplirán su condena en la cárcel
En un contexto donde la Justicia demuestra un pésimo funcionamiento institucional, y una Corte de Suprema de Justicia de la Nación que actúa para beneficiar a grandes corporaciones económicas y mediáticas, poco margen queda para buenas decisiones a favor del pueblo humilde. Sin embargo luego de casi cinco años, los siete policías que fueron condenados a prisión perpetua por la justicia rionegrina en el 2018, considerados responsables de la desaparición y asesinato de Daniel el 5 de noviembre del 2011 fueron detenidos a raíz de un fallo del máximo tribunal.
Los policías de Choele Choel, Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Héctor Martínez, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello permanecían en libertad y con sus armas reglamentarias, tras cumplir el plazo máximo de tiempo con prisión preventiva y apelaron sus condenas ante la Corte, agotando la última instancia de queja, ya que el mismo recurso extraordinario había sido rechazado por el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia.
Finalmente, el 21 de marzo del 2023 los jueces Horacio Rossatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos de la defensa policial, dejando firmes las condenas iniciales, con un breve y contundente argumento legal: “recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)” (fuente: Caso Solano: la Corte confirmó las condenas a perpetua contra seis policías de Río Negro (rionegro.com.ar)).
Tres de los policías, Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera fueron condenados como coautores de los delitos de: “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”. Por su parte, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello por: “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por último, Héctor Martínez fue condenado por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad”. Para todos la condena fue de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer funciones públicas.
Otro juez, Oscar Gatti firmó las órdenes de detención y simultáneamente se coordinó con el Ministerio de Seguridad para cumplir con el fallo. Se encontraban en Río Negro, tres de ellos en Choele Choel, uno en Pomona, otro en Chimpay, uno en El Bolsón y el último en la capital, Viedma.
El abogado actual de la familia Solano, Leandro Aparicio declaró que se trata de “una buena noticia, una tranquilidad para la familia, al menos parcialmente obtuvieron algo de lo que pidieron, no tienen el cuerpo de Daniel no están detenidos los actores intelectuales ni los empresarios que lo estafaron, pero es algo…” (fuente: radio Show de Roca).
Ahora bien, la gran pregunta siempre pendiente ¿Dónde está Daniel Solano? aún sigue sin respuestas. Sobre este tema Aparicio dijo que “lo hemos buscado en todos lados, muchas veces con pistas falsas. La última búsqueda adentro del jagüel se suspendió por una cuestión con las máquinas, pero llegamos casi abajo del todo, hicimos todo lo humanamente posible” y aclaró que el pozo “fue adulterado desde la primera que vez que fuimos en 2015, hasta que volvimos en el 2018, había diferencias entre lo que había en un principio y lo que encontramos después”. (fuente: Cómo sigue la causa Solano con los policías en la cárcel | NoticiasNet — Información de Rio Negro, Patagones y la costa).
La otra causa busca desentrañar la red de responsables intelectuales en la desaparición de Solano e involucra a fiscales, jueces y empresarios permanece trabada en la justicia federal, Aparicio confirmó que están intentando que “vaya a un juzgado de Salta donde tendría otro impulso”. Aquí está el nudo de poder que marca el contexto de explotación y tercerización laboral en la fruticultura.
El poder de ocultar la muerte
En el año 2010, un año antes de que Daniel comenzara con el reclamo por la estafa de Agrocosecha, la empresa que lo contrató, desde Bélgica la multinacional Greenyard, líder internacional en la comercialización de frutas (ex Univerg en el momento de la desaparición de Daniel) estaba afianzando sus inversiones en el país y se hizo de la mayoría accionaria de Expofrut S.A, formando la compañía Univerg Expofrut S.A.
Expofrut Argentina era quien tercerizaba su producción en Agrocosecha y antes de ser comprada fue del Grupo Bocchi, de capitales italianos, otra de las tantas firmas extranjeras que tomaron las riendas del mercado de la alimentación a partir de los años 90, concentraron la producción, procesamiento y exportación con galpones de empaques, frigoríficos y también chacras repartidas en el Valle Medio y Alto Valle de Río Negro. Su posición dominante logró que sus productos llenen las góndolas de las grandes cadenas de supermercados europeas.
No obstante, en 2015 la multinacional dejó de liderar la exportación de frutas al iniciar un proceso de desinversión, cerrando plantas y dejando sin empleo a cientos de trabajadores y trabajadoras. En sus mejores momentos “llegó a producir pomelos en Salta, uvas en San Juan, peras y manzanas en Río Negro y cítricos dulces en Entre Ríos. Trabajó en la década pasada alrededor de 15.000 hectáreas en todo el país y 850 en el norte de Brasil. Empleaba más de 2.000 trabajadores por año en forma permanente y alrededor de 8.000 en forma transitoria durante la cosecha. En ese entonces Expofrut llenaba un barco de 4.000 pallets en sólo tres días con toda su producción” (fuente: Expofrut deja de operar como empresa exportadora (rionegro.com.ar). La década pasada que menciona el medio es justamente la que remonta al caso Solano.
Otro dato confirma su poder económico e influencia política, durante los hechos que se denuncian su director fue Fernando Oris De Roa, empresario del sector agroexportador y ahora también presente en el negocio de la extracción de Litio. En el 2018, mismo año en que se desarrollaban los juicios por el caso en General Roca fue nombrado embajador argentino en Estados Unidos por Mauricio Macri, seguramente un premio a su “performance empresarial” (fuente: Expofrut-Univeg-Greenyard: las responsabilidades empresariales del caso Solano — ANRed).
A partir de estas relaciones que expresan las formas de acumulación del capital desde las redes de comercio internacional a lo local, y viceversa, desde las cosechas en las chacras hasta los millonarios depósitos bancarios, se tejen las investigaciones de la querella. En el siguiente documental realizado por los abogados de la familia Solano, Sergio Heredia y Leandro Aparicio denuncia las redes mafiosas que sostienen la explotación laboral de los trabajadores golondrinas en la producción de fruta de Río Negro:
(120) Donde está Daniel Solano? Diario de la Causa (versión completa) https://www.youtube.com/watch?v=up4RMBVyt8I
La sinopsis del documental va directo a las causas del crimen:
El jueves 3 de noviembre la empresa pagó los primeros salarios a sus obreros. La cifra convenida era de $1.800 pero allí los trabajadores se enteraron que en realidad iban a cobrar solamente $800. Solano protestó, instó a sus compañeros a organizarse y realizar alguna medida en reclamo del pago de lo acordado en sus lugares de origen. Propuso una huelga para el lunes siguiente… Pero nunca llegó a ver ese día. El sábado 5, a las 3 de la madrugada, efectivos de la comisaría octava lo sacan por la fuerza del boliche bailable Macuba, lo golpean y lo suben a un patrullero. Daniel Solano se encuentra desaparecido desde entonces.
Primero fue el secuestro y desaparición, luego el ocultamiento y el final anunciado de la muerte, como en las peores épocas, cuando las fuerzas de seguridad funcionaban como grupo de tareas. Entonces, la pregunta inconclusa ¿Dónde está Daniel? abre los puertas de lo que sí sabemos: los andamiajes del poder económico y la explotación laboral en la Argentina construyen las injusticias que padecen los más vulnerables, como Daniel y Gualberto Solano, quienes pagaron con sus vidas y fueron escondidos en las sombras del silencio, un silencio imposible de callar.
Por Emanuel Giménez
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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