Como parte del plan de reducción del Estado, esta semana se dieron a conocer la desvinculación de trabajadores en el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Cultura, Agencia Nacional de Discapacidad, ANSeS, Centro de Acceso a la Justicia, el ex Ministerio de las Mujeres, Conicet y Vialidad Nacional.
El domingo vence el plazo fijado por el presidente Javier Milei para revisar los contratos de 71.000 trabajadores del Estado nacional que no se encuentran en planta permanente, pero que en algunos casos tienen más de 20 años de trayectoria. Su continuidad laboral es decisión de las autoridades de cada jurisdicción, según establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 84/2023. Este miércoles pasado varios trabajadores de organismos con presencia en Bariloche fueron notificados de su desvinculación.
Entre ellos, cinco empleados del Parque Nacional Nahuel Huapi, cinco de la Secretaría de Trabajo de la Nación, al menos uno de la Secretaría de Cultura, el ex Ministerio de las Mujeres, uno en el Centro de Acceso a la Justicia y de la Agencia Nacional de Discapacidad. A ellos deben sumarse los despidos anunciados anteriormente en la ANSeS, Vialidad Nacional, CoNICET, Telam y Radio Nacional. Además es incierto el futuro laboral del personal de organismos cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno: el INaDi, el Centro De Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el ENaCom y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
En respuesta el sindicato ATE resolvió para el próximo miércoles una jornada de lucha y el ingreso simultáneo de todos los trabajadores del Estado nacional. “El día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dirigiéndose al presidente Milei.
“Usted y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la Estabilidad en el Empleo Público (art 14 bis)”, agregó el dirigente: “Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”.
La junta interna de ATE en la Administración de Parques Nacionales de Bariloche realizará este sábado de 11 a 14 en Puerto Pañuelo una medida de visibilización del conflicto con la difusión del impacto de los despidos en el funcionamiento del PN Nahuel Huapi. Horas atrás, circuló en medios periodísticos locales la renuncia de su presidente, Horacio Paradela.
Los despidos en Bariloche forman parte de una ola que afectó a 15.000 personas en todo el país. El resto de los trabajadores que complementan los 71.000 contratos renovarán la continuidad sólo por seis meses para su revisión.
“El presidente gobierna al margen de la Constitución porque vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo público que es un derecho constitucional que está en el artículo 14 bis”, dijo a Tiempo Argentino Matías Cremonte, abogado de ATE y Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. “Es una tragedia social dejar sin trabajo en este contexto a 20 mil o 70 mil, no importa el número que tomes, pero a su vez es un grave perjuicio para toda la sociedad”, agregó.
El fenómeno reflota dos discusiones de fondo. Una es el fraude que tiene al Estado empleador como protagonista. Miles de trabajadores realizan hace años tareas para el Estado como personal de planta permanente vinculados con contratos renovados cada tres o doce meses con menos derechos laborales. La otra discusión es si el sector privado finalmente logra sustituir al sector público en sus funciones y si el mercado terminará por absorber a la nueva masa de desempleados.
Otro debate que enfrenta a los sindicatos con el Gobierno es la licuación del poder adquisitivo del salario de los estatales. El Ejecutivo ofreció para los últimos cuatro meses un 36% de aumento mientras que la inflación fue del 59,9%, sin contar la de marzo. Con esa misma política busca condicionar los libres acuerdos paritarios en el sector privado eludiendo su homologación.
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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